En el marco de la ola de violencia que azota a Rosario, la Legislatura santafesina aprobó una profunda reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Entre los puntos que generaron más polémica, sobre todo en Diputados, se destacan la eliminación de las audiencias para ciertos casos, la extensión de los plazos de las detenciones previa a la imputación y que la policía retome atribuciones para desarrollar un control autónomo de los procesos penales.

Además, la norma elimina la feria judicial en este fuero. El cambio apunta a que no se resienta el servicio de justicia durante los recesos de verano e invierno.

"La feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del cincuenta por ciento (50%) del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda", estipula el texto de 24 páginas y 48 artículos.

La iniciativa votada este miércoles por la Legislatura constituye el mayor cambio del andamiaje penal en la provincia desde 2014. Ese año entró en vigencia el nuevo sistema, pasó del esquema inquisitorio al acusatorio y desplazó el centro de gravedad de la investigación de los jueces a los fiscales.

Después de un intenso ping pong entre ambas Cámaras, que cambiaron el día de sesión al miércoles para poder aprobar la norma antes de Semana Santa, la reforma se convirtió en ley.

En el Senado la iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad. En Diputados cosechó en la votación en general 33 votos positivos entre los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, el peronismo, Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar.

En tanto, se registraron dos votos negativos, de Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, y hubo 14 legisladores ausentes.

En la votación en particular, integrantes de la bancada de Juntos Avancemos -como Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorano y Verónica Baró Graff-, del bloque referenciado en Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz se abstuvieron o votaron en contra de ciertos artículos del proyecto.

Por ejemplo, los referidos al allanamiento (artículo 9) y al allanamiento sin orden judicial (artículo 10), el recurso del hábeas corpus (artículo 36), y la institucionalización de las figuras de agente encubierto, revelador e informante y la entrega vigilada (artículo 39).

La cuestión que explicitó una diferencia en Unidos fue el artículo 20, relacionado con la iniciación y duración de la investigación penal. La nueva redacción del artículo 254 de la Ley N° 12.734 establece ahora que “la Investigación Penal Preparatoria podrá iniciarse por decisión del Ministerio Público de la Acusación, o por acción de la Policía con noticia inmediata a la Fiscalía”.

El bloque socialista se abstuvo, por lo que ese artículo fue aprobado con sólo 14 votos a favor. “No fue lo acordado hoy a la mañana cuando vimos el borrador”, argumentó el jefe de la bancada, Joaquín Blanco.

Ola reformista en la Legislatura

La reforma del Código Procesal Penal de la provincia fue la última de una serie de cambios que viene impulsando el gobernador Maximiliano Pullaro desde su asunción, en diciembre del año pasado.

Con mayoría en ambas Cámaras de la Legislatura, el oficialismo consiguió aprobar -incluso con aval de prácticamente todo el arco opositor- la emergencia en seguridad, la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo, la ley orgánica del servicio penitenciario y la reforma del Ministerio Público de la Acusación, que, entre otros cambios, le otorgó mayor poder a la fiscalía general.

La Reforma del Código Procesal Penal tomó más tiempo. Tanto por las objeciones que plantearon jueces y fiscales como por ruidos que generó al interior del oficialismo. Sobre todo con el socialismo, que controla la mitad de las bancas en Diputados.

Entre las principales críticas aparecen la eliminación de audiencias en ciertos casos y un regreso al esquema escrito. Una situación que, plantean quienes rechazan este cambio, conspira contra el espíritu de la reforma y quita transparencia al sistema.

También se cuestiona que al extenderse el plazo de detención por hasta treinta días antes de la imputación -en principio, sólo para casos de delitos complejos- se avalan las detenciones arbitrarias.

Además, se critica que la policía santafesina recupere atribuciones cuando justamente es señalada por su vinculación con las bandas criminales.

Debate caliente en el recinto

“Estos meses van a ser recordados como un tiempo de profundas reformas de las instituciones de la provincia, que han tenido como eje el reclamo de la ciudadanía de recomposición de la autoridad del Estado. Estas leyes se aprobaron rápido y bien”, dijo José Corral, que actuó como miembro informante del oficialismo.

“Todos queremos que se cumplan las garantías constitucionales, pero también que se le puedan dar herramientas a las fuerzas de seguridad para actuar y reponer el estado de paz para convivir”, agregó el ex intendente de Santa Fe.

El peronista Marcos Corach, de Hacemos Santa Fe, ironizó sobre el optimismo de Corral, deslizó que el hecho de que las leyes se aprueben rápido “no significa necesariamente que se aprueben bien” y se quejó de que recibieron el dictamen del Senado “un minuto antes de entrar a la sesión”. “Tengamos más cuidado a la hora de votar cualquier reforma”, pidió el ex ministro de Gestión Pública del gobierno de Omar Perotti, que calificó al MPA Rosario como “detonado”.

Por su lado, Emiliano Peralta, ladero de Granata, usó conceptos de la medicina para analizar la situación de Rosario: dijo que a la ciudad se le viene administrando ibuprofeno para tratar "una angina bacteriana". En su opinión, el “antibiótico” que necesita la ciudad incluye las herramientas represivas del Estado, pero también sanear y jerarquizar a la policía y al MPA, mejorar las cárceles, fortalecer el control en las fronteras y en el territorio y recomponer el tejido sociocomunitario.

A su turno, el socialista Rubén Galassi reivindicó el trabajo del Poder Ejecutivo pero le tiró un dardo al Senado.

“No es bueno que desde la otra Cámara se nos pida que abandonemos el garantismo y demos rápida sanción a este Código. El garantismo es la subordinación a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, usarlo como chicana no corresponde”, se quejó el ex ministro de Gobierno de Antonio Bonfatti.

En la misma línea, Palo Oliver señaló que ser garantista “no es una descalificación”, y consideró que la reforma procesal “invierte el principio de inocencia” y “consolida una doctrina Bukele”.

En tanto, la libertaria Silvia Malfesi tildó al proyecto de “mamarracho jurídico”. A su entender, las modificaciones en los allanamientos “abren la puerta a que se nulifiquen un montón de juicios”. (La Capital)