Todo parece ir de mal en peor. La semana pasada hubo un durisimo comunicado de la Sociedad Rural de Rafaela por la preocupante multiplicación de hechos delictivos en explotaciones agropecuarias ubicadas en distintas localidades del departamento Castellanos sin respuestas hasta el momento por el lado de los responsables de brindar soluciones. En Rafaela, en tanto, se reiteran sin solución de continuidad los episodios violentos; los robos de motos y bicicletas y ahora se le agrega la sustracción de celulares y el seguimiento de personas que realizaron operaciones bancarias en el centro de la ciudad, moviéndose los ladrones a sus anchas sin ningun tipo de control por parte de las autoridades, tanto en el campo como en la ciudad.

Que la delincuencia se mueve a sus anchas en Rafaela y el departamento Castellanos no es ninguna novedad. O sí puede serlo para aquellos que no quieren ver una realidad que es preocupante y que abre un signo de interrogación respecto de lo que vendrá de aquí en más. La semana pasada, tal lo reflejado en sus páginas por Diario CASTELLANOS y reafirmado este martes en el programa Red Urbana que se emite por CNN Radio Rafaela 92.1 por el propio presidente de la entidad, la Sociedad Rural emitió un durísimo comentario expresando en el mismo la preocupación que está instalada en la mayoría de los propietarios y trabajadores de explotaciones agropecuarias debido al crecimiento descomunal de hechos delictivos en lo que ellos consdieran que es "una zona liberada" para que los delincuentes puedan ir y enir sin ningun tipo de control llevándose animales, herramientas e implementos agrícolas e incluso vehículos desde los campos. Sobre ello prácticamente nadie ni del Ejecutivo provincial ni del Poder Legislativo y tampoco del Judicial, se pusieron en contacto con dirigentes de la entidad ni siquiera para manifestarles que están trabajando para tratar de minimizar este flagelo.

En Rafaela

Aquí en tanto, la situación es llamativamente parecida. Si bien es cierto que con las intervenciones en chacaritas clandestinas o inhabilitadas se terminó prácticamente el robo de cables, grifería, picaportes de puertas y portones; y de elementos instalados en medidores de agua o gas en los domicilios de la ciudad, han comenzado a crecer de manera exponencial otros hechos delictivos que muestran que siempre -o casi- los ladrones están un paso -o varios- más adelante que aquellos con responsabilidad de combatirlos. Los robos de motos o motopartes (sobre todo ruedas armadas de los vehículos); la sustracción de bicicletas o partes de las mismas fundamentalmente desde los bicicleteros instalados en inmediaciones de establecimientos escolares de la ciudad; los arrebatos de celulares o carteras dejando a las víctimas sumidas en una depresión y un temor difícil de subsanar con el paso del tiempo. O por ejemplo como sucedió hace algunas horas atrás con la sustracción de un celular que siguió luego con una especie de salidera bancaria en la que dos delincuentes, moviéndose a su antojo por el centro y cruzando la ciudad, le arrebataron una suma millonaria a un hombre que hacía un rato la había retirado de una entidad bancaria. Pareciera que nadie ve nada; que nadie escucha el clamor de la gente que prácticamente a diario desde todos los barrios de la ciudad, reclaman a las autoridades políticas y policiales, respuestas a sus reclamos. Es toda una odisea estacionar en el centro y 'escapar' al asedio y en algunos casos al maltrato y las amenazas de los 'trapitos' que incluso enfrentan a efectivos policiales, de la GUR y ahora también hasta pareciera que se meten con las personas que desarrollan actividades en la Zona de Estacionamiento Controlado. O el hecho de que aquella persona que debe concurrir a los cajeros automáticos ubicados en entidades bancarias del centro rafaelino deban literalmente 'saltar' a las personas que están sentados en las puertas de ingreso pidiendo o espiando para ver lo que uno hace y si se lleva o no dinero del mismo.

Salidera

El martes en la tarde-noche rafaelina se desarrollaron en los Tribunales rafaelinos dos audiencias: una imputativa y la restante de medidas cautelares solicitadas por el fiscal Guillermo Loyola y presididas por el Juez de la Invetigación Penal Preparatoria, Dr. Gustavo Bumaguin. En las mismas el representante del MPA acusó a Pablo Álvarez Morel y a Damián Chávez de ser presuntos autores de un delito caratulado como "Hurto simple", hecho que tiene una de las penas más bajas del Código Penal y por el que habitualmente los delincuentes -asesorados por sus defensores- suelen 'zafar' recuperando la libertad.

Todo había comenzado el pasado viernes cuando alrededor de las 10 de la mañana, Álvarez Morel le sustrajo un teléfono celular a una niña de 13 años, en la Ciclovía del barrio Fátima, detrás de la sede vecinal. Cuando su madre hizo la denuncia comenzó a moverse el aparato investigativo. Pero para ello pasaron algunos días. Mientras tanto, sin ningún tipo de oposición, Álvarez Morel se movilizó hacia el centro rafaelino donde se encontró con Chávez quien se movilizaba a bordo de una moto. Así ambos, sin ningún tipo de oposición tampoco, observaron los movimientos de un empresario rafaelino que primero retiró una importante suma de dinero de una entidad bancaria para pagarle a sus empleados (el hombre es dueño de una fábrica de ascensores de reconocida marca); luego se dirigió hacia otra que está enfrente para realizar un trámite y, tras ello, se subió a su camioneta y se dirigió hacia calle Congreso al 200. Allí fue sorprendido por los delincuentes que lo siguieron -sin ningún tipo de oposición- y cuando la víctima estacionó su vehículo uno de ellos le abrió la puerta del lado del acompañante y le robó una bolsa que en su interior contenía más de cuatro millones de pesos.

Quedaron presos

Después entonces comenzó la investigación y los pesquisas de la PDI, siguiendo el derrotero del ladrón de teléfonos desde el Fátima hasta el centro, pudo reconstruir todo lo que ocurrió después. Lástima que en todo ese tiempo los más de cuatro millones robados quedaron reducidos a 'apenas' ciento ochenta mil que fue lo secuestrado tras los allanamientos realizados.

Es cierto que luego el Juez Bumaguin, a instancias de lo solicitado por el fiscal Loyola los dejó detenidos con prisión preventiva por noventa días, aunque no tanto por el Hurto en sí, sino porque Álvarez Morel ya estaba cumpliendo medidas alternativas por un Hurto calificado donde la víctima terminó lesionada. Ésto a pesar del pedido realizado por Juan Degiovanni -defensor de Chávez- y de Giorgina Alassia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que representó a Álvarez Morel.

Pero no alcanza...

Está claro que todo lo antedicho no alcanza para nada. Los rafaelinos y los habitantes del departamento Castellanos necesitamos respuestas más contundentes. En realidad ya no nos interesa 'la pesada herencia' recibida. Entendemos que es hora de ponerse a trabajar de manera más contundente a fin de poder proporcionarle a los 'ciudadanos de a pie' las respuestas que necesitan y exigen de manera casi permanente. Antes de que pase algo mucho más grave de lo que viene sucediendo.