La Empresa Provincial de la Energía (EPE) respondió formalmente al Concejo Municipal de Rafaela sobre el pedido de modificar la normativa vigente para impedir el otorgamiento del suministro eléctrico en inmuebles que se encuentren ocupados ilegalmente. La solicitud había sido impulsada por el cuerpo legislativo.
A través de una nota dirigida a la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, la empresa provincial informó que analizó el planteo desde el punto de vista jurídico y reglamentario, aunque no avanzará por el momento con modificaciones en las condiciones de prestación del servicio.
El pedido del Concejo apunta específicamente a impedir nuevas conexiones eléctricas en propiedades presuntamente usurpadas, siempre que exista una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación por parte de autoridades públicas.
Qué respondió la EPE
Según detalla el documento, la solicitud fue evaluada por la Asesoría Legal y Técnica de la Gerencia Comercial, y por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Ambas áreas concluyeron que, de acuerdo con la Ley Provincial Nº 10.014, la EPE tiene competencia exclusiva para dictar y modificar su propia normativa reglamentaria. En consecuencia, las resoluciones aprobadas por los concejos municipales no generan automáticamente cambios en las disposiciones establecidas por el Directorio de la empresa.
En ese marco, el Directorio tomó conocimiento del planteo durante una reunión y compartió los argumentos expuestos por las áreas jurídicas, donde se dispuso brindar una respuesta formal al Concejo rafaelino.
La comunicación señala que la propuesta será tenida en consideración oportunamente, dentro de las competencias de la empresa y de la normativa vigente, aunque aclara que esto no implica una modificación del régimen actualmente aplicable.
De esta manera, el pedido del Concejo Municipal no tendrá una aplicación inmediata, ya que cualquier modificación de los requisitos para acceder al servicio deberá ser resuelta por las autoridades de la EPE.
La respuesta tampoco establece un mecanismo para interrumpir suministros eléctricos ya existentes en inmuebles denunciados como ocupados ilegalmente, dado que el planteo analizado se refiere específicamente al otorgamiento de nuevas conexiones.
Así, aunque la empresa provincial dejó abierta la posibilidad de considerar la propuesta en el futuro, por ahora se mantendrán las condiciones reglamentarias vigentes para el acceso al servicio eléctrico.
