Por Guillermo Briggiler- La política y la economía argentina vuelven a cruzarse en un momento decisivo. Las recientes declaraciones de Donald Trump -quien advirtió que retiraría el apoyo de Estados Unidos si Javier Milei pierde las Elecciones- reavivaron el debate sobre el futuro del modelo económico argentino y, particularmente, sobre un tema que parecía dormido pero nunca desapareció del todo: la dolarización. Ya la semana pasada hablamos de este tema y el mismo Caputo nos desmintió. Pero cuando un ministro dice algo es porque al menos está en su cabeza, ja!
Con el Gobierno Nacional en medio de una crisis política que afecta los logros económicos alcanzados con el sacrificio de toda la población, esta propuesta volverá escena. La economía argentina ha estado marcada por la inestabilidad cambiaria, la inflación persistente y la constante pérdida de valor del peso. En este contexto, la idea de dolarizar es vista como un posible camino para frenar la inflación y estabilizar precios y expectativas, independientemente de quien gobierne.
Cómo podría implementarse la dolarización:
-Por Ley:
El Congreso podría aprobar una Ley que declare al dólar moneda de curso legal. Sería un proceso irreversible y requeriría consenso político.
-Por Decreto:
El Presidente podría avanzar rápidamente mediante un Decreto, aunque enfrentaría resistencia institucional y judicial.
-Por consulta popular:
Una opción más democrática: que la ciudadanía decida. Implicaría un debate amplio sobre el modelo económico y su impacto social.
¿Cuál es el escenario más probable?
En la coyuntura actual, con un Gobierno que enfrenta fragilidad política, escaso respaldo legislativo y un clima social de alta sensibilidad, la vía parlamentaria -por Ley- aparece como la menos probable en el corto plazo. Requeriría una madurez política que hoy no se advierte en el escenario argentino, donde cada iniciativa económica termina atrapada en la lógica electoral.
El Decreto Presidencial, en cambio, podría ganar fuerza si la situación se deteriora rápidamente y el Ejecutivo busca enviar una señal contundente de estabilidad ante los mercados.
No obstante, sería una medida de alto riesgo institucional, que podría profundizar la polarización y generar un fuerte conflicto con el Congreso, el Poder Judicial y los sindicatos.
La consulta popular, aunque más lenta, podría transformarse en el camino más viable políticamente si el Gobierno necesita legitimar socialmente una decisión de ruptura.
Permitiría trasladar el debate a la sociedad, diluir la responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y, al mismo tiempo, reforzar la narrativa de que la dolarización es «una decisión del pueblo y no del poder».
En definitiva, la dolarización no parece hoy un proyecto técnico, sino político. Si las Elecciones generan un reacomodamiento de poder o una crisis de confianza, cualquiera de estas vías podría acelerarse.
Pero más allá del instrumento elegido, el verdadero desafío será si existe consenso social suficiente para abandonar definitivamente el peso argentino.
La dolarización no es una panacea. Puede traer calma, pero no resuelve las causas estructurales de los desequilibrios argentinos: el gasto público ineficiente, la baja productividad y la falta de previsibilidad jurídica. En todo caso, si las Elecciones salen mal, la dolarización no sería tanto una elección como una consecuencia: el resultado de un quiebre político que deje a la economía sin ancla ni confianza.
Lo que está en juego no es sólo qué moneda usamos, sino qué tipo de país queremos construir.
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