14.47 La Justicia tomó declaración a Mónica Mabel Ucero, actual Subdirectora de Auditorías Ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y a Norma Inés Orellano, integrante del directorio de Nesaglo. Se investiga la intoxicación de 21 personas en un predio de esa firma, en la ciudad de Ceres.

(Aire de Santa Fe) La actual Subdirectora de Auditorías Ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero, fue indagada esta semana en el marco de la causa que investiga la intoxicación de 21 personas que supieron ocupar el predio de la fábrica abandonada Nesaglo SA de la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal.

El acto procesal se realizó durante la jornada del miércoles en una audiencia que tuvo lugar en el Juzgado Federal de Rafaela, a cargo de Reinaldo Rodríguez, y en el cual también fue indagada Norma Inés Orellano, quien según la investigación formó parte del directorio de la firma. Ambas debieron presentarse en sede judicial tras un pedido que realizó el fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel, que abrió una investigación, en enero de este año, cuando cuatro menores fueron internados en el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe por tener en sangre altos niveles de plomo. Inclusive, la intoxicación fue tan fuerte que causó la muerte de una niña identificada como Xiomara Crespín. Durante la audiencia, Ucero fue imputada de haber permitido, por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la contaminación con plomo en las instalaciones del predio donde funcionó la fábrica de baterías ubicada en Tucumán y Larrea del barrio Las Américas. Tales cargos fueron atribuidos, según la hipótesis de la Fiscalía, cuando la funcionaria ejercía el cargo de Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe.

La funcionaria además fue acusada de no haber intimado a la empresa, cuando cerró sus puertas en 2017, a que lleve a cabo el "plan de cierre" contemplado en los artículos 24 y 25 del decreto provincial N°1844/02, que regula a las empresas que hayan manipulado metales o residuos industriales y luego cerraron sus puertas. Dicha normativa prevé que cada firma elabore un informe que describa los posibles pasivos ambientales y métodos de remediación del lugar de generación y aledaños; un programa de monitoreo de suelos y aguas subterráneas por el término que la autoridad de aplicación estime necesario; la descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de disposición, como contenedores, tanques, restos, estructuras y otros que hayan sido utilizados o hayan estado en contacto con residuos peligrosos; calidad, cantidad y disposición final de los residuos peligrosos existentes. El paso de Ucero por el Juzgado Federal se dio luego de que el fiscal Onel, en un dictamen presentado ante el juez, sostuviera que Ucero fue la encargada de efectuar el control sobre la empresa Nesaglo SA que establecía la respectiva inspección de impacto ambiental, el plan de cierre y eventualmente la clausura del predio. Sin embargo, el último control que hubo de parte del Estado sobre la empresa, según Fiscalía, data del 16 de diciembre del 2013. Tras ser indagada, la mujer prestó declaración y aclaró que nunca fue directora general de Desarrollo Sustentable y además que el control de las empresas, como Nesaglo, le correspondía a la Dirección General de Gestión Ambiental que se encuentra compuesta por una subdirección de control de la contaminación y dependiendo de ésta, un departamento de residuos peligrosos. En lo que respecta al plan de cierre de la firma de Ceres, Ucero destacó que la empresa nunca comunicó que había cerrado sus puertas pese a que estaba obligada, según establece la norma provincial.

Titularidad cuestionada

En la audiencia también fue imputada Orellano de haber contaminado con plomo, por impericia en el propio arte o profesión, el agua, el suelo, elementos vegetales y otros elementos sólidos del predio que tuvo su cierre en 2017. Tal acusación recayó sobre la mujer oriunda de Ceres, ya que la misma formó parte del directorio que administró la empresa que fabricaba baterías. Al momento de prestar declaración, Orellano se defendió de los cargos atribuidos tras contar cómo fue su vínculo con la firma. En esa línea, aclaró que ingresó a la empresa a principios de los años '90 y que siempre efectuó tareas administrativas.

Sin embargo, en 2016, la empresa tuvo problemas financieros con la Afip por lo que un año después, en enero del 2017, Orellano recibió un telegrama de despido, pero tras la intervención de un sindicato y del Ministerio de Trabajo la entidad trató de mantener los puestos mediante la conformación de una cooperativa. Fue por esa razón que terminó siendo inscripta como integrante del directorio de Nesaglo SA, aunque aclaró que jamás participó de ningún encuentro ejecutivo. Con el paso de los meses y al no ver que la empresa progresara, la mujer envió un telegrama de despido en donde se desvinculó por completo. Además, según indicaron fuentes judiciales a AIRE, Orellano recordó cómo fue históricamente el tratamiento de los residuos que generaba la empresa, como así también otros datos sobre el funcionamiento de la firma en material ambiental.

Cronología del caso

La causa salió a luz luego del fallecimiento de Xiomara, de dos años, que tras intoxicarse con plomo debió ser trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños de la capital provincial. La pequeña murió el 6 enero por el alto índice de envenenamiento que presentaba en su cuerpo. Tenía en total tenía 1,98 gramos de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar hasta 0,3 gramos. En paralelo, otros tres niños también fueron internados en el efector provincial por tener síntomas similares. Todos, según establecieron los informes de laboratorio, tenían en su cuerpo considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr.

Con el correr de los días, esas internaciones terminaron esclareciéndose. Es que los menores internados residían con sus familias desde septiembre del 2020 en las instalaciones de la exfábrica del barrio Las Américas que se encontraba abandonada desde el 2017 cuando la firma cerró sus puertas. Allí, quedaron dentro del predio distintos elementos industriales, entre ellos plomo, un metal altamente tóxico. Tras tomar estado público el caso, el fiscal federal Onel abrió una investigación por lo que solicitó, como primera medida, la clausura del predio y la inmediata desocupación del mismo. Tal pedido fue avalado por el juez Rodríguez que ofició a Gendarmería para que controle que ninguna persona ingresara al predio. El 25 de enero, el municipio de Ceres, emitió un decreto -el 25 de enero- en donde declaró al predio de la exfábrica como "zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario". Semanas después, el 14 de febrero, personal del Ministerio de Ambiente provincial se sumó a las medidas de clausura.

Pericia central

Para pedir las indagatorias, Onel tomó como prueba central un peritaje que realizó personal del área de delitos ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) que recolectó una serie de muestras (líquidos o sólidos) del predio de Nesaglo.

Ese informe permitió determinar que la intoxicación de las 21 personas que ocuparon el predio se dio porque la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua que fue analizada sino en las paredes y plantas del edificio abandonado. Por esa razón, se estableció que la intoxicación no fue mayormente por el consumo de agua sino por la “inhalación y contacto físico” en el ambiente. “La contaminación por el aire no tiene un alcance determinado, sino que está influenciado por factores climáticos como: lluvias, velocidad y dirección de los vientos; también influyen factores antropogénicos como la circulación de vehículos o personas. En este mismo sentido es dable destacar que también al respirar este supuesto aire contaminado se estaría introduciendo plomo al organismo”, detalló la pericia incorporada la a causa.