Los Tribunales de San Francisco se convirtieron en el escenario del inicio de uno de los debates judiciales más dolorosos e impactantes de toda la provincia de Córdoba. Este martes 22 de septiembre dio comienzo el juicio por el aberrante crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en la localidad de Brinkmann en noviembre de 2024. La causa se lleva adelante en la Cámara Criminal y Correccional de la ciudad mediante la modalidad de juicio oral y público con la participación de jurados populares, aunque con restricciones de acceso a la sala para la prensa y el público general con el fin de resguardar los derechos y la intimidad de la pequeña.
En el banquillo de los acusados se encuentran tres personas privadas de la libertad e imputadas por abuso sexual y homicidio: Rocío Milagros Rauch (madre de la niña), Matías Ezequiel Simeone (pareja de Rauch) y Cristian Hernán Varela (un amigo del matrimonio que frecuentaba la vivienda). Previo al inicio de las audiencias, las posturas de las partes quedaron explicitadas. Por el lado de la defensa de Varela, el abogado Joaquín González remarcó que su representado asistía al domicilio únicamente en calidad de amigo de Simeone y negó su participación en el hecho, instancia que comenzará a evaluarse en las distintas jornadas de debate.
La voz de la familia
Natalia Heredia, tía de Aralí, rompió el silencio antes de ingresar a prestar declaración testimonial y fue contundente respecto a la situación procesal de los tres implicados: solicitaron que la Justicia aplique la condena más severa a todos los imputados sin distinción alguna, buscando sentar un precedente para la prevención de la violencia infantil.
Asimismo, Heredia expuso la lucha previa que la familia materna llevó adelante antes de la tragedia. Según sus palabras, se realizaron denuncias y presentaciones formales ante las autoridades policiales y el Tribunal de la Niñez alertando sobre la situación de vulnerabilidad y maltrato en la que se encontraban los menores, sin obtener respuestas ni medidas efectivas de protección por parte de los organismos oficiales.
La custodia de los hermanos y las alertas institucionales
Tras el trágico suceso, la protección integral de los cinco hermanos de la víctima fue asumida por cuatro familias del área materna. Actualmente, dos de los niños de 7 y 9 años conviven con Heredia, recibiendo contención psicológica continua y asistiendo con normalidad a la escuela.
Por su parte, Betiana, otra de las familiares a cargo del cuidado de los hermanos de la menor, también se concentró frente a la sede judicial antes de comparecer como testigo. Su reclamo puso el foco en una segunda dimensión que trasciende a las tres personas juzgadas: el rol de las instituciones del Estado que debían velar por la integridad de los menores antes de noviembre de 2024. Durante el año 2024, la SENAF había comunicado a la Justicia de Familia que el grupo estaba en condiciones de avanzar hacia una revinculación, disponiéndose el cese de la medida excepcional de protección, un punto central que la familia cuestiona fuertemente tras el desenlace.
El proceso judicial continuará desarrollándose este miércoles 23 de septiembre y sumará una nueva jornada el próximo martes 29 de septiembre, fecha en la que el tribunal y el jurado popular avanzarán sobre el análisis de las pruebas y los testimonios para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los acusados. (Radio Estación)
