Representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Rafaela mantuvieron una reunión de trabajo con la delegada del Ministerio de Trabajo de la provincia para repasar el panorama socio-laboral de la ciudad y la región. Tras el encuentro, el dirigente Andrés Brarda detalló las principales prioridades y diagnósticos elevados al organismo estatal, entre los que sobresalieron el sobreendeudamiento de los trabajadores, la falta de personal para fiscalizar empresas y las repercusiones de la reforma laboral en los trámites de ausentismo médico.
Uno de los puntos que mayor alarma generó en el sector gremial es la compleja situación financiera que atraviesan los asalariados. Según datos relevados por los distintos sindicatos locales, cerca del 80% de los empleados públicos —provinciales y municipales— registra algún tipo de endeudamiento, mientras que en el sector privado la cifra ronda el 60%. De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el fenómeno está fuertemente vinculado a los créditos tomados a través de billeteras virtuales con elevadas tasas de interés, los embargos y el pago de cuotas alimentarias. La pérdida del poder adquisitivo y el contexto general de la economía han derivado en que algunos trabajadores consulten incluso por la posibilidad de solicitar su propia quiebra, una alternativa que desde la central sindical desaconsejan por las graves secuelas jurídicas y financieras que conlleva.
Otro de los reclamos centrales estuvo enfocado en la escasez de inspectores dentro del Ministerio de Trabajo en la delegación local. Desde la CGT remarcaron que esta limitación edilicia y de recursos humanos impide un control efectivo de las normativas de seguridad e higiene, el registro de la relación laboral y la posterior aplicación de sanciones. Ante este escenario, la entidad gremial formalizará un pedido ante la provincia para reforzar el cuerpo de inspectores, al tiempo que comenzó a instrumentar junto a la delegación los nuevos mecanismos de carga virtual de denuncias.
Finalmente, el encuentro sirvió para clarificar la aplicación de la nueva normativa en materia de certificados médicos y juntas de salud. Brarda explicó que la exigencia de certificados con firma digital y diagnósticos precisos ha generado dudas operativas, especialmente en casos de atenciones por guardia u odontología donde no siempre se emite la documentación en formato digital. Asimismo, ponderaron el funcionamiento de las juntas médicas del Ministerio de Trabajo como un canal imparcial para dirimir controversias entre los profesionales del trabajador y de las empresas, evitando que la discusión deba trasladarse a institutos privados.
