El Ministerio de Seguridad de la Nación prorrogó la emergencia en materia penitenciaria por dos años más, desde la fecha de vencimiento del plazo establecido previamente. Se oficializó la medida por medio de la publicación de la Resolución 254/2024 en el Boletín Oficial. Responde a la persistente crisis en el sistema penitenciario federal, que se enfrenta a sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y problemas de gestión.

Situación actual en el sistema penitenciario

El sistema penitenciario federal de Argentina actualmente alberga a 11.453 personas, superando su capacidad operativa de 11.361 plazas, de acuerdo con la Resolución Ministerial de Condiciones de Habitabilidad de junio de 2021. Este exceso pone al sistema en una situación de sobrecarga que afecta la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y genera riesgos para los derechos humanos.

Además, se espera el ingreso de otras 4.265 personas privadas de la libertad desde distintas dependencias policiales y de seguridad del país, lo que agrava aún más la falta de capacidad del sistema penitenciario.

El 54.88% de las personas alojadas en el sistema penitenciario federal están condenadas, mientras que el 45.10% son procesados. Estos datos ponen de manifiesto la urgente necesidad de gestionar de manera eficiente los procesos judiciales y la situación de las personas privadas de la libertad.

Deficiencias en la infraestructura

Una de las principales razones de la emergencia es la obsolescencia de la infraestructura penitenciaria. Los procesos judiciales han revelado que las instalaciones están en condiciones precarias, sin el mantenimiento necesario para sostener su habitabilidad y operatividad en condiciones de seguridad.

Por ejemplo, muchas unidades penitenciarias federales son centenarias y requieren adecuación, renovación y modernización para garantizar las condiciones de habitabilidad y los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y los miembros del servicio penitenciario que trabajan en estos centros.

Iniciativas de asistencia bajo vigilancia electrónica

El Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, implementado como una alternativa a la prisión a través de la Resolución N° 1379/2015, ha ayudado a aliviar la presión en las cárceles. A la fecha, este programa cuenta con 1.334 personas incorporadas mediante el uso de dispositivos de monitoreo electrónico, a solicitud de la justicia nacional y federal.

Desde la declaración de la emergencia penitenciaria en 2019, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) ha entregado 4.070 dispositivos electrónicos en el marco de 23 convenios de asistencia técnica y financiera con distintas provincias del país.

Nuevos desafíos

El reciente cambio de gestión de autoridades el 10 de diciembre de 2023 ha mostrado que las circunstancias que motivaron la emergencia en 2019 y 2022 no han mejorado, sino que se han profundizado. La nueva administración señala que, además de la falta de capacidad, el sistema se ve afectado por la falta de infraestructura adecuada y el incumplimiento de acuerdos importantes para la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias.

El gobierno nacional ha destacado la importancia de la construcción de nueva infraestructura penitenciaria como una política pública fundamental para superar la emergencia. Sin embargo, proyectos clave como el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz han sido suspendidos, lo que ha impedido el aumento de plazas penitenciarias.

Objetivos de la prórroga

La prórroga de la emergencia busca enfrentar los desafíos actuales mediante la elaboración de propuestas de reformas y políticas públicas que permitan resolver la situación. Además, se pretende llevar a cabo un relevamiento de la infraestructura existente para identificar necesidades de construcción, renovación y modernización de los establecimientos penitenciarios.

En línea con estos objetivos, se han aprobado sistemas de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, así como programas para combatir el accionar de miembros de organizaciones criminales alojados en el sistema.

Fuente: El Litoral.