El gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, anunció este martes la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en las unidades penitenciarias provinciales.

Al respecto, Pullaro afirmó que "en éste momento se está realizando una destacada operación restituyendo los pabellones de alto perfil". El mandatario expresó que "los jefes narcos y sicarios van a volver a pabellones de alto perfil y eso nos va a permitir tener un mayor control de estos reclusos. El objetivo es que desde los penales no se cometan delitos; esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, van a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y van a estar monitoreados las 24 horas".

Por otra parte, el Gobernador remarcó: "Vamos a volver a instalar los inhibidores, que están, y no los vamos a bajar más. Y vamos a suspender el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias porque no se puede requisar la entrada de alimentos de todos los presos".

Ingreso de alimentos

Por último, aseguró: "Voy a volver a dar la discusión en la Justicia para que el Servicio Penitenciario no tenga que estar requisando el ingreso de alimentos: vamos a retomar la idea de darles a los reclusos las cuatro comidas por día como se hacía en la época en la que fui ministro de Seguridad, para evitar que tengan que recibir comida desde afuera".

Investigaciones complejas

A su turno, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni detalló los lineamientos en materia de Seguridad: "Vamos a retomar las investigaciones complejas, establecer un dominio estatal en los ámbitos penitenciarios y reformar la Justicia y hacerla para la gente. Estos objetivos dependen de un sinnúmero de medidas para poder llevarlos a cabo en una situación que es realmente grave en cuanto a los recursos disponibles".

Al hablar de cifras, el Ministro detalló que se trazará "una línea de arranque en una ciudad como Rosario, donde sólo hay 20 patrulleros más dos parejas de motoristas. En Santa Fe hay 8 patrulleros más dos motos en la ciudad. Esto nos lleva a tomar medidas que son extremas pero que en la coyuntura son indispensables".

Bloqueo administrativo

"Lo primero que hemos dispuesto es un bloqueo administrativo por el lapso de 90 días. Esto implica la clausura de todas las oficinas administrativas policiales que no sean funcionales a ésto y sacar todos los efectivos policiales a la calle", detalló. "En segundo lugar -continuó-, recuperar con medidas de urgencia el diagnóstico de refacción de la flota policial. Los vehículos tienen que estar en condiciones para que el Policía haga su trabajo y desde el lunes nuestros equipos estuvieron en la Unidad Regional II (Rosario) y Unidad Regional I (Santa Fe) y así lo vamos a hacer en toda la provincia para reconstruir una flota que hoy por hoy está diezmada", agregó el titular de la cartera.

Policías sin licencia

Maximiliano Pullaro decidió aplicar toda la experiencia que adquirió en sus épocas de ministro de Seguridad y ahora, con el cargo de gobernador, comenzó a aplicar una serie de medidas destinadas a enfrentar la situación de inseguridad que padece la provincia.

En ese sentido, el Gobierno Provincial difundió ayer la Resolución a través de la cual el Ministerio de Seguridad provincial suspendió por el plazo de 90 días el uso de licencias para el personal de las fuerzas de Seguridad. La medida, firmada por el titular de la cartera Pablo Cococcioni, también ordenó por el mismo lapso el bloqueo de las tareas administrativas de la Policía en las comisarías.

La Resolución Nº 2 que lleva la fecha de este martes tiene cuatro artículos. En el primero, se deja asentado el anuncio hecho por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Cococcioni que, tal como indicaron, busca que haya "más policías en la calle".

En tanto, en el Artículo 2º se expresa la suspensión del uso de licencias y agrega que la medida es tomada en el marco de "la situación de emergencia operativa de la provincia de Santa Fe".

En el tercero, el Ministro faculta a la Secretaría de Coordinación Técnica de la cartera de Seguridad y Justicia para realizar una auditoría durante 90 días de las funciones administrativas policiales. Luego, deberá elevar un informe con las conclusiones y propuestas para reestructurar en la órbita civil y transferir a terceros funciones administrativas innecesarias, superfluas y que puedan ser cumplidas sin afectar la disponibilidad de los recursos policiales.