La economía argentina volvió a demostrar, una vez más, que las teorías en los libros rara vez sobreviven al choque con la realidad política y social. En abril de este año, el Gobierno celebraba la eliminación del cepo cambiario y la implementación de un sistema de flotación administrada con bandas: un piso de 1.000 pesos y un techo de 1.400 para el dólar, ajustables en un 1% mensual. La promesa era clara: dejar que el mercado fijara el precio de la divisa dentro de esos márgenes, sin intervención. Una flotación limpia, como se la conoce en el manual. A la vez que con la ampliación mensual de las bandas con el tiempo serían tan grandes que el valor del dólar flotaría libremente.
Pero la historia cambió en agosto. Con la presión del mercado y el ruido electoral de fondo, el Tesoro comenzó a vender dólares para contener la escalada del tipo de cambio. La medida, confirmada por el propio secretario de Finanzas Pablo Quirno, marcó un antes y un después: la Argentina pasó, sin anunciarlo oficialmente, a una flotación sucia, donde el Estado interviene activamente para evitar que el peso se descontrole.
La lógica detrás de esta decisión es comprensible. El dólar es, en nuestro país, mucho más que una moneda extranjera: es un termómetro social, un reflejo de expectativas y una variable política de primer orden. Dejarlo correr libremente, en medio de una economía con inflación recientemente controlada pero que hasta hace escasos meses era de dos dígitos mensuales y escasas reservas en el BCRA, era un riesgo que el Gobierno no estaba dispuesto a asumir en la antesala de las elecciones.
El problema es el costo. En este caso no es el Banco Central quien interviene, sino el Tesoro Nacional, que vende dólares de sus cuentas para intentar frenar la devaluación. Esa estrategia no erosiona directamente las reservas brutas del BCRA, pero sí reduce el stock de divisas disponibles del Estado y compromete recursos que podrían haberse destinado al pago de deuda o a reforzar la caja fiscal. Además, el gesto no pasa inadvertido para el FMI: aunque las metas de acumulación recaigan sobre el Banco Central, el uso de dólares del Tesoro debilita la posición externa del país y tensiona la credibilidad del programa. Además, se reaviva un recuerdo reciente: en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, un giro similar en la política cambiaria terminó debilitando la credibilidad del programa económico y acelerando la crisis.
La pregunta, entonces, no es solo técnica sino política: ¿cuánto margen tiene el Gobierno para sostener este esquema híbrido, que busca calmar la ansiedad del presente a costa de hipotecar recursos del futuro?
El domingo pasado, mientras los argentinos concurrían a las urnas, la economía se debatía entre la flotación limpia y la flotación sucia. Y la metáfora no es casual: así como el mercado cambiario depende de reglas claras o intervenciones de emergencia, también la política se mide en elecciones limpias o elecciones sucias. El desafío, tanto en lo económico como en lo democrático, es que las reglas sean transparentes y que los resultados reflejen más confianza que sospecha.
La Argentina abandonó la flotación limpia y entró de lleno en la flotación sucia. Y como suele suceder en nuestro país, el cambio no fue fruto de un debate académico ni de un rediseño planificado, sino de la urgencia. En la tensión entre teoría y realidad, entre ortodoxia y pragmatismo, la economía argentina encontró, otra vez, su propio atajo.
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