El gobierno de Giorgia Meloni aprobó una reforma histórica a la ley de ciudadanía italiana. A través de un decreto-ley ya vigente, se limita el acceso por ius sanguinis a hijos y nietos de italianos nacidos en el extranjero, lo que representa un cambio radical para miles de argentinos que buscaban acceder a la doble nacionalidad.
El nuevo marco legal fue implementado mediante un decreto-ley con vigencia inmediata y dos proyectos legislativos complementarios. El aspecto central es la limitación del ius sanguinis a dos generaciones, es decir, solo podrán acceder automáticamente a la ciudadanía quienes tengan un padre o abuelo nacido en Italia.
Para los hijos de italianos nacidos en el extranjero, la transmisión automática solo será posible si nacen en territorio italiano o si alguno de sus padres residió legalmente en Italia al menos dos años antes de su nacimiento.
La reforma también introduce el concepto de «vínculo efectivo con Italia», que deberá demostrarse con residencia cualificada o evidencia cultural, idiomática o patrimonial.
Retroactividad y procedimientos en curso
Una de las disposiciones más sensibles es que la nueva normativa aplica a solicitudes presentadas hasta las 23:59 del 27 de marzo de 2025, pero solo si ya estaban documentadas. De no ser así, los solicitantes quedarán sujetos a las nuevas restricciones.
Además, se suspende la toma de nuevas citas en consulados italianos para iniciar trámites de reconocimiento por ius sanguinis, en el marco de un proceso de centralización en una oficina especial del Ministerio de Asuntos Exteriores (Farnesina), que entrará en funciones durante 2026.
Impacto en la comunidad argentina
Con más de 25 millones de argentinos con ascendencia italiana, la medida representa un golpe directo. Miles de familias que tramitaban o esperaban iniciar el reconocimiento se verán afectadas. Desde estudios jurídicos hasta asociaciones de descendientes, la reacción ha sido de alarma.
«Esto rompe con una tradición histórica entre Italia y su diáspora», señaló la Associazione Italiana di Rosario.
Cambios adicionales y alzas en tasas
Entre otros puntos clave de la reforma:
- La prueba testimonial y el juramento dejan de ser admitidos como evidencia.
- Los solicitantes deberán aportar documentación que pruebe la ausencia de causas legales que impidan la ciudadanía.
- Se fija un plazo de 48 meses para la resolución de los expedientes.
- Se prevé el aumento de la tasa de solicitud a 700 euros.
- Se incorpora el principio de «desuetudine», por el cual se podría perder la ciudadanía tras 25 años sin vínculos con Italia.
Reacciones y justificación oficial
El gobierno de Meloni sostiene que la reforma busca evitar abusos, frenar la «comercialización» de pasaportes italianos y alinear la legislación con el resto de Europa. El canciller Antonio Tajani afirmó: «La ciudadanía italiana es una cosa seria, no un instrumento para obtener un pasaporte europeo».
Mientras tanto, desde sectores políticos opositores y comunidades italianas en el exterior, se multiplican los cuestionamientos por lo que consideran una medida excluyente y regresiva.
La reforma ya está en vigor y marca un antes y un después para quienes buscan reconectarse con sus raíces italianas. El tiempo apremia para quienes tienen trámites en curso y aún pueden acceder bajo las condiciones anteriores. Se recomienda consultar con consulados o abogados especializados. Fuente: El Litoral
