Por Hugo Alconada Mon

Vuelve a flamear la bandera roja de remate. La Justicia ordenó retomar las subastas de bienes de la constructora Austral Construcciones. ¿Su objetivo? Cubrir el tendal de deudas impagas que arrastra Lázaro Báez y, si algo sobra, que el Estado nacional pueda recuperar al menos parte de la fortuna que le robó con obras públicas inconclusas, sobreprecios, facturas truchas y otras prácticas criminales derivadas de la corrupción y el lavado durante el kirchnerismo.

La orden la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el martes 3, al admitir el reclamo de varios acreedores afectados por la decisión del juez Máximo Astorga, quien había suspendido los remates en abril pasado hasta que la Corte Suprema defina qué tribunal tiene la última palabra sobre Austral Construcciones: si el Juzgado 28 en lo Comercial que él subroga o el Tribunal en lo Criminal Federal N° 5. Es decir, el tribunal a cargo del juicio oral por las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, que tiene entre los acusados al propio Báez y a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Los camaristas Pablo Heredia y Gerardo Vassallo concluyeron que la Justicia en lo Comercial puede retomar con los remates, pero que deberá avanzar de manera “armónica” con el reclamo que llegó desde los tribunales federales de Comodoro Py. Es decir, que hasta tanto la Corte Suprema tome una decisión definitiva, el juez Astorga podrá avanzar con la subasta de vehículos y maquinaria vial, herramientas, bienes de uso e inmuebles para pagarle a los acreedores que se presentaron en el expediente de la quiebra, como el Banco Nación, y también a síndicos y martilleros, entre otros. Pero le ordenó también que antes de adoptar decisiones importantes en el expediente de la quiebra, deberá informarle al TOF 5.

La Cámara consideró, además, que una vez cubierto el pasivo ya previsto en la quiebra, todo el dinero que se recaude en los remates deberá resguardarse en una cuenta bancaria para cubrir las multas, decomisos y costas que se dispongan y ejecuten contra Báez en el fuero penal, como también “responder a las acciones de daños y perjuicios que puedan iniciar las personas damnificadas por los delitos investigados” durante los últimos años.

Heredia y Vassallo admitieron así los recursos de apelación de síndicos, martilleros y del Banco Nación, que como acreedor busca recuperar parte del capital que le prestó a Austral Construcciones con la garantía de hipotecas y que había argumentado que la decisión del juez Astorga implicaba un perjuicio para el Estado Nacional.

Los camaristas compartieron, además, el criterio del fiscal general del fuero en lo Comercial, Javier Lorenzutti, quien había propuesto “armonizar el interés de evitar la total paralización del proceso [de la quiebra], y, por otra parte, la finalidad tenida en cuenta en el marco del juicio penal, para que exista un patrimonio sobre el cual –eventualmente– poder hacer efectivas las consecuencias económicas que de allí se pudieran derivar”. Es decir, una eventual condena que conlleve decomisos, entre otras opciones.

beneficio a ambos procesos”, en alusión al de la quiebra y a la causa “Hotesur-Los Sauces”, ya que recordó que cualquier ejecución patrimonial suele conllevar demoras y gastos. “De ahí que, en el supuesto de tener que hacer efectiva una pena de consecuencia patrimoniales, resultaría más conveniente contar con una suma líquida en dinero, fácilmente disponible, en lugar de bienes físicos, pendientes de realización”, sostuvo.

La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial se produce, además, en un contexto inflacionario que, aunque decreciente, ronda el 4% mensual, sin que haya certeza sobre la fecha en que la Corte Suprema podría tomar una decisión, ni cuándo podría el TOF 5 sentar a la familia Kirchner, Báez, López y De Sousa en el banquillo y comenzar el juicio oral.

El 12 de julio pasado, el TOF decidió suspender el inicio de la instancia oral luego de que el fiscal Diego Velasco le reclamara avanzar con distintas medidas de prueba y fijar una fecha para la apertura del juicio. Con la firma de los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli, el tribunal estimó que los recursos extraordinarios que todavía debe resolver la Corte Suprema impiden fijar una fecha tentativa.

Con cuatro condenas ya sobre sus espaldas, mientras tanto, Báez permanece bajo arresto domiciliario en su casa en Santa Cruz. Ya fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos en “la ruta del dinero K”, a seis años en la “causa Vialidad”, a tres años y seis meses por evadir los aportes patronales de los empleados de Austral Construcciones y a otros cuatro años y medio, también por lavado, con la compra del campo uruguayo “El Entrevero”.

Pero Báez afronta serios problemas judiciales no sólo en el fuero penal. En el expediente del fuero en lo Comercial que se inició en 2017, la Justicia ya declaró la quiebra de Austral Construcciones, la nave insignia del holding que había erigido al amparo de la familia Kirchner, y los remates comenzaron a sucederse. Hasta ahora se recaudaron cerca de $2600 millones, según las probanzas judiciales, que se destinaron mayormente a cubrir la deuda que arrastra con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Nación, otros acreedores menores y los honorarios y costas derivados del propio proceso falencial.

Los remates judiciales conllevaron, sin embargo, sinsabores comunes a esos procesos. Así, por ejemplo, la primera estancia de Báez que afrontó el golpe de martillo fue Río Bote, ubicada a 40 kilómetros de Río Gallegos. Fue una de las primeras grandes propiedades que adquirió el presunto testaferro de los Kirchner. Pagó US$1,5 millones en 2006, pero en junio de 2022 se la quedó un tercero por un valor ocho veces más bajo. Fue el único oferente en la subasta.

Ahora, la Cámara en lo Comercial autorizó a avanzar con la enajenación de otros bienes que Báez acumuló durante sus años de apogeo. Incluyen campos y estancias por el equivalente a la superficie de 23 ciudades de Buenos Aires juntas, como mínimo, además de autos, camionetas, maquinaria pesada, aviones, camiones, barcos, inmuebles, acciones, joyas, bodegas y dinero en efectivo, entre otros activos en la Argentina y en el exterior. Y la búsqueda continúa. Fuente: La Nación.