11.00 Los fiscales evalúan aún si solicitan al juez Nicolás Falkenberg el revocamiento de su decreto. Se trata de la decisión administrativa a través de la cual, el magistrado denegó la posibilidad de realizar la audiencia de manera pública y en Tribunales. La defensa había advertido que seguía sin ser notificada.

(El Litoral) Quedó en suspenso la audiencia imputativa prevista para este martes al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez la habían solicitado a través de la Oficina de Gestión Judicial, en el marco de la causa en la que el ex funcionario es investigado por la presunta compra ilegal de armas. Pero según confirmaron fuentes del propio Ministerio Público de la Acusación a El Litoral, la audiencia no se realizará mañana.
Como publicara este diario oportunamente, el juez Nicolás Falkenberg había respondido a los fiscales a propósito de la solicitud de audiencia, que no existía razón para que la misma se realizase en Tribunales, de manera pública y con presencia de un magistrado, puesto que los presuntos imputados transitan el proceso en libertad. En esa situación, los mismos fiscales pueden celebrar la imputativa en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación. Desde entonces, Hernández y Jiménez evalúan – aseguran que los plazos procesales no han vencido aún- si solicitan al juez que revoque su decreto, o si reprograman la audiencia para la fecha que consideren más conveniente. Y fundamentan que pedir la audiencia con presencia de un juez, respondía a la intención de solicitar medidas cautelares en la misma instancia.

Armas

La denuncia contra Marcelo Sain la presentaron el año pasado un grupo de diputados provinciales radicales capitaneados por Juan Cruz Cándido. La investigación puso bajo la lupa la compra de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotiradores y 6 fusiles para francotiradores de cerrojo manual. El monto de la compra superaba los 1.400 millones de pesos.
La oposición denunció ante la justicia que el pliego estaba confeccionado a medida de una empresa israelí, y el proceso fue frenado por los propios mecanismos internos de la administración. Particularmente el Ministerio de Economía emitió un dictamen ordenando detener el proceso de comprar que, de hecho, nunca se reanudó.