Entre principios de mayo y fines de junio, el gobierno provincial decomisó y tomó posesión de una docena de inmuebles pertenecientes a organizaciones narcocriminales del sur provincial, según trascendió de fuentes inobjetables del gobierno y de la justicia santafesina.

Se trata de bienes que pertenecieron a Esteban Alvarado y a Los Monos y que la justicia había ordenado su incautación desde mediados del 2022, medida que fue demorada y que la gestión actual decidió llevar adelante ante la advertencia formulada por fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la Regional II. "Hay que cortar los circuitos de financiamiento a los grupos delictivos; se debe desarticular la trama del dinero", se repite en oficinas de los ministerios de Justicia y Seguridad; de Gobierno y en la propia gobernación.

Ahora ya las propiedades inmuebles están en manos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), agencia creada en 2016 a partir del dictado de la ley Ley Nº 13.579. La norma dispone que bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la Agencia.

Será la APRAD la que deberá resolver si esos inmuebles salen a remate o bien serán destinados a organismos oficiales de la provincia. En principio, varios de ellos están ubicados en barrios cerrados del sur santafesino lo que impedirá instalar oficinas públicas.

Según pudo saber El Litoral los primeros procedimientos apuntaron a propiedades del clan liderado por Esteban Lindor Alvarado, tres de ellas en un country en jurisdicción de Roldán, otra propiedad en la zona sur de Rosario, un inmueble también en Rosario donde funcionaba una carnicería y finalmente una finca en jurisdicción de Piñero a nombre de sus hijos donde en cuatro hectáreas además de la vivienda se secuestraron caballos y galgos de carrera así como perros entrenados. "Muy parecido a los gustos que muestran las series televisivas sobre Pablo Escobar", dijo uno de los funcionarios que participó del acto de toma de posesión de esos inmuebles. En esa finca, una de las salas además estaba preparada para realizar actos de torturas con los elementos más sofisticados para hacer sufrir a la víctima, se señaló. En el caso de las casas de Pérez se pudieron encontrar túneles conectando las viviendas e incluso habitaciones subterráneas para usar como escondite.

En cuanto a las propiedades incautadas a Los Monos también en una de ellas había presencia de caballos y perros galgos así como un polígono de tiro. En el caso de este grupo, la justicia ordenó hacerse de viviendas en Pérez, Granadero Baigorria, Funes y en la zona sur de Rosario.

"La gestión está enfocada en cortar la financiación de las organizaciones vinculadas al negocio de la droga" se insistió en Casa de Gobierno a la hora de admitir la versión. Mientras tanto no se abren juicios de valor sobre las razones que demoraron casi un año el cumplimiento de la orden judicial y que tenía preocupados a los fiscales.

Por otra parte, en el gobierno se analizan medidas para incentivar a eventuales compradores a adquirir estos inmuebles. En la corta experiencia de APRAD hubo reticencia de los participantes en los remates de adquirir inmuebles que pertenecieron a organizaciones delictivas por temor a represalias. En cambio, es más ágil la venta de rodados debido a que se les cambia el dominio.

Por otra parte, la APRAD ya ordenó la compactación de mil vehículos que estaban en los depósitos que la agencia tiene en Alvear y en Santo Tomé. Se señaló que una de las tareas que demandó mayor tiempo a la gestión fue hacer una trazabilidad de los cientos de vehículos que estaban depositados en ambos lugares. Algunos vehículos fueron entregados a la policía y a otras agencia del Estado mientras que se está terminando de armar un nuevo remate de vehículos para la primera quincena de septiembre. "Hoy son unos 500 vehículos ya ordenados en los dos depósitos", señaló un vocero, acotando que pertenecen a organizaciones delictivas de distintos ámbitos, no solo ligadas al tráfico de drogas. La ley santafesina determina que en el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado Provincial.

Fuente y foto: El Litoral