18.25 El ex ministro de Seguridad y su asesor Pablo Cococcioni pidieron a la fiscal que les confirme si se recabó información de manera irregular y se les dé acceso a la causa.

Pese a la calma que suele dominar los tribunales durante enero, el 2022 arrancó caliente en la Justicia santafesina: Maximiliano Pullaro y su asesor y ex funcionario Pablo Cococcioni se presentaron ante la fiscal a cargo de la causa sobre presunto espionaje ilegal en la provincia y solicitaron información sobre el expediente que desde hace más de un mes sacude la escena pública provincial.
En un escrito de tres páginas, Cococcioni indica que una nota publicada este lunes en el portal Rosario3 menciona su nombre entre las personas que podrían haber sido víctimas de espionaje ilegal por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia.
“Aparezco mencionado como una de las personas sobre las cuales la gestión institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe habría ordenado tareas de investigación, inteligencia o perfilamiento, por fuera de los carriles formales impuestos por la normativa procesal”, señala el ex secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
Y agrega: “Se trataría de una actividad ilegal, y posiblemente delictual, de recopilación de información pública y no pública sobre distintas personas, presumiblemente con finalidades espurias como el chantaje, el despliegue de presión sobre posibles rivales políticos y hasta la obtención de lucro ilícito”.
Comparto la presentación realizada ante la Fiscalía, en relación a las versiones que me señalan como posible víctima de las tareas de investigación, inteligencia o perfilamiento que habría desplegado el gobierno de Santa Fe por fuera de los carriles legales.
En su presentación, Cococcioni solicita a la fiscal jefa de la unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariela Jiménez, que se informe si efectivamente existe información recabada irregularmente por el Ministerio de Seguridad y, en ese caso, se le otorgue acceso a toda la información y que se informe la identidad de las personas señaladas como autores y partícipes y su situación procesal.
“Si se comprueba esto es de una gravedad institucional enorme: si existía una central de inteligencia ilegal nos retrotrae a los peores años de la Argentina, no estábamos acostumbrados a vivir cosas de este estilo”, dijo Pullaro a La Capital.
“Esto tiene que ir a fondo, no sólo aparecen dirigentes de la oposición sino también del oficialismo, esto tiene que tener una clara respuesta institucional”, señaló el ex ministro de Seguridad.
Según la respuesta de la fiscal Jiménez, adelantó Cococcioni, evaluarán presentarse como querellantes en la causa. De todos modos, no esperan que sea rápido: además de la feria, pesa el tamaño de la causa. “Es posible que haya mucha información para analizar antes de responder”, dijo el letrado.
Podrían ser las primeras de una catarata de presentaciones judiciales. En los pasillos de las principales sedes del poder de la provincia se habla de 600 perfiles de personas e instituciones, armados con bases de datos cerradas, que contienen información sensible.
Desde el MPA aseguran que tienen evidencia sólida para avanzar, pero los abogados de los ex funcionarios sostienen que los fiscales no mostraron ninguna evidencia. Incluso denuncian que “salieron de pesca”, y violaron las garantías procesales de sus representados.

Tembladeral

A fines de noviembre, los allanamientos simultáneos a la sede Rosario y Santa Fe de la cartera de Seguridad generaron un tembladeral político e institucional. Renunció una docena de funcionarios del área alineados con el ex ministro Marcelo Sain y dejó en un lugar incómodo al gobernador Omar Perotti, que ordenó después un sumario interno para investigar lo sucedido.
“Ahora me explico por qué Sain fue sostenido tanto tiempo en el cargo, a pesar de que todos los índices aumentaban y lo metía a Perotti en un problema tras otro”, deslizó Pullaro. Su hipótesis va por el camino de la extorsión. “Sino es imposible de explicar”, señaló.
Mientras tanto, desde su cuenta de Twitter, Sain asegura que el caso es un “brutal lawfare montado sobre mentiras”.
“Desde el ministerio de Seguridad a mi cargo nunca se mandó a seguir o a espiar a nadie. Se hicieron o fortalecieron investigaciones bajo dirección judicial sobre la mafia santafecina, lo tanto le duele a Pullaro”, disparó el también ex director del Organismo de Investigaciones, removido en noviembre por la Legislatura santafesina. (La Capital)