El Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial expuso públicamente la crítica situación que atraviesa el servicio de Justicia en la región, denunciando un “colapso” institucional que afecta tanto a los profesionales del Derecho como a la ciudadanía en general.
Según un documento dirigido al presidente del Colegio, Dr. Joaquín Cordero, las vacantes en cargos judiciales superan el 40% tanto en primera como en segunda instancia. Si bien las estructuras y las partidas presupuestarias están creadas, los puestos no han sido cubiertos, generando un funcionamiento precario y sobrecargado en los tribunales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Sala II de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que desde su puesta en marcha en 2022 no cuenta con las partidas necesarias para cubrir cargos clave como los de Secretaría, Relatoría y personal auxiliar. Actualmente funciona con una sola empleada que, de manera excepcional, cumple múltiples funciones.
A esta situación se suman numerosos casos de juzgados sin jueces titulares, como el de San Cristóbal y Tostado, que son cubiertos interinamente por magistrados de otras ciudades como Rafaela, Ceres y Sunchales. Incluso, en ciertos casos, se producen cruces de jurisdicción entre distintas circunscripciones, lo que complejiza aún más el panorama.
Otro foco de preocupación son las Comisiones Médicas de Rafaela y Sunchales, donde las audiencias —claves para avanzar en causas laborales— han dejado de realizarse con regularidad y son suspendidas con frecuencia. Además, se reportan dificultades para cursar telegramas laborales, herramienta fundamental en los procesos del fuero del trabajo.
“El servicio está colapsado. Esta situación está afectando derechos fundamentales, tanto de los colegiados como de la sociedad en su conjunto”, advierte el escrito, que solicita a las autoridades del Colegio que tomen medidas urgentes ante esta crisis.
La falta de respuestas estructurales y la sobrecarga de trabajo judicial están generando demoras considerables y perjuicios concretos para abogados, justiciables y trabajadores, en una situación que desde el Colegio consideran “grave” y que requiere una solución “inmediata”.
