09.15 Tal como adelantara Diario CASTELLANOS se desarrollaron dos audiencias de las denominadas preeliminares presididas por la Jueza Cristina Fortunato quien ahora deberá definir respecto de diversas cuestiones planteadas por la Fiscalía; las defensas de los encartados y; además, habrá que definir qué cantidad de testigos desfilarán convocados por las partes y cuál será el delito que finalmente se le endilgará a los imputados.

Durante los días lunes y martes en los Tribunales de nuestra ciudad -tal lo adelantado en su momento por Diario CASTELLANOS-, se desarrollaron dos audiencias denominadas preeliminares, de cara a lo que será el juicio oral (¿también público? que se llevará adelante contra ocho efectivos policiales que prestaban servicio en la Comisaría Nº 3 de la ciudad de Sunchales y que fueron imputados -siete de ellos- por el delito de Torturas y el restante -quien era jefe de la dependencia- por Encubrimiento agravado. En el caso de los primeros la fiscal Gabriela Lema ya había adelantado que solicitará 25 años de prisión; en tanto para el restante 6 años de cárcel.

Operativo de seguridad

Días pasados informábamos también sobre una reunión mantenida en la Jefatura de Policía de Rafaela entre la segunda jefa de la Unidad Regional V, la Subdirectora de Policía Marcela Fernández; el responsable de la Dirección de Coordinación de Oficinas de Gestión Judicial, Comisario Milton Segovia; y el Subjefe de División Operaciones de la UR V, Subcomisario Leandro Espinoza. En la misma se diagramaron los operativos a llevarse adelante con motivo de la realización de estas importantes audiencias qué, como se esperaba, contaron con un importante despliegue policial en la zona de Tribunales en el barrio 30 de Octubre.

Los imputados

Recordamos que por el hecho, ocurrido en la madrugada del viernes 18 de octubre de 2019 se encuentran imputados como coautores del delito de Torturas la subinspectora Silvana S. de 42 años; el subcomisario Federico Hernán M. de 38 años; el oficial Juan Aurelio C. de 31 años; y cuatro suboficiales: Carlos Agustín M. de 21 años; Brian Emanuel G. de 25; Mauricio Leonardo O. de 30 y María Itatí A. de 38. Por su parte, el encubrimiento agravado le fue atribuido al comisario Luciano Martín G. de 36 años, quien se desemepeñaba en ese momento como jefe de la dependencia aunque ese día estaba en su localidad natal, Laguna Paiva, franco de servicio.
​Las víctimas habían sido dos hermanastros Juan Daniel Flamenco y Juan Darío Cornejo (son hermanos por parte de madre) que cuentan con frondoso prontuario y que habían sido detenidos legítimamente. Según la fiscal Lema sufrieron por parte de los agentes "graves tormentos físicos y psicológicos".

Cuestiones tratadas

Durante las audiencias presididas por la Dra. Fortunato se discutió, entre otras cosas, qué pruebas serán aceptadas para llevar a la instancia del juicio y cuáles no; que cantidad de testigos aportará cada una de las partes y cuál va a ser finalmente la calificación jurídica penal que se impondrá para llegar a esa instancia.
En este aspecto cabe indicar que hay posiciones bien definidas. Por un lado desde las defensas de los imputados se plateó firmemente el cambio de carátula de la causa. Entienden los defensores que lo sucedido de ninguna manera puede encuadrarse en la figura de Torturas como pretende la Fiscalía sino que podría ser Apremios ilegales -que tiene una pena considerablemente menor y es excarcelable- tal como habría deslizado en su momento el Juez de la Cámara de Apelaciones Dr. Juan Manuel Oliva (ahora ya jubilado) en la resolución en la que otorgó la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas a seis de los ocho implicados. En tanto otros defensores pidieron la "Suspensión de Juicio a Prueba" para sus defendidos, es decir, la realización de una probation a cambio de suspender el juicio oral e incluso quien defiende al extitular de la Comisaría Nº 3, solicitó el sobreseimiento de su representado debido a que no estuvo en el lugar en el momento en que ocurrieron los hechos.
En tanto por el lado de la Fiscalía se opusieron a los planteos formulados por los defensores tanto el relacionado a cambiar la calificación jurídica reafirmado que para ellos se trató de un hecho de Tortura; como también a que los detenidos sean liberados e incluso que se convalide una Probation. y si bien se comprometieron a tratar de bajar el número de testigos -en principio tenían agendados cerca de 180 y ese número habría bajado a 130 aproximadamente-, anticiparon que ello será bastante dificil teniendo en cuenta que cada uno de ellos reviste especial interes para la parte acusadora.