El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista alcanzaron esta tarde un acuerdo por el cual la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de Ley Bases hace dos semanas. Entre esos cambios figura la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la nómina de empresas públicas a ser privatizadas.
Este acuerdo se cristalizó este mediodía, en una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y los representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Luego, este acuerdo se plasmó en un dictamen de mayoría firmado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto: el texto obtuvo 66 firmas. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no firmaron dictamen, como tampoco la socialista Mónica Fein.
La intención del oficialismo es llevar este dictamen al recinto de la Cámara baja pasado mañana. Para ello convocó a una sesión especial a las 12.
La exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de la nómina de empresas a ser privatizadas sigue siendo motivo, sin embargo, de diferencias entre los bloques. Por caso, la bancada de Pro firmará el dictamen en disidencia por considerar que esas tres compañías deberían pasar a manos privadas.
“El kirchnerismo fue el responsable de la estatización antijurídica y gravosa de Aerolíneas que lleva acumulado 7500 millones de dólares de pérdida que pagamos todos los argentinos en especial los jubilados, porque 50 millones de ese deficit se financió con el fondo de sustentabilidad previsional”, asestó Silvana Giudici.
Con idénticos argumentos, un puñado de diputados radicales también firmaron el dictamen en disidencia, aunque la mayoría de la bancada, en el recinto, avalará lo que votó el Senado en este punto. De hecho, la exclusión de estas tres empresas de la nómina de privatizaciones fue un requerimiento de los senadores radicales al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien debió acceder para contar con sus votos en la aprobación en general de la Ley de Bases. Cuando el proyecto retornó a la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada radical Rodrigo De Loredo, en línea con Francos, pretendió desconocer lo acordado en el Senado. Sus diputados no lo aceptaron.
“Si insistimos con la privatización de estas tres empresas, cuando el Senado las excluyó antes de la votación, corremos el riesgo que el kirchnerismo intente judicializar toda la Ley Bases”, advirtieron.
Este fue el mismo argumento que esgrimió Miguel Pichetto, jefe de la bancada Hacemos Coalición Federal, ratificado esta tarde por el diputado Nicolás Massot en el plenario de las comisiones. Massto insistió que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlo del tratamiento antes de la votación en general.
“Fueron excluidas [durante el debate en el Senado]por el propio gobierno de Javier Milei de la nómina de empresas a ser privatizadas: esto formó parte de un acuerdo para alcanzar el quorum en el Senado. Nosotros reivindicamos el valor de los acuerdos”, sostuvo Massot.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan López anticipó que su bancada también firmará en disidencia el dictamen. “Este producto legislativo es más razonable que el original [en alusión a la media sanción de Diputados]–sostuvo-. Estamos frente a un proyecto que tiene dos media sanciones; los diputados aquí presentes tenemos que optar entre una de las dos alternativas. Aún con nuestras críticas, creemos que algunas de las modificaciones que introdujo el Senado son razonables, como el acotamiento al régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI. Nosotros desde un principio votamos en contra de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, es por eso que vamos a firmar este dictamen en disidencia.”
Los representantes de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez, no solo expresaron su rechazo al proyecto de Ley Bases y las modificaciones incorporadas por el Senado sino que, además, auguraron que el paquete de reformas fiscales –de sancionarse este jueves– terminará judicializado por sus “vicios inconstitucionales”.
“Esta ley [Bases]fue hecha a medida de un puñado de sectores económicos que se ven favorecidos por la discrecionalidad contenida en muchos de sus artículos. Una ley absolutamente viciada y arbitraria, con una enorme cantidad de visos de inconstitucionalidad por lo que seguramente su contenido será llevado a tribunales”, advirtió Martínez.
“Esta ley es hija de enormes arbitrariedades, de una opacidad absoluta del trámite parlamentario, de presiones de todo tipo, de manoseos e irregularidades varias y de oscuros arreglos en el Senado. También es hija de la represión, cuando la iniciativa se debatió en el Senado”, enfatizó. Fuente: La Nación.