La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe (MPD) , Dra. Estrella Moreno Robinson, participó este miércoles de la reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia. Las comisiones están presididas por los diputados Martín Rosúa y Lionella Cattalini, respectivamente.
Allí presentó el posicionamiento institucional del organismo respecto de dos proyectos de ley. El primero es «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública» (Mensaje Nº 17/2026). El segundo es «Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos» (Mensaje Nº 24/2026). También se refirió a la propuesta de modificación de la Ley Nº 13.014.
Durante su intervención, que estructuró a partir de un análisis artículo por artículo de los proyectos, expuso las principales consideraciones del MPD acerca de los alcances de las iniciativas y sus posibles efectos sobre el funcionamiento del sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales.
En relación con las reformas vinculadas con la seguridad pública y la persecución penal, destacó que las herramientas destinadas a mejorar la respuesta estatal frente al delito deben siempre ajustarse a los principios y garantías de la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Santa Fe y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se refirió asimismo a jurisprudencia relevante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, señaló la necesidad de resguardar el sistema acusatorio adversarial, expresamente reconocido en el artículo 14 de la Constitución Provincial, que exige una clara separación entre las funciones de acusar, defender y juzgar, la imparcialidad del juez, la igualdad de armas entre las partes y la vigencia de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. También destacó la importancia de preservar las garantías constitucionales, entre ellas, el debido proceso, el derecho a una defensa efectiva y eficaz, la presunción de inocencia, la prohibición de autoincriminación, la inviolabilidad del domicilio y el control judicial de las medidas que puedan afectar derechos fundamentales.
Asimismo, remarcó que las políticas de seguridad deben desarrollarse en el marco del Estado constitucional de derecho y para ello se requiere una adecuada delimitación de las competencias y de mecanismos efectivos de control sobre el ejercicio del poder punitivo.
Por otra parte, la Dra. Moreno Robinson se refirió a la iniciativa de modificación de la Ley Nº 13.014. La propuesta persigue la creación de Unidades Especiales destinadas a intervenir en casos complejos, de trascendencia institucional o que requieran formación especializada. También permite unificar estrategias de actuación, atender situaciones en las que pueda presentarse un conflicto de intereses y brindar una respuesta institucional equivalente frente a las unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación. El proyecto prevé además la creación de ocho cargos de Defensor Público en el ámbito de la Defensoría General.
La Defensora destacó la necesidad de creación de esos cargos a los fines de fortalecer la capacidad de respuesta del organismo y de sus funciones constitucionales.
Cabe recordar que, a partir de la reforma constitucional, el Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la protección y defensa de los derechos humanos. Su función es garantizar el acceso a la justicia, el derecho de defensa efectiva y eficaz y la asistencia jurídica integral de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o no cuenten con la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, tanto en casos individuales como colectivos.
La participación de la Defensora General tuvo como objetivo aportar la perspectiva institucional del organismo al debate legislativo. Las observaciones sobre las reformas propuestas fueron formuladas a la luz de los principios constitucionales, estándares internacionales de derechos humanos y la normativa vigente. Como también de la experiencia acumulada en el ejercicio de la defensa pública.
Finalmente, agradeció la invitación y la atención de las diputadas y los diputados presentes y reafirmó la disposición del organismo a seguir colaborando en el tratamiento de estas iniciativas.
