Por estos días, el presidente Javier Milei sostiene que está haciendo «política social» desde un enfoque muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. La actual política social, no es con gasto del Estado, sino bajando la inflación y logrando superávit fiscal. Es, según esta nueva conducción económica, la mejor forma de proteger a los sectores más vulnerables sin depender del asistencialismo. La gran novedad aquí es radical desde el punto de vista que ya no hay nadie que te puede decir, te otorgué un aumento, un bono, una ruta, una plaza, etc. y luego te lo cobra solapadamente con inflación o endeudamiento tanto externo como interno. Es mucho más difícil de explicar, pero probablemente más transparente.
Pero, ¿Cómo se estructura realmente el plan económico del Gobierno? ¿Y qué margen hay para cumplir con las demandas sociales que siguen vigentes?
Hasta el momento, el Gobierno de «La Libertad Avanza» ha funcionado más como una administración de emergencia que como un proyecto transformador. En palabras de economistas cercanos a la Casa Rosada, Milei «no gobernó, atajó penales». La prioridad número uno fue cortar con la emisión monetaria para frenar la inflación, y ordenar las cuentas públicas para evitar nuevas devaluaciones, como las que históricamente se dieron en contextos de déficit fiscal. Este es el principal motivo por el cual no observaremos grandes subas del dólar en este contexto de flotación administrada del tipo de cambio.
En ese camino, el Gobierno alcanzará un superávit primario del 1,5% del PBI en este 2025, algo que no ocurría desde hace casi dos décadas. La meta es seguir subiendo: 2% en 2026 y 2,5% en 2027, según estimaciones oficiales. Pero esos números son primarios, es decir, sin contar los intereses de la deuda. Si contamos estos compromisos financieros, el superávit se acerca a cero. Esta es la razón por la que el margen para bajar impuestos se achica considerablemente. La baja de impuestos sería otra importante política social, según la mirada de esta administración.
La hoja de ruta de Milei es clara: primero eliminar el déficit, luego atraer inversiones que aumenten la recaudación y, finalmente, reducir la presión tributaria. Pero ese camino tiene baches, literalmente ja!. Las rutas, por ejemplo, necesitan mejoras urgentes. Y ahí surge la tensión, si el Estado no puede gastar, ¿Quién financia las obras? La respuesta libertaria es que lo hagan los privados, incluso cobrando por su uso. Una alternativa que enciende debates sobre acceso, equidad y modelo de desarrollo.
Mientras tanto, las demandas sociales no se frenan. «Queremos que suban las jubilaciones, que haya más fondos para educación, que se hagan rutas y que bajen las retenciones al campo», reclaman distintos sectores. Pero como repiten desde el Ministerio de Economía, «las dos cosas no se pueden». El equilibrio fiscal se ha convertido en la columna vertebral del modelo, y cualquier desvío se percibe como una amenaza al Plan de estabilización.
Lo que viene, después de las Elecciones para las que faltan escasos dos meses, promete ser el verdadero intento de transformación. Tres reformas estructurales están en carpeta, la laboral, la previsional y la fiscal. El propio Milei reconoce que aprendió de la experiencia de Mauricio Macri: gobernar a medias no alcanza. Por eso busca avanzar con todo el paquete, convencido que sin esos cambios, no hay futuro sostenible. El interrogante que se abre es si la sociedad argentina, golpeada por la recesión pero aún esperanzada con la baja de la inflación, está dispuesta a acompañar ese rumbo. El superávit fiscal puede ser necesario, pero no alcanza por sí solo para construir gobernabilidad. Y en el fondo, lo que está en juego es algo más profundo: ¿Qué tipo de Estado y de país quiere ser la Argentina?
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