La Unidad Regional XVII de policía del departamento San Lorenzo volvió a ser intervenida. Esta vez por orden del ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, que tomó esa decisión luego que esta semana tomaran conocimiento de una grave denuncia que realizó una agente policial, que reveló serias irregularidades en la Alcaidía de esa localidad, donde –de acuerdo al contenido de la presentación– habría pabellones VIP, ingresarían menores y mujeres a calabozos donde hay personas acusadas de delitos sexuales, entre otras cosas. Detrás de esta trama hay una fuerte interna policial, con jefes que fueron desplazados durante la gestión anterior.

El secretario de Seguridad de la provincia, Omar Pereyra, confirmó que fue designado como interventor el comisario Gustavo Rapuzzi, quien ocupó la jefatura de manera interina de esa unidad regional, cuando en noviembre de 2019 Gonzalo “Chino” Paz –que era el jefe– pidió el pase a retiro. Paz tomó esa decisión luego de que su nombre fuera mencionado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en el juicio contra Esteban Alvarado, cuando habían sido imputados el ex subjefe de Drogas Peligrosas, Gustavo Spoletti, y el titular de una seccional de Carcarañá, Cristian "Chamuyo" Di Franco, ambos cercanos a Paz.

La decisión de intervenir la URXVII se aceleró a raíz de una denuncia que investiga la Fiscalía de San Lorenzo en la que se hace mención a serias irregularidades en esa jefatura policial, que hasta el miércoles estaba a cargo de Sebastián Igonet y Sebastián García, respectivamente. Pereyra confirmó que el exjefe de la Alcaidía de la URXVII, Luciano Casterán, fue pasado a disponibilidad. La denuncia apunta contra este jefe policial, a quien se acusa –según publicó el diario Síntesis de San Lorenzo– de hechos de corrupción que van desde la liberación transitoria de detenidos, relajo en las requisas, irregularidades en la conformación de las guardias en las que favorecería a dos “amantes” y trata de menores, hasta el tráfico de drogas.

Según la denunciante –quien realizó una presentación formal ante la delegación Zona Sur de la Unidad Especial de Asuntos internos de la Agencia de Control Policial–, recibía órdenes directas de Casteran y del subinspector Hernán Gómez para que “no se requise” a tres mujeres que concurrían a visitar a reclusos y que “las deje pasar así nomás”, directivas que “eran muy comunes, pasaban todo el tiempo”, indicó. En la denuncia se agrega que “dejan ingresar a menores de edad, siendo que en esos pabellones hay muchos detenidos por causas por abuso sexual” y sostuvo que ingresan “sin DNI, decían que eran visitas al jefe, nenas de 12, 13, 15 años que pasaban con su consentimiento”. En otro tramo se aseguró que “los presos salen a tirar la basura y los saca a que les cocine”. Luego, tras identificar a esos reclusos, la denunciante señaló que “salen varios de los pabellones” y agregó que el jefe de la Alcaidía “cuando le dije en reiteradas oportunidades que algunos presos salían y tardaban en volver, no hacía nada, hasta que yo misma me di cuenta de que siempre lo supo”, indicó.

En otro orden, agregó que la planta alta de la Alcaidía “es un penal VIP” que “nunca se requisa” donde “están alrededor de 60 detenidos, la mayoría con causas de abuso, homicidios, etc.”, detalló y agregó; “la mayoría son gente grande que también sale”, además de que “reciben visitas en cualquier horario”.

Tras asegurar haber recibido hostigamiento y amenazas directas de Luciano Casteran, la mujer policía contó en su denuncia que “pasan estupefacientes a los penales, cuando se topan con eso no hacen procedimiento, creo que se los quedan ellos”, expresó y agregó: “A la cocaína la pasan en botellas de cloro”. El secretario de Seguridad de la provincia admitió que en el Ministerio tomaron conocimiento de la denuncia luego de que trascendiera en el diario de San Lorenzo. Por eso, se decidió intervenir otra vez la Unidad Regional XVII, como hizo el exministro Marcelo Saín, que nombró al comisario Carlos Lemos al frente de la intervención.