17:55 - Fue a través de una reunión encabezada por la Subjefa de la Unidad Regional V Subdirectora de Policía Marcela Fernández. Participaron el titular de la Dirección General de Coordinación con las Oficinas de Gestión Judicial y el segundo jefe de División Operaciones. Coordinaron acciones por las importantes audiencia que se avecinan.

En las últimas horas en el despacho de la Subjefa de la Unidad Regional V de Policía, la Subdirectora Marcela Fernández, se llevó a cabo una reunión en la que estuvieron presentes el Jefe de Circunscripción Judicial 5 de la Dirección General de Coordinación con las Oficinas de Gestión Judicial de los Tribunales de Rafaela, Comisario Milton Segovia; y el Subjefe División Operaciones de la UR V, Subcomisario Leandro Espinoza. El encuentro tuvo como finalidad establecer criterios de acción en la planificación del área de seguridad -tanto externa como interna- en las futuras audiencias que se concretarán en la mencionada Oficina tribunalicia.
Cabe señalar que la iniciativa se concretó debido a la complejidad, los involucrados, las causas, su relevancia mediática y el riesgo que ésto implica, buscando preservar la integridad, seguridad de todos los involucrados y el normal desarrollo de dichas audiencias.

Lo que se viene

Recordamos que el pasado 14 de octubre, tal como lo adelantara en exclusiva Diario CASTELLANOS, durante el transcurso de una audiencia remota, el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, decidió prorrogar la prisión preventiva por el término de diez meses, de dos efectivos policiales que prestaban servicio en la Comisaría Nº 3 de la ciudad de Sunchales, quienes junto a otros cinco (hombres y mujeres) que están en libertad cumpliendo medidas alternativas, fueron acusados en su momento del delito de Torturas; en tanto quien se desempeñaba como jefe de la dependencia -que el día de los hechos estaba franco de servicio-, fue acusado del delito de Encubrimiento.
De acuerdo a lo dispuesto por el magistrado la prórroga de la preventiva por diez meses será desde el 18 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2.022.

25 años de prisión

En su momento también informábamos que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitará una pena de 25 años de cárcel para siete policías acusados de haber torturado a dos hermanos en una comisaría de la ciudad de Sunchales, en octubre de 2019, y pedirá seis años de prisión para el comisario de la repartición, en su caso por encubrimiento, informaron en su momento voceros judiciales.
La fiscal Gabriela Lema había adelantado que las penas que pretende lograr en la acusación que presentó oportunamente ante la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela, ya que considera que «los uniformados actuaron como si fueran un grupo de fuerza armada, y luego intentaron encubrir y entorpecer la investigación”.
Lema en ese momento informó que «los acusados de torturas son un subcomisario -que esa noche estaba a cargo de la comisaría-; una subinspectora, un oficial, tres suboficiales hombres y una suboficial mujer», lo que representa «todos los empleados de la comisaría de Sunchales”.
“Las torturas fueron realizadas dentro de la dependencia policial y los acusados actuaron al amparo de su investidura”, señaló la fiscal, que añadió que “tal fue su conciencia de impunidad, que actuaron frente a una mujer que estaba detenida y no les importó su presencia”.

Las preeliminares

Ahora, de acuerdo a lo que pudo confirmar Diario CASTELLANOS, durante las jornadas de este lunes y martes, se desarrollarán las audiencias preeliminares de cara a lo que será el juicio oral que se seguirá hacia los efectivos policiales acusados por la fiscal Gabriela Lema.
Cabe destacar que dichas audiencias serán presididas por la Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Dra. Cristina Fortunato; los abogados defensores de los encartados; y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación.
Las preeliminares son audiencias técnicas donde se discuten qué pruebas servirán para llevarlas al juicio y cuáles no; la calificación jurídica de la causa y muchas otras cuestiones que deberán dirimirse ante la jueza quién, una vez cumplimentados todos esos pasos, solicitará que la OGJ disponga la fecha para la realización del juicio oral correspondiente.

Libertad y otra carátula

En lo que respecta a lo que se viene, este Diario consultó con algunos de los defensores de los imputados quienes confirmaron efectivamente la realización de las audiencias e indicaron también que una de las cuestiones que plantearán primeramente es lograr la libertad de los dos efectivos policiales que parmanecen detenidos con prisión preventiva y, paralelamente, el cambio de carátula de la causa para que deje de ser Tortura -tal lo sostenido por la Fiscalía- y se tome como Apremios ilegales, un delito que tiene una pena considerablemente menor.

El hecho

"Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5 y las 6 de la mañana del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300 de Sunchales", había precisado en su momento la fiscal, agregando que "los torturados eran dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad". Lema afirmó que "las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás", y aclaró que "uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario. Los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente", añadió la fiscal.
Lema contó qué, por un golpe en la nuca, "una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes del cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna".
La fiscal explicó que "minutos después, el comisario investigado ( Luciano G. jefe de la dependencia que estaba franco de servicio) llegó tras lo sucedido, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes. En su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de Encubrimiento agravado".