También a otros dos exfuncionarios de esa cartera a los que se investiga por su accionar en una licitación pública para la compra de armas. A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares. Este viernes se completarán las imputaciones con la atribución delictiva a un exjefe de la División Logística de la Policía de Santa Fe. Luego, la Fiscalía solicitará nuevamente que se fije día y hora de audiencia para debatir las medidas cautelares.

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quedó imputado por el supuesto intento de direccionamiento en favor de una empresa de un pliego licitatorio para la compra de armamentos, en una operación que tal como reveló en su momento El Litoral, fue denunciada por diputados de la oposición y dejada sin efecto por el Ministerio de Economía.
Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyen negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación. También imputaron a otros dos ex funcionarios: el ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro; y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas, en tanto este viernes será el turno del ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, normalmente llamado Habilitado, Marcelo Leandro Correa. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Modalidad delictiva

En la audiencia realizada el jueves a la mañana, la Fiscalía sostuvo que -abusando de su condición de funcionarios públicos- los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe. El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
También se señaló que las intervenciones indebidas de los funcionarios en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la Provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.
Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.
Según se recordó, esta particularidad fue observada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. En la audiencia de la víspera también se hizo hincapié en que a pesar de lo observado administrativamente, y con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria, los imputados modificaron el pliego y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros.
Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que sólo podían ser ofrecidas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. En ese sentido la Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar.
Con todo, uno de los oferentes de la licitación presentó una impugnación. Sin embargo, los imputados volvieron a insistir con su maniobra. En esta oportunidad, presentaron un "informe político-técnico" en el que plantearon que la licitación se realice en los términos pretendidos.
La Fiscalía manifestó que finalmente, y luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía; de la Cámara Contencioso Administrativo; de la Fiscalía de Estado; del Tribunal de Cuentas de la Provincia), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.

Redacción

La Fiscalía consideró que las maniobras defraudatorias de los imputados fueron concertadas con un representante de Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. En tal sentido, la Fiscalía dijo en la audiencia que tiene evidencias para demostrar que fue el representante de la firma quien redactó las condiciones del pliego licitatorio y quien se los envió a uno de los imputados antes del llamado a licitación.
También se precisó que el precio unitario de referencia de pistolas fijado para el proceso licitatorio fue de 1.168,50 dólares, y Emprendimientos Grupo Patagónico SRL cotizó cada pistola a 1.149,50 dólares (19 dólares menos). Más aún, en la solicitud de compra de bienes que consta en el inicio del expediente licitatorio, se solicita expresamente la provisión de determinadas marcas de pistolas y de armamento. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, tales marcas son en todos los casos comercializadas en Argentina por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

Perjuicio

La Fiscalía precisó que el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron los tres exfuncionarios fue de 17.103.543,60 dólares. Por su parte, en función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares.

Cuarta imputación

Hoy viernes, en tanto, se realizará la cuarta imputación. La persona investigada es un exjefe de la División Logística de la Policía e la Provincia, identificado como Marcelo Leandro Correa.