Los mínimos de retención de Ganancias no se actualizan desde 2019, pese a una inflación acumulada que supera el 5300%, generando una gran distorsión en el sistema tributario.
Esta desactualización afecta directamente la liquidez de empresas y profesionales, inmovilizando su capital de trabajo y provocando costos financieros adicionales al quedar fondos retenidos.
La actualización de estos parámetros no requiere ley, sino una resolución de ARCA. Se propone revisar los montos y establecer un mecanismo de ajuste periódico o excluir a las MiPyMEs.
Los mínimos de retención del Impuesto a las Ganancias permanecen congelados desde julio de 2019, pese a que desde entonces los precios de la economía se multiplicaron más de 53 veces. La falta de actualización provoca que cada vez más operaciones queden alcanzadas por retenciones, incluso cuando se trata de pagos que en términos reales representan montos pequeños.
«El problema excede la cuestión tributaria y tiene un impacto directo sobre la liquidez de empresas, profesionales independientes y proveedores», enfatiza la contadora Aldana Fernández.
«Aunque las retenciones de Ganancias constituyen, en términos generales, pagos a cuenta del impuesto, el dinero se descuenta directamente de los importes que los contribuyentes tienen que cobrar y puede permanecer inmovilizado hasta que logren computarlo, compensarlo o gestionar su devolución», advierte.
Cómo se produce la distorsión con retenciones de Ganancias
«La distorsión se profundizó después de varios años de inflación elevada. Los parámetros nominales que determinan cuándo corresponde practicar una retención no acompañaron la evolución de los precios y terminaron ampliando el universo de operaciones alcanzadas por el régimen», indica la contadora Fernández.
«Un análisis de la evolución de los mínimos de retención frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) permite dimensionar el deterioro. Entre agosto de 2019 y octubre de 2026, la inflación acumulada fue de aproximadamente 5.236%. Esto significa que los precios se multiplicaron unas 53,36 veces», precisa.
En consecuencia, un mínimo establecido en 2019 debería multiplicarse por ese mismo factor de 53,36 para conservar su poder adquisitivo original.
«Por ejemplo, el mínimo de retención de $240 previsto para la generalidad de los conceptos equivaldría actualmente a unos $12.807. En el caso de los alquileres urbanos de beneficiarios no inscriptos, el mínimo de $1.020 representaría aproximadamente $54.429 a valores de octubre de 2026», puntualiza Fernández.
La comparación muestra hasta qué punto quedaron desactualizados los parámetros utilizados para determinar cuándo corresponde retener el impuesto.
Cómo afectan a las pymes y profesionales las retenciones congeladas
«La primera consecuencia del congelamiento es que operaciones que en 2019 podían quedar fuera del régimen ahora están sujetas a retenciones. Esto afecta especialmente a profesionales independientes, prestadores de servicios, y proveedores de empresas y organismos públicos», explica Fernández.
«El efecto más inmediato se produce sobre el capital de trabajo. Cuando una empresa cobra una factura, el cliente descuenta la retención de Ganancias y transfiere un importe inferior al que debía pagar originalmente», advierte.
«Sin embargo, las obligaciones del proveedor no se reducen en la misma proporción. Debe seguir afrontando salarios, alquileres, honorarios, pagos a otros proveedores, impuestos y gastos operativos», resalta la experta.
