14.02 La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en horas de la mañana de este martes y fue presidida por la jueza de la IPP, Cristina Fortunato. Los fiscales Gabriela Lema y Nicolás Stegmayer la acusaron de ser organizadora de una asociación ilícita liderada por «Yiyo» Ramallo, y coautora de Homicidio doloso calificado en forma de precio, promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

En horas de la mañana de este martes, y con una duración de casi 4 horas, bajo la presidencia de la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato, se desarrolló una audiencia de medidas cautelares de la acusada Tamara San Lorenzo -alias «La Gringa Jara»- imputada por ser organizadora de una asociación ilícita comandada desde la cárcel por Evelio Horacio Ramallo -alias «Yiyo»- y además, como coautora del delito de Homicidio doloso calificado en forma de precio, promesa remuneratoria, y con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

La investigación está a cargo de los fiscales Gabriela Lema y Nicolás Stegmayer. El hecho endilgado a San Lorenzo ocurrió en diciembre de 2021 frente a la plaza del barrio Italia, cerca de la intersección de calles Edison y Destéfanis, lugar donde fueron asesinados Miguel Ángel Mendoza -alias «Mosquito»- y Marcelo Sánchez, tras ser atacados por individuos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, quienes aparearon al Fiat 147 en el que se movilizaban las víctimas y efectuaron disparos con armas de fuego a muy corta distancia, en un típico ataque sicario.

Cabe recordar que Tamara San Lorenzo se entregó en la sede de la Fiscalía Regional Nº 5 en compañía de su abogado defensor, Federico Scarinci, tras permanecer prófuga y con pedido de captura desde marzo pasado, cuando fueron detenidos y acusados el resto de los integrantes de la banda.

Para los fiscales, tal lo señalado en aquel momento, Tamara San Lorenzo era la encargada de la logística de las acciones, brindando alojamiento a personas ajenas a la ciudad y proveyendo recursos materiales para consumar los delitos (vehículos y armas de fuego) y también se encargaba de recaudar el dinero para el funcionamiento de la organización.

Si bien la acusada había negado su apodo de “Gringa Jara” y de “ser una asesina”, las pruebas en su contra resultaron contundentes para la jueza que determino la prisión preventiva sin plazo, ni beneficios.

Le negaron la domiciliaria