La discusión sobre la inseguridad en Santa Fe suele quedar atrapada entre dos posiciones que, pese a sus diferencias, comparten una misma limitación: ofrecer respuestas parciales frente a un fenómeno de enorme complejidad. Así lo entiende el abogado penalista Néstor A. Oroño, quien cuestiona tanto las políticas de endurecimiento punitivo como aquellas perspectivas que relativizan las responsabilidades individuales. En su reciente libro Debates actuales del proceso penal santafesino, el especialista propone superar esa confrontación y avanzar hacia una política criminal integral, capaz de combinar una respuesta efectiva frente al delito con el respeto de las garantías constitucionales.
En diálogo con CASTELLANOS, Oroño advirtió que las sucesivas reformas legislativas parecen responder más a las demandas coyunturales que a una estrategia sostenida. «Parecería que estas últimas se mueven conforme la tendencia que imponen los humores sociales y los designios políticos momentáneos, identificados con lo que podríamos llamar una demagogia de mano dura», afirmó. Sin embargo, su cuestionamiento también alcanza a lo que denomina una «demagogia de mano blanda», donde las responsabilidades individuales se diluyen y la respuesta penal pierde legitimidad. Para el especialista, ambas posiciones dificultan una comprensión integral del delito y sus múltiples causas.
La prisión preventiva y el crecimiento de la población carcelaria
Uno de los aspectos más contundentes de su diagnóstico aparece al analizar la utilización de la prisión preventiva. Oroño aportó cifras que permiten dimensionar las transformaciones experimentadas por el sistema penitenciario provincial desde la implementación del actual Código Procesal Penal.
«Al momento de entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal en nuestra provincia, mes de febrero de 2014, se contabilizaban 4.500 personas privadas de libertad en todo el ámbito territorial. Actualmente ese número alcanza a 13.000 aproximadamente. De los cuales más del 40% son presos sin condena», señaló.
Para el especialista, la extensión de esta medida cautelar responde, en buena medida, a la necesidad de exhibir resultados frente a determinados delitos que generan especial sensibilidad social. En ese escenario, advirtió sobre la utilización de imputaciones sobredimensionadas y presunciones de fuga o entorpecimiento procesal que considera insuficientemente fundamentadas.
Su cuestionamiento apunta a una transformación sustancial: una herramienta concebida para asegurar el desarrollo del proceso termina adquiriendo características propias de una sanción anticipada, antes de que exista una sentencia que determine la responsabilidad penal.
Los juicios abreviados se convierten en la columna vertebral
La segunda gran preocupación de Oroño está estrechamente relacionada con la primera. Según explicó, la prisión preventiva prolongada y la incertidumbre sobre los tiempos de investigación generan condiciones que favorecen la aceptación de procedimientos abreviados, incluso cuando existen cuestiones probatorias que podrían discutirse durante un juicio oral.
Las estadísticas que citó correspondientes a 2024 muestran una diferencia significativa: 378 personas fueron condenadas mediante juicios orales y públicos en Santa Fe, frente a 3.912 que recibieron condenas mediante procedimientos abreviados.
«Al llamado juicio abreviado o procedimiento abreviado en la legislación local, en la mayoría de los casos no se llega por convicción, sino por imposición, lamentablemente», sostuvo.
Desde su perspectiva, este mecanismo dejó de representar una alternativa excepcional para transformarse en el principal sostén operativo del sistema judicial. «El procedimiento abreviado, más que garantizar los derechos del imputado, tiende a salvaguardar el funcionamiento del sistema», advirtió.
La consecuencia, explicó, es que muchas veces se resigna la posibilidad de discutir pruebas, calificaciones legales y razonabilidad de las penas, con el consiguiente debilitamiento del derecho de defensa.
Una política criminal que supere la discusión entre mano dura y mano blanda
Lejos de reducir su posición a una defensa irrestricta de las garantías procesales, Oroño también cuestionó aquellas perspectivas que relativizan las responsabilidades individuales y deslegitiman la respuesta penal. A su entender, tanto la denominada «mano blanda» como la «mano dura» representan posiciones demagógicas que impiden abordar seriamente el problema.
«Es preciso comenzar a hablar en serio sobre política criminal, como una respuesta totalizadora hilvanada desde el Estado, que permita una captación integral de la compleja problemática que deriva en el delito», planteó.
Su propuesta contempla una mayor coordinación entre organismos estatales, el fortalecimiento de las políticas preventivas y la profesionalización de instituciones fundamentales, particularmente la Policía. También advirtió sobre los riesgos de concentrar facultades decisorias en el Ministerio Público de la Acusación cuando están comprometidos derechos fundamentales.
Frente a las nuevas iniciativas provinciales en materia de seguridad, reclamó un debate amplio y plural que preserve la división de poderes. Su conclusión resume el sentido de una obra que interpela tanto a los responsables políticos como a los operadores judiciales: «No creo que la solución al problema de la inseguridad pase por el avance sobre derechos y garantías de la ciudadanía».
