La organización criminal era liderada por el detenido Fabio Giménez, alojado en la Unidad Penal 3. Acordaba los "trabajos" y daba órdenes.

(El Litoral) La decisión del dueño de un laboratorio rosarino de pagar 500 mil pesos para presuntamente asesinar a un competidor comercial dejó al descubierto "una empresa de sicarios" gerenciada desde una cárcel por un preso que organizaba crímenes por encargo, hecho que el juez de la causa no puede creer que "forme parte de la realidad y no sea una invención cinematográfica". De acuerdo a la investigación, la organización criminal era liderada por el detenido Fabio Giménez, alojado en la Unidad Penal 3 de Rosario, quien está acusado de acordar los "trabajos" por dinero y dar las órdenes a los ejecutores.

Lista de "precios"

Para los acusadores, por un crimen ejecutado cobró 370 mil pesos, una moto y una pistola; por la planificación del asesinato del empresario había pedido 500 mil; y para balear a otra persona Giménez pasó un precio de 40 mil -tras rechazar un pago en flores de marihuana- por "tres tiros en la pierna".
"Planeaban otros atentados a comercios y estaban esperando otros encargos, pero no sabemos cuáles", dijo a Télam uno de los investigadores. Los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, consideran que la organización participó el 16 de abril del crimen de Nicolás "Fino" Ocampo, quien había sido condenado como miembro de la banda del narco local Esteban Lindor Alvardo.
Por ese hecho fueron imputados hace dos semanas Giménez como organizador y Uriel Reynoso y Brian Josué González como los presuntos sicarios que cobraron 370 mil pesos, la moto y el arma con los que cometieron el crimen.

Teléfono intervenido

La trama del asesinato quedó al descubierto porque la Justicia Federal de Rosario había intervenido el teléfono de Giménez en una causa por drogas. A partir de esas escuchas, los fiscales advirtieron que a Giménez le habían encargado otro asesinato, el de un empresario de suplementos nutricionales llamado Mauricio L. Según la investigación, Giménez fue contactado por el empleado de una empresa de catering, Germán Ponce, quien actuó como intermediario de quien está imputado de encargar el crimen, el dueño del laboratorio Nutrilab, Lucas Farruggia quien fue empleador de Mauricio L, pero tras diferencias el joven renunció y abrió su propio comercio.