En política y economía, muchas veces nos presentan una disyuntiva que parece inevitable: o confiamos en el mercado o confiamos en el Estado. O defendemos el capitalismo liberal o abrazamos el socialismo. Como si no existiera otra posibilidad. Sin embargo, quizás el problema comience precisamente allí, en esa falsa dicotomía que nos obliga a elegir entre dos modelos que, aunque diferentes, pueden compartir un mismo olvido: dejar a la persona humana en un segundo plano.
Pensemos en Brasil, en Lula y Bolsonaro. Dos dirigentes que representan tradiciones políticas distintas y que protagonizan una discusión sobre el papel del Estado, la libertad económica, la distribución de la riqueza y la responsabilidad social. El debate no consiste simplemente en decidir quién tiene razón, sino en preguntarnos qué sociedad queremos construir y qué lugar ocupa el ser humano en cada propuesta.
En la Argentina encontramos una discusión semejante en las diferencias entre Javier Milei y el kirchnerismo. De un lado, una visión que prioriza el mercado, la desregulación, la iniciativa privada y la reducción del Estado. Del otro, una tradición que otorga mayor protagonismo a la intervención estatal y a las políticas de redistribución. Son enfoques diferentes, con consecuencias económicas que deben analizarse a partir de sus resultados concretos. Pero existe una pregunta anterior a cualquier discusión técnica: ¿para qué queremos que funcione la economía?
El capitalismo liberal, cuando convierte al mercado en un valor absoluto, corre el riesgo de tratar al dinero como si fuera un dios. La competencia, la eficiencia y la rentabilidad son herramientas fundamentales para producir riqueza, innovar y generar empleo. Pero no alcanzan por sí solas para garantizar una sociedad justa. Que una actividad sea rentable no significa necesariamente que sea buena para todos, así como el hecho de que alguien quede fuera del mercado no significa que haya perdido su dignidad.
En el extremo opuesto, cuando el socialismo revolucionario convierte al Estado en el centro de todas las decisiones, aparece otro peligro: que el poder político pretenda organizar la vida económica y social desde arriba, limitando la libertad, la iniciativa y la responsabilidad de las personas. El Estado puede proteger derechos y corregir desigualdades, pero difícilmente pueda reemplazar la creatividad de una sociedad entera.
Un modelo puede absolutizar el mercado; el otro, el Estado. En ambos casos, el riesgo aparece cuando una herramienta se transforma en un fin y la persona termina subordinada al sistema.
Frente a esta falsa dicotomía, la Doctrina Social de la Iglesia propone una mirada diferente. No plantea eliminar el mercado ni convertir al Estado en una institución confesional. Propone algo más profundo: poner la economía al servicio de la dignidad humana y del bien común.
Esto significa reconocer que la iniciativa privada, la propiedad y la libertad económica son valiosas, pero que también deben ejercerse con responsabilidad social. El empresario no es solamente alguien que busca ganancias: puede crear empleo, innovar y generar oportunidades. El trabajador no es un costo que debe reducirse sin límite: es una persona cuyo esfuerzo merece condiciones dignas. Y quien atraviesa una situación de pobreza no deja de tener derechos por no poder competir en igualdad de condiciones.
También significa comprender que el Estado es necesario, pero no omnipotente. Debe garantizar la ley, promover la competencia, ofrecer bienes públicos y proteger a quienes más lo necesitan. Sin embargo, no debería reemplazar a las familias, las empresas, las cooperativas y las organizaciones de la sociedad civil. Este es el sentido del principio de subsidiariedad: que las instituciones superiores ayuden a las comunidades y personas a cumplir sus responsabilidades, en lugar de absorberlas innecesariamente.
A su vez, la solidaridad nos recuerda que no vivimos aislados. Una sociedad no puede desentenderse de quienes quedan atrás, pero tampoco puede confundir justicia social con dependencia permanente. El objetivo debería ser que cada vez más personas puedan estudiar, trabajar, emprender y construir su propio futuro.
Esta mirada resulta especialmente importante en un mundo donde incluso las economías más identificadas con el capitalismo recurren al Estado para proteger sectores industriales, establecer aranceles o defender determinados intereses nacionales. El debate contemporáneo demuestra que la realidad es más compleja que las etiquetas ideológicas: ni existe un mercado completamente ajeno a las decisiones políticas ni toda intervención estatal conduce necesariamente al socialismo.
La cuestión no es, entonces, elegir entre mercado o Estado como si fueran enemigos irreconciliables. Es determinar qué funciones debe cumplir cada uno, cuáles son sus límites y cómo pueden contribuir al desarrollo integral de las personas.
En la Argentina, esta discusión debería ayudarnos a mirar más allá de la grieta. No alcanza con celebrar el crecimiento económico si sus beneficios no se traducen en oportunidades y trabajo digno. Tampoco alcanza con anunciar derechos y distribuir recursos si no existe una economía capaz de sostenerlos. Sin producción no hay riqueza que distribuir; sin responsabilidad social, la riqueza puede convivir con situaciones de exclusión que una sociedad no debería aceptar como inevitables.
La Doctrina Social de la Iglesia ofrece principios para superar esa confrontación: dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad. No es una receta económica cerrada ni reemplaza el análisis de los datos. Es un marco ético para evaluar las decisiones y recordar que detrás de cada indicador hay personas, familias y proyectos de vida.
Quizás la verdadera pregunta no sea si debemos elegir a Lula o a Bolsonaro, a Milei o al kirchnerismo. La pregunta es qué políticas permiten construir una sociedad en la que la libertad no sea un privilegio de pocos, la solidaridad no se convierta en una excusa para limitar la iniciativa y el Estado no pretenda sustituir la responsabilidad de los ciudadanos.
Porque cuando el mercado se convierte en dios, el dinero corre el riesgo de ocupar el lugar de los valores. Y cuando el Estado se convierte en dios, el poder puede terminar ocupando el lugar de la libertad.
Frente a ambos extremos, El Capitalismo Liberal y el Socialismo Revolucionario, la propuesta es recuperar una convicción esencial: ni el Mercado ni el Estado son el fin; ambos deben estar al servicio de la persona humana.
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