La dada en llamar por la propuesta de la concejal Mabel Fosatti «Nueva Ordenanza de Vecinales» no debe ser interpretada simplemente como una actualización de la legislación vigente para la actividad vecinalista y las estructuras del Estado asignadas a la misma. Es mucho más que eso porque, en lo sectorial, es la llave para un cambio de paradigma muy necesario en las circunstancias, recursos, derechos y obligaciones del mundo vecinalista.
Y, más allá de lo sectorial y en vistas de la civilidad toda, es una oportunidad de volver a las fuentes, en el sentido de recuperar la participación de los ciudadanos en la vida política de la ciudad. Entendiendo como tal la participación en las iniciativas y la toma de decisiones de los gobiernos en la administración efectiva de nuestra Perla del Oeste.
Mucho se habla, y poco se hace, para remediar el desinterés de la población, que crece desde hace décadas por los asuntos de la política y el gobierno. No solo en lo cotidiano, sino hasta en actos decisivos, como las elecciones, donde los bajísimos niveles de concurrencia alarman. En definitiva, ese es el sustrato donde se desarrolla un círculo vicioso de desinterés, desilusión, insatisfacción y empeoramiento de las condiciones de vida de la población.
¿Cómo resolver, o por lo menos mejorar, los resultados de esta ecuación fallida? Hay dos palabras mágicas, sanadoras: compromiso y participación de la civilidad.
Es que hay dos poderes oficiales locales: el Ejecutivo, que es el Gobierno Municipal, y el Legislativo, que es el Concejo Municipal. Un sistema con dos puntos de apoyo se balancea muchas veces sin control hacia uno y otro lado, inestablemente. Así vamos con los gobiernos sucesivos: para un lado y para otro.
Pero un tercer punto de apoyo otorga estabilidad. Una mesa apoyada en dos puntos se cae, tarde o temprano, para un lado o para otro; una de tres permanece estable. La famosa, vulgar y popular «tercer pata del banquito».
Ese tercer factor, que es la civilidad, no puede participar de manera irregular y desordenada; debe aportar al sistema de manera organizada. Para eso se organiza en sectores, que son los barrios de la ciudad, y en sus organizaciones no gubernamentales, que son las asociaciones vecinales. Organizando las autoridades de esas asociaciones, los vecinos eligen a sus representantes para entender en las cuestiones del barrio. Y las asociaciones, a su vez, se nuclean en una entidad de segundo grado para el tratamiento y representación de las cuestiones comunes: la Federación de Vecinales.
Así se incorporan a la administración pública los vecinos, formando una inigualable red de conocedores de las realidades de cada territorio, de las necesidades específicas y de las compartidas, para aportar al Gobierno un conocimiento infinitamente más completo que el de cualquier funcionario, por capaz que sea. Y, en sentido inverso, colaborar para desplegar las políticas de Estado desde el Gobierno hacia todos los habitantes y a cada uno de sus hogares, plazas y rincones.
Dicho todo esto, es fácil advertir que este nivel de organización es infinitamente superior a lo que mal puede subestimarse como grupos independientes de vecinos que se juntan de vez en cuando para alguna feria, algún taller o una actividad social. Por lo tanto, el marco legislativo que la regula, que es esta ordenanza en ciernes, es vital e importantísimo para la vida de la ciudad.
Esto no tiene absolutamente nada de sectorial o de importancia relativa. La acción de regularla y promoverla debe ser una verdadera política de Estado, y su eventual subestimación tiene graves consecuencias.
Debe resaltarse que el vecinalismo también tiene virtudes inalcanzables para la política partidaria: es enormemente eficiente en términos de inversión de los dineros públicos, demanda un presupuesto casi ridículamente inferior en el contexto del gasto público total y tiene como motor la vocación y el altruismo de sus miembros, a diferencia de la ambición profesional y el correlato altamente rentado de otros sectores de la vida pública.
Que nadie se haga el distraído: después de cuatro décadas de normas que desembocan, casi sin cambios, en las actuales, y con disposiciones en vigencia desde hace más de un cuarto de siglo, es hora de hacer las cosas bien.
La ciudad y, en particular, el vecinalismo necesitan y merecen un salto cualitativo en la calidad institucional. Quien apueste a un simple lavado de cara y a más de lo mismo no entendió nada; o, por el contrario, sí lo entiende muy bien y quiere cuidar que nada cambie ni mejore, solo en su propio beneficio.
