En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Omar Perotti se reunió con legisladores del oficialismo y la oposición. Además, asistieron al encuentro los intendentes de las dos ciudades más importantes de la Provincia: Emilio Jatón (Santa Fe) y Pablo Javkin (Rosario).
Según pudo saber este medio, en el mitín se trataron dos temas fundamentales: por un lado, la inseguridad; por el otro, la postura del Ejecutivo sobre el presunto espionaje llevado a cabo por Marcelo Sain cuando estaba a cargo del Ministerio de Seguridad.
La vicegobernadora, Alejandra Rodenas; los ministros de Seguridad, Jorge Lagna; de Gestión Pública, Marcos Corach; de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; y distintos funcionarios provinciales, acompañaron a Perotti en la reunión.
Entre los objetivos del Gobernador está el de lograr consenso en torno al paquete de leyes que están trabadas en la Cámara baja (ley de Seguridad, ley del Sistema Policial y ley de Control Policial) y la ley de "emergencia en seguridad", que podría ser presentada en el temario de sesiones extraordinarias.

Jueces Federales

La grave crisis en materia institucional y de seguridad por la que atraviesa la provincia de Santa Fe comienza a llamar la atención de diferentes actores políticos y judiciales a nivel nacional. En medio del cimbronazo político originado por los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia y del incremento de hechos de violencia e inseguridad, llegó un planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jueces federales y nacionales de todo el país le plantearon a la Corte su preocupación "por la situación de extrema gravedad de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado" en la Provincia, y en especial la ciudad de Rosario. La nota fue firmada por la Junta de Presidentes de todas las Cámaras de Apelaciones Federales y Nacionales del Argentina. En la misma, le pidieron a la Corte Suprema que intervenga para que la situación sea visibilizada y trasladada a la agenda pública nacional. En esa dirección, los magistrados instaron a todos los Poderes del Estado -tanto provinciales como nacionales- a trabajar en forma conjunta y coordinada "en búsqueda de soluciones inmediatas y eficaces". Los jueces federales entienden que el peligro que enfrenta la jurisdicción de Rosario "debería ser una cuestión prioritaria a nivel nacional", ya que temen que estas conductas delictivas de "extorsión y crimen organizado puedan repetirse en otras provincias, si no se actúa de forma urgente". "La naturalización de esta crisis, aumenta el poder de las mafias, reduciendo la capacidad del Estado para enfrentarlas y combatirlas", advierten.
Según los jueces, la trascendencia y notoriedad de los delitos que suceden en la provincia de Santa Fe requiere redoblar esfuerzos para prevenirlos porque "ponen en juego la institucionalidad del Estado, ya que se encuentran en juego la vida de las instituciones y el Estado de Derecho".