Nadie se atrevió a corregir al presidente Milei cuando en su discurso de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina denunció que el traslado de granos por 700 kilómetros de caminos, hasta llegar a Rosario, resulta más caro que enviarlos a Europa. Milei también pudo haberse escandalizado, sin temor a equivocarse, de que la carencia de suficiente calado en los puertos que rodean a esa ciudad vital para la agroindustria determina que muchos buques partan con la mitad de sus bodegas vacías. Terminan de llenarse en costas brasileñas, con la consiguiente pérdida de oportunidades para productos argentinos.

Por fortuna, ha comenzado a despertar en el país una conciencia crítica sobre las consignas huecas del populismo que han atrasado la Argentina de forma alarmante en relación con el desarrollo general de la constelación de naciones en las últimas décadas. Aquí, todo ha sido paralizado por largos años en función de reclamos inatendibles, de regulaciones burocráticas perturbadoras de la actividad de las empresas nacionales y hecho trizas la esperanza de que nuevas inversiones se radiquen para explotar nuestro potencial de riquezas naturales y expandir las fuentes de trabajo.

Ha ocurrido todo lo contrario. Decenas de empresas extranjeras han abandonado la Argentina hartas de las trabas sufridas para su desenvolvimiento pleno y por la suma de inseguridades jurídicas y físicas que completarían un cuadro irreal en otras partes del planeta.

El campo ha padecido ese fenómeno como pocos otros sectores de la economía. Esto se patentiza en el resultado absurdo de que cada 100 dólares producidos por la cosecha de soja, 71 dólares sean para el Estado, según ha sido documentado por institutos especializados en estudios agropecuarios. Menos luces que sobre esa verdad archisabida se echan a diario sobre la flaqueza de la infraestructura que debería ser parte de la base logística que haga posible de forma materialmente sustentable las actividades rurales. El presidente Milei puso en Palermo el dedo en la llaga con un solo ejemplo entre cientos.

La infraestructura es un componente crítico de la actividad agropecuaria, pues sin ella no hay transporte, ni almacenamiento, ni distribución de una producción que genera, aun con todas las deficiencias perceptibles en la actualidad, el 60% de las exportaciones y el 25% del empleo total. Según el Consejo Federal Vial, la Argentina tiene 100.000 kilómetros de caminos de tierra. Especialistas en la materia han denunciado que la falta de pavimentación determina que el traslado de ganado por esos caminos tenga una pérdida del 2% del peso de la hacienda. Que las pequeñas plantas tamberas, sin capacidad de almacenar leche refrigerada, deban tirar leche. Que recaigan sobre otras explotaciones, como la frutícola, perjuicios insalvables que de otra forma no ocurrirían.

Urge realizar mejoras en carreteras, en puentes, en ferrocarriles. Desregular hasta el límite de lo posible la actividad aérea, con absoluta conciencia de que el mundo reclama más y más productos de alta calidad y frescos, en consonancia con las nuevas tendencias sobre seguridad alimentaria. Lo sabemos: el Estado fue dejado en ruinas por años de dilapidaciones vanas, desconocimiento de los deberes ciudadanos, corrupción de los gobernantes y palabrerío ideológico cuyo impacto, si asusta vernos en nuestro propio espejo, digamos que ha derivado en situaciones extremas como las que se viven hoy en Venezuela.

Lo sabemos: “No hay plata”. Nada más natural entonces que ver prosperar reclamos como el que acaba de formular Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera. Pidió que se abra, por lo tanto, el mercado de capitales para las obras de infraestructura que se demoran e impiden al país, solo en el renglón de granos, producir 20 millones más de toneladas por año. En el centro de los requerimientos de esa naturaleza se halla la actualización operativa y jurídica de la Hidrovía Paraná-Paraguay -cuyo proceso privatizador fue habilitado ayer-, de la que esencialmente dependen las terminales portuarias y las fábricas aceiteras del Gran Rosario, por donde sale el 80% de nuestros productos agrícolas. Es una vía acuífera que se nutre del tráfico de las deterioradas rutas 8, 9, 11, 12, 33 y 34.

Únicamente la movilización del capital privado en condiciones atractivas para los riesgos que suponen las inversiones de alto costo logrará no solo que esa hidrovía funcione en los términos que con razón se plantean. También, que se atiendan necesidades pendientes de atención, como las de una mayor y más eficiente electrificación rural y la conectividad en grado satisfactorio con vistas al uso de las nuevas tecnologías apropiadas para un mundo en verdadero desarrollo.

Manos a la obra; no hay tiempo que perder. Fuente: La Nación