Por Mayra Aguilar

Tres de los ocho imputados quedaron en prisión preventiva sin plazo, en el marco de una investigación por asociación ilícita y estafas cometida por el Grupo Inmobiliario Spaggiari, que hasta el momento suma 173 hechos, 85 denuncias y más de U$S1.700.000. La medida cautelar fue impuesta por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria Gustavo Bumaguin, a raíz del pedido formulado por la Fiscalía de Delitos Completos del Ministerio Público de la Acusación, con la representación del Dr. Guillermo Loyola. La audiencia que duró más de 15 horas, se desarrolló en la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela.

Tal como adelantara CASTELLANOS en su portal web, el sábado desde las 8 de la mañana, había iniciado la ampliación de la imputación realizada el pasado miércoles. Allí se mencionó que el MPA continúa recibiendo denuncias, y con la investigación en curso se estima que el número ascendería notablemente, uno de los querellantes esbozó que la cifra en dólares sería cercana a los 20 millones de dólares.

La maniobra que hasta el momento habría perjudicado a un centenar de ahorristas, aunque extraoficialmente, señalan que serían miles los damnificados y que el monto de las operaciones en dólares, superarían el millón setecientos mil, mientras que en las operaciones con pesos argentinos versan en los $41.664.657. Si se suman ambas operaciones y se cotizan al dólar oficial, se estaría hablando de $669.671.484.

En su relato la fiscalía indicó que todas las víctimas llegaron al grupo a conformar ese fondo común de inversión, porque se enteraron por un familiar, por un amigo, por una recomendación que le dieron para integrarlo, básicamente por medio del “boca a boca”. En la búsqueda de captación de nuevos ahorristas, mostraban folleterías, las empresas, tanto la de fabricación de ladrillos ecológicos como la de aberturas, mostraban sus desarrollos inmobiliarios, y todo permitía expandir una imagen de confianza en el grupo.

La operatoria habría comenzado, si se toman los primeros contratos, en el año 2019. Le ofrecían a la gente altos porcentajes de rendimientos. Por ejemplo, en los contratos de dólares, otorgaban presuntamente un interés que iba entre el 2 y el 3% mensual, (cuando la tasa de interés en el Banco Central como en otras entidades bancarias, el interés anual es del 1.75%). De acuerdo a la cantidad de dinero y a los meses de inversión, esa tasa de interés variaba convirtiéndose aún más seductora. A modo de ejemplo, el MPA explicó que “en un contrato de 12 meses, la gente recibía un rendimiento del 30% o del 36%”; muy por encima de las tasas oficiales, por lo que Loyola se preguntó, “¿cómo las víctimas no se van a ver tentados de obtener esos rendimientos?”.

Asociación Ilícita

En su pormenorizada descripción de la maniobra del grupo, el fiscal Loyola, que había solicitado la prisión preventiva de los ocho imputados, fundamentó que “aunque la asociación ilícita conlleva una pena de 5 a 10 años, es importante recordar que en este caso estamos tratando con acusados que han causado daños irreparables”.

El fiscal también subrayó que en ninguno de los allanamientos realizados se ha encontrado documentación relacionada con los ahorristas o la actividad de la empresa. “Esto sugiere que los acusados han ocultado deliberadamente esta información en los últimos meses, lo que refuerza la sospecha de que han estado involucrados en actividades fraudulentas y engañosas”.

Para comprender el tipo penal que enmarcó la fiscalía, de asociación ilícita, en la misma deben darse tres elementos básicos: la asociación para delinquir, que esté conformada por un número determinado de personas (8 en este caso) y que el propósito que persiga sea causar perjuicio patrimonial a un tercero.

Loyola, entendiendo que estos elementos se daban y es que solicitó las medidas cautelares para garantizar que los acusados no eludan la justicia y que se puedan llevar a cabo las investigaciones pertinentes. "Las víctimas merecen justicia y reparación, y es esencial asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones".

Ni estafa, ni asociación ilícita

Si bien, los abogados defensores representaron de forma separada a cada uno de sus pupilos. Parte de los doctores enfatizaron y desestimaron la imputación de la fiscalía. Por un lado, la defensa a cargo del Dr. José María Silvela, que representó a Fernando y Matías Spaggiari, acusados de ser los jefes de la Asociación ilícita, Miriam Bravo y Mirta Candotto (acusadas de ser miembros de la asociación), subrayo “nosotros remarcamos que, si bien se trata de una sociedad donde los mencionados son jefes, se refiere a una sociedad de responsabilidad limitada que se encuentra debidamente inscripta y que no persigue el fin de delinquir”.

A su vez, resaltaron que no hubo estafa, sino incumplimiento contractual. Extraoficialmente, CASTELLANOS pudo conocer, que la empresa, cuando comenzó a tener problemas para cumplir con las obligaciones que habían asumido, contrataron a dos profesionales, que les sugirieron ir a la quiebra; pero los imputados para poder cumplir con sus clientes decidieron acudir a un estudio jurídico y realizar acuerdos privados con todos los clientes a los que se les debía y acordar un plan de pago, “la idea era que nadie salga perjudicado”. Al parecer, algunos damnificados habrían aceptado este plan de pagos, mientras que otros procedieron acudir a la Justicia.

Respaldando esta postura, el defensor Dr. Andrés Colón, añadió que “varias personas que hoy se consideran afectadas, han recurrido directamente a la esfera civil, planteando demandas, medidas cautelares, embargos, inhibiciones y todo tipo de acción que pueda tutelar sus legítimos derechos patrimoniales y que hoy justamente no están aquí presentes, por considerar que la única vía legal, como dije anteriormente, idónea y apta. Muchos de los damnificados que no se encuentran en carácter de denunciantes, sino que están canalizando sus acciones mediante la vía civil, como dijimos anteriormente y para el caso de que no se haya escuchado, consideramos que es la vía idónea para lograr percibir la suma”.

“Estamos en presencia de un claro incumplimiento contractual, porque con ese criterio ante el surgimiento de una deuda, todos deberían recurrir a la justicia penal y hacer denuncias porque la otra parte no ha cumplido con lo pactado”, sentenció Colón.

La palabra de los acusados

Germán Garetto y Gabriel Ullman, imputados como miembros de la asociación, y dos ex empleados del Grupo Inmobiliario Spaggiari, han compartido sus testimonios en el marco de las acusaciones que enfrenta esta empresa por presuntas estafas y actividades ilícitas. Ambos trabajaron en el ámbito inmobiliario y ofrecieron una visión de su experiencia en la compañía. Garetto, según su testimonio, se unió a la empresa en 2018, desempeñó un papel fundamental en la confección de contratos y la intermediación en transacciones inmobiliarias. Expresó su confianza en los proyectos de la empresa al punto de invertir su propio dinero. Sin embargo, a partir de noviembre de 2023, comenzaron a surgir problemas de pagos, lo que lo llevó a buscar otro empleo. Garetto también compartió que aconsejó a otras personas que no invirtieran dinero en la empresa. Se retiró en febrero de 2013 y expresó sus disculpas a las posibles víctimas, asegurando que nunca tuvo la intención de estafar a nadie ni de participar en actividades ilícitas.

Por su parte, Gabriel Ullman comenzó a trabajar en agosto de 2017 en el sector inmobiliario de la empresa. Desarrolló un grupo inmobiliario y participó en la expansión de la cartera de propiedades para venta y alquiler. Aunque hubo problemas financieros, mantuvo una fuerte confianza en la empresa y sus proyectos. Su función se centró en la parte inmobiliaria, y aunque notó problemas, continuó cumpliendo con sus responsabilidades. En diciembre de 2022, comenzó a notar problemas más graves y finalmente dejó de trabajar en mayo de 2023. A pesar de su participación, no estaba al tanto de las actividades fraudulentas y se considera a sí mismo una posible víctima. Su intención era que la situación se resolviera de manera justa.

A su turno, Matías Spaggiari, también prestó declaración, y manifestó que todo fue en blanco y que los damnificados fueron voluntariamente a firmar su contrato y a dejar su dinero, sostuvo que no existió folletería, como lo dijo la fiscalía. Y además agregó que, los empleados siempre estuvieron en blanco, por ende, no se trata de una asociación ilícita, Finalmente, expresó que nunca tuvieron un fin criminal, simplemente se atrasaron con los pagos. “Si hubiese querido escaparme, lo hubiese hecho en diciembre”, sentenció.

La palabra de las víctimas

El Juez Bumaguín, tras el largo desarrollo de las partes, dio la posibilidad a las víctimas de expresarse, y así lo hicieron algunas de las tantas. Una de ellas señaló que “en una reunión privada estuve con Matías y Fernando, ellos me manifestaron que no iban a descapitalizarse para devolverme mi dinero, cuando ellos hicieron su capital con nuestros fondos, con el sacrificio y los ahorros de nuestra vida”, dijo entre lágrimas la víctima.

“El dinero lo necesitábamos porque mi hijo tenía un problema de salud y debíamos operarlo. En el mes de abril tuvimos la fecha de quirófano y pedimos por favor que nos devuelvan la plata. No solo, no tuvieron empatía, sino que nos enviaron a un estudio jurídico donde nos quería hacer firmar otro contrato”, indicó.

“Le quiero pedir Sr. Juez, que haya una pena ejemplar, porque se robaron nuestros sueños, que paguen lo que hicieron y que nos devuelvan nuestro dinero”, cerró la víctima.

La decisión del Juez

El Dr. Gustavo Bumaguin entendió que la asociación ilícita estaba acreditada por el número de evidencias con el que contaba la fiscalía y ordenó la prisión preventiva sin plazo para los hermanos Fernando y Matías Spaggiari, así como también su madre Mirta Condoto, quien cumplirá dicha prisión bajo la modalidad de domiciliaria. Imponiéndoles una inhibición de bienes de cada uno, por un monto superior a los 200 millones. “Tienen los recursos económicos suficientes para poder profugarse y quedar invisibles para la Justicia, solo falta la decisión de hacerlo”, fundamentó el Juez.

Sobre el resto de los imputados, Myriam Bravo, Cristian Clemenz, Germán Garetto, Carolina Schaberger y Gabriel Ulman, decidió que esperen el proceso judicial en libertad con medidas alternativas tales como: una caución personal de 50 millones de pesos -Prohibición de acercamiento con las víctimas -Prohibición de salir del país -Presentarse semanalmente ante la justicia.