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Sucesos

Quiénes son los piqueteros involucrados en la causa por extorsión y los jefes de las organizaciones investigadas

Los detalles de una escandalosa causa que revela el abuso de autoridad ejercido por dirigentes sociales y piqueteros contra las personas vulnerables que dicen defender. Se quedaban con parte del dinero que cobraban por parte del Estado. Les exigían asistir a movilizaciones o repartir volantes de candidatos oficialistas.

La causa judicial que dejó al descubierto las maniobras impúdicas, extorsivas y esclavizantes, que realizaron contra los sectores más pobres de la Argentina dirigentes piqueteros que forman parte del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y representantes sociales que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie; iluminó lo que estaba en penumbras.

Lo que se conocía pero se barría bajo la alfombra. Lo que la propia justicia investigó en decenas de expedientes pero no avanzaron. Lo que las autoridades deberían conocer pero no lo denunciaron porque les era funcional o alentaban. Lo que expondría la pesquisa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini, no se podrían haber realizado si detrás de las maniobras no había dirigentes que estaban de los “dos lados del mostrador”, es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables; y por el otro, ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos -devenido en Unión por la Patria-, y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

Si esta fuera una obra de teatro, estaría compuesta de al menos dos actos: en el primero, toman protagonismos los actores principales, los que, al menos por ahora, no están nombrados en las actuaciones judiciales. Ni magistrado, fiscal ni testigos, los han mencionado. Por ahora.

Cada uno tiene peso propio y son las cabezas de cada una de las organizaciones mencionadas o que no fueron nombradas pero formaron parte del manejo multimillonario que el gobierno Fernández destino a los programas sociales, de los cuales hizo su bandera y que administró a través de sus tres ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.

En el segundo acto, los actores son los 27 imputados en el expediente que salvo en un par de casos, son piqueteros y punteros de tercer nivel en la estructura que devela la trama oscura a través de la cual se habrían desviado cientos de miles de millones de pesos para hacer política, pero que es sostener ese grado de impunidad si los jefes de esas estructuras no daban el visto bueno.

En los fundamentos de la fiscalía para solicitar las detenciones allanamientos e indagatorias Pollicita destaca “la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”.

Para ser intelectualmente honesto hay que decir que hasta ahora en el expediente no surgieron los apellidos de los jefes responsables de las organizaciones a las que pertenecían, ni de ex funcionarios. Ese sería el tercer acto de la obra teatral -por cierto dramática- que quizás se escriba cuando comiencen las indagatorias contra los acusados a los que ayer se le inhibieron los bienes y por decisión del juez de la causa no han sido detenidos de manera preventiva.

Los imputados en el expediente son 27 y forman parte de dos movimientos piqueteros. Son, además, de los más activos a la hora de reclamarle a todos los gobiernos -sin importar el color político- por más planes y alimentos para comedores y sus propias estructuras. Se trata del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). El tercer espacio que aparece mencionado es Barrios de Pie, uno de los movimientos que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cuyas principales organizaciones formaban parte del ex oficialismo. De hecho el coordinador nacional de Barrios de Pie es Daniel Menéndez, ex funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora del gobernador Axel Kicillof.

Polo Obrero

El principal referente del Polo Obrero es Eduardo Belliboni. Hasta ahora, en esta causa, el dirigente no fue mencionado. Sí, en cambio, aparece muy activo uno de sus allegados y que forma parte de la Mesa nacional de esa organización: Jeremías Cantero. Cuando Belliboni enfermó de neumonía y estuvo internado más de 20 días, Cantero se hizo cargo de la comunicación. Formó parte de la “Lista 502″ del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, en las elecciones generales del 22 de octubre de 2023, ocupó el puesto séptimo como candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto a Belliboni participa de manera activa de las movilizaciones. Además, entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2024, fue funcionario de Desarrollo Social. Cumplía funciones de “apoyo administrativo” en la entonces Secretaría de Economía Social que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento.

Esa Secretaría de Estado era la responsable del mayor programa, junto al Alimentar, de la cartera de Desarrollo Social, el Potenciar Trabajo. Los beneficiarios debían realizar 20 horas de tareas en una Unidad de Gestión, muchas de las cuales eran del Polo Obrero, pero también del Evita y otros movimientos sociales, como Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, referenciada en Juan Carlos Alderete; el Frente Popular Darío Santillán de Dina Sánchez; o el Movimiento de Trabajadores Excluidos, cuyo principal ex referente era Juan Grabois, que desde que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria, se alejó de la conducción.

Cantero estaba a cargo de suscribir los convenios con las Unidades de Gestión que recibían multimillonarios subsidios por parte del Estado Nacional. De todos modos allí todo pasaba por Pérsico. El Evita de Pérsico integra parte de Unión por la Patria.

Volvamos a Cantero. También formaba parte de la Asociación Civil Polo Obrero.

Según describe el fiscal, a esta altura de la investigación: “Se comprobó —con el grado de provisoriedad propio de la presente etapa procesal— que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, entre los cuales se individualizó a Jeremías Cantero —que coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas—”. En esa misma maniobra también se identificó a “Elizabeth del Carmen Palma —quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social—”.

Tanto Cantero como Palma “también intervendrían en las decisiones sobre el destino del producto del delito, conforme se desprende de una conversación telefónica del día 27 de marzo de 2024 mantenida entre ambos, en la que Palma le manifiesta a Cantero su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue ‘por lavado’ en relación a las “cooperativas que están recibiendo las cápitas’ —mencionando únicamente el nombre “El Resplandor”—, ante lo cual Cantero le propuso ”pensar un plan de adónde va eso’, por el dinero que recibirán de los beneficiarios a los que les imponían una multa de 10.000 pesos si no asistían a una marcha, entre otras maniobras que se describe en la causa.

Para el fiscal: “Dichos elementos sugieren que las actividades de los imputados se orientaron también a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose a la fecha el destino final de ese dinero”.

Otra de las imputadas del Partido Obrero es Patricia Iramain, quien publicaba “la lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las movilizaciones, o que serán degradadas a la última categoría (lista de espera para recibir alimentos o un plan social) por la misma razón —mientras que otros ingresan a comedor por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las movilizaciones”.

Gustavo Vásquez, otro de los imputados, aparece en la causa pidiendo “justificativo médico” a una de las víctimas porque no pudo asistir a una movilización.

Por su parte, Elizabeth Mamini, anuncia a través de un grupo de whatsapp que “estará cobrando las ‘cápitas’ y que deben ponerse al día”. Se trataba de un porcentaje del plan social que cobraban por parte del Estado y que se supone habían conseguido a través del Polo Obrero.

El relato de la causa va in crescendo en abusos aberrantes. Lucca Philippe Quispe Rashuaman “invita a retirar mercadería sólo a los ‘compañeros que participan activamente´ —e incluso les cobran un monto adicional a cada uno en concepto de “flete”— y que la acusada Gloria Jaramillo Morales aclara que la repartición es como siempre solo los que tienen movilización’”.

Los alimentos que debían retirar eran entregados por el entonces gobierno de Alberto Fernández a las organizaciones sociales para ser distribuidos a los comedores y merenderos. Los dirigentes, en cambio, los habrían utilizado como método de coacción para que los beneficiarios vulnerables engrosen las filas de los piqueteros de izquierda.

La ministra Sandra Pettovello cortó ese tipo de intermediación y descubrió, a través de auditorías, que la mitad de los comedores y merenderos denunciados por los movimientos sociales “no existen”.

El fiscal también describe entre sus pruebas que los comedores Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra, administrados por Asociación Civil Polo Obrero “constituye el objeto procesal de este caso la conducta de un grupo de personas que, actuando de manera coordinada bajo distribución de roles y desde —al menos— mayo de 2021, tenía por finalidad la comisión de múltiples actividades ilícitas en perjuicio de los beneficiarios de asistencia social que concurrían a esos tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en ‘movilizaciones’. convocadas por la agrupación Polo Obrero. Con esos objetivos, los imputados hacían saber a los vecinos y potenciales asistentes de los comedores que, para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, debían asistir a determinada cantidad de ‘marchas’ o ‘movilizaciones del “Polo Obrero, lo que aumentaba sus probabilidades de ingresar en una ‘lista de espera’ desde la cual, con posterioridad y según determinaran los imputados, podían pasar a ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan —a lo que llamaban “ascenso”—”.

El escrito revela que “una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que hoy representa $78.000 por mes—, debía asistir a las ‘marchas’ y ‘movilizaciones’ que indicaban los referentes del comedor; en caso contrario, se le daría de baja del plan. A su vez, si se asistía a determinada cantidad de marchas — fijadas por los responsables del comedor— se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior mensualmente —entre $150.000 y $200.000, según cada caso— y que se los denominaba ‘esenciales’, ‘cuadrilla’ o ‘nexo’; y por encima de esa categoría se encontraban los ‘delegados’, que cobraban mayor dinero aún —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades. Asimismo, se les exigía a las víctimas que, en caso de no asistir a una movilización, debían justificar la ausencia y acompañar las correspondientes constancias de las razones que impidieron la participación —como la existencia de turnos médicos—; porque de lo contrario se anotaría como ausencia; lo que podía ocasionar la imposición de ‘sanciones’”.

Las “sanciones”, iban desde no recibir mercadería del comedor por un determinado lapso, hasta “ser degradado de categoría o ser dado de baja del Plan Potenciar Trabajo”.

A los miembros de todas las categorías, en los tres comedores, los imputados -según describe la fiscalía- “les exigían, además de la asistencia a las marchas y movilizaciones, el pago de ‘cápitas’ mensuales equivalentes al 2% de la ayuda social percibida en cada caso; lo que se abonaba en efectivo siempre, los primeros días del mes; y, en caso de incumplimiento, se los incluía en la lista de morosos lo que, según la demora y el criterio de los acusados, podía derivar en la decisión de degradar de categoría al deudor hasta disponer, incluso, la baja del Plan Potenciar Trabajo, por lo que pasaba nuevamente a ‘lista de espera’”.

Pollicita detalló en su escrito que: “El grupo de personas integran este grupo, en una escala superior, lo forman los imputados Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez —quienes cumplían funciones de conducción y coordinación de la actuación de sus integrantes—, mientras que son miembros los delegados de cada comedor —Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald argas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimita tarquino, Gloria Jaramillo Morales Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas y “Francisca” (aún no identificada fehacientemente)—, quienes cumplen los roles específicos dentro de cada comedor, consistentes en transmitir las exigencias coactivas, tomar listas de asistencia y exigir y cobrar el dinero a las víctimas”.

María Isolda Dotti, alias “Tango”, una de las dirigentes que le transmitió a las víctimas “las exigencias coactivas” a los gritos mientras las “amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo”.

Dotti, en las elecciones de 2017 ocupó el puesto 11 como candidata a la legislatura porteña por el Frente de Izquierda y de Los Trabajadores Unidad que ese año encabezó Myriam Bregman y a quien seguía en segundo lugar Gabriel Solano.

En el allanamiento realizado a Dotti en un departamento de la planta baja de la Avenida Chiclana al 3000, en el barrio porteño de Parque Patricio, la policía encontró 54.448 dólares y 479.000 pesos.

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

La justicia encontró una accionar similar al del Polo Obrero, en dirigentes del FOL que estaban a cargo del Comedor Kuña Guapa, ubicado en la Villa 21-24.

El fiscal probó en ese lugar que había un grupo de personas “integrado por Carlos Fernández Kostiuk, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta y Nilsa Elena Torresa”.

Actuando de manera coordinada y “bajo distribución de roles y desde —al menos— octubre de 2021, tenía por finalidad la comisión de múltiples actividades ilícitas en perjuicio de los beneficiarios de asistencia social que concurrían al comedor “Kuña Guapa”, precisan las actuaciones judiciales y se explica que “se apropiaban de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en movilizaciones de la agrupación Frente de Organizaciones en Lucha”.

Si faltaban a una de las “movilizaciones” se les cobraba una “multa” de $10.000 por cada inasistencia, mientras que si faltaban a tres “marchas” o “movilizaciones” les daban de baja del Plan Potenciar Trabajo. En su prolija e indignante descripción, el funcionario judicial dice: “Por otra parte, cada dos meses les entregaban a los beneficiarios una caja con mercadería, que a veces les fue sacada por los delegados como sanción por faltar a las movilizaciones”.

Barrios de Pie

El coordinador nacional de barrios de Pie es Daniel Menéndez. Formó parte de la Secretaría de Economía Social, debajo de Emilio Pérsico y ahora es funcionario del gobernador Axel Kicillof. Barrios de Pie también forma parte de la UTEP.

La pesquisa descubrió, a través de denuncias de víctimas al número 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que en el Comedor Caminos de Tiza, a cargo de Barrios de Pie “se ha probado la existencia de un grupo de personas integrado por Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza”, como en los casos anteriores “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en movilizaciones de la agrupación Barrios de Pie”.

En este caso, las marchas eran a favor de Alberto Fernández, o salir a hacer campaña “casa por casa” para que voten por los candidatos de Unión por la Patria.

“Con esos objetivos, los imputados hacían saber a los vecinos y potenciales asistentes del comedor que, para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, debían no sólo colaborar con el comedor sino asistir a marchas o movilizaciones de Barrios de Pie y repartir volantes de los candidatos políticos que se indicaran, en época de elecciones, todo ello durante un período a fijar por los imputados, lo que les permitiría ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan”.

Las pruebas recabadas en el expediente reflejan: “Por otra parte, los imputados exigían a las víctimas que abonaran $300 cada vez recibían una bolsa con alimentos o mercadería no perecedera, de las que entregaba el Estado Nacional al comedor, lo que sucedía aproximadamente una vez al mes”.

A su vez, en ocasiones, según las denuncias “los imputados vendían por el barrio los alimentos que recibían del Gobierno, exigiendo a las víctimas que colaborasen en la comercialización”. Los integrantes de Barrios de Pie “también exigían a cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo que abonara una cuota trimestral de $1950, sin entregar a cambio ningún comprobante, pero anotando en un cuaderno quiénes pagaban y quiénes no”.

De los dos lados del mostrador

Las maniobras ilícitas investigadas ocurrieron en el marco de los dos programas principales que tenía el entonces Ministerio de Desarrollo Social, hoy rebajado a Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que forma parte del organigrama del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Dentro de la cartera de Desarrollo Social, había dos secretarías que manejaban las mayores partidas presupuestarias y programas, la de Economía Social y la de Inclusión Social.

La primera estaba a cargo de Emilio Pérsico, un ex dirigente Montonero, y cabeza visible del Movimiento Evita. Esa organización era la que contaba con mayor cantidad de cooperativas de trabajo y comedores. El Evita, además, forma parte de Unión por la Patria y militó por Alberto Fernández primero y por el candidato presidencial de ese espacio, Sergio Massa.

La Secretaría de Economía Social tenía como principal programa el Potenciar Trabajo. Bajo la órbita de Pérsico se daban las altas y bajas al programa destinado a aquellos que no tenían un empleo regular. Debían realizar 20 horas de tareas semanales en una Unidad de Gestión. Por ejemplo, cooperativas.

El Movimiento Evita de Pérsico y otras que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, también tenían este tipo de cooperativas y comedores.

El funcionamiento de las cooperativas y parte de los convenios estaban bajo otro dirigente del Movimiento Evita, Alexandre Roig, el entonces titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

La Secretaría de Inclusión Social tenía a cargo el Programa Alimentar. Entre sus alcances estaba el Registro Nacional de Comedores y Merenderos. y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los alimentos para los comedores y las organizaciones sociales salían de allí. Fuente: Infobae.

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