Becchio detalló que durante el año anterior el municipio destinó alrededor de 19 millones de pesos para la compra de kits escolares, mientras que en el actual ejercicio el monto se redujo a 16 millones. La funcionaria intentó justificar la merma señalando el incremento del costo de los útiles y la incorporación de nuevos elementos dentro de cada bolsón. Sin embargo, ese razonamiento deja al descubierto una contradicción central: frente a un contexto social más exigente, el Estado local decidió achicar recursos en lugar de reforzarlos.
La consecuencia directa de esa decisión es concreta y medible. De una licitación de 1.500 kits se pasó a una de aproximadamente 1.200, con un límite máximo de dos por familia, independientemente de la cantidad de hijos en edad escolar. La propia secretaria reconoció que, en hogares con más de dos niños o adolescentes, el municipio sólo cubre parcialmente la demanda y deja abierta la posibilidad de una ayuda posterior “si sobran kits”. En ese esquema, la política pública deja de ser una garantía y pasa a depender del excedente.
Más allá del tecnicismo administrativo, el dato central es político. El municipio reconoce que invierte menos en educación en un escenario donde la pobreza, la informalidad laboral y la fragilidad de las trayectorias escolares no disminuyeron en Rafaela. El recorte no aparece como una consecuencia inevitable, sino como una elección. Y toda elección presupuestaria expresa prioridades, aun cuando se intente disimular bajo el lenguaje de la gestión eficiente.
Resulta llamativo, además, el modo en que la funcionaria encuadra el alcance de la política educativa municipal. Becchio remarca que la entrega de kits se orienta a familias sin empleo formal, bajo el argumento de que quienes cuentan con trabajo registrado reciben asistencia de gremios o sindicatos. Esa lógica, lejos de universalizar derechos, introduce un criterio de segmentación que reduce la responsabilidad estatal y desplaza la carga hacia otros actores. El Estado deja de ser garante para convertirse en un actor subsidiario, que interviene sólo donde nadie más lo hace.
Cuando ajustar en educación también es una decisión política
En “Estado, mercado y ciudadanía”(1998), el politólogo Claus Offe advirtió que los recortes en políticas sociales no suelen presentarse como decisiones ideológicas, sino como inevitabilidades técnicas. Bajo ese discurso, el ajuste se vuelve administrable, pero sus efectos se concentran sobre los sectores que dependen del Estado para sostener derechos básicos. En el caso de Rafaela, el reconocimiento explícito de un presupuesto educativo menor confirma que el municipio eligió ajustar en un área sensible, aun cuando el discurso público insiste en su centralidad.
La propia Becchio subrayó que la entrega de kits escolares se realiza exclusivamente con recursos municipales, sin asistencia de Nación ni de Provincia. Lejos de reforzar la inversión frente a ese escenario, la gestión optó por reducirla. El contraste con el discurso oficial, que suele presentar a la educación como “prioridad”, resulta evidente. Cuando la prioridad no se traduce en presupuesto, queda reducida a una consigna.
El análisis se vuelve aún más preocupante si se lo articula con otras señales de la política educativa local. Jardines municipales con listas de espera, programas acotados a acciones complementarias y una Secretaría que reconoce no tener incidencia directa en el sistema educativo formal configuran un escenario donde la educación aparece fragmentada, desfinanciada y subordinada a otras urgencias de la gestión.
Desde CASTELLANOS, sostenemos que admitir un recorte en educación no es un gesto de transparencia administrativa, sino una señal de alarma política. Porque cuando el Estado decide invertir menos en educación, no está ajustando números: está redefiniendo el alcance de su responsabilidad y el horizonte de oportunidades para miles de niñas, niños y jóvenes de la ciudad.
