En horas de la mañana de este miércoles, en la Sala N.º 2 de los Tribunales locales, se desarrollaron audiencias imputativa y de medidas cautelares, presididas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. José Luis Estévez, magistrado de la ciudad de Tostado, quien participó de manera virtual vía Zoom. Las mismas fueron solicitadas por la fiscal Fabiana Bertero y por el abogado particular Carlos Farías Demaldé, quien representa a la parte querellante.
En la ocasión, la representante del Ministerio Público de la Acusación le hizo conocer a Emanuel A. —quien también participó vía Zoom desde la cárcel de Las Flores— los hechos en los que presuntamente estuvo involucrado. Cabe señalar que Emanuel A. es empleado policial de la Unidad Regional V y que, hasta el momento de ser privado de su libertad, prestaba servicio de custodia en los Tribunales de Rafaela.
El funcionario fue detenido el pasado lunes en horas de la mañana, mientras se desarrollaban las audiencias imputativa y de medidas cautelares contra Eduardo Del Favero, un empleado de la Oficina de Gestión Judicial, al que la fiscal Bertero acusó del delito de extorsión en grado de tentativa, perpetrado contra un matrimonio de septuagenarios en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 1300 aproximadamente, del barrio Jardín de nuestro medio. Por este hecho, el lunes, el juez Estévez le dictó una prisión preventiva por treinta días.
La imputación al policía
Tras las presentaciones correspondientes, la fiscal Bertero relató que, en fecha 15 de octubre de 2026, aproximadamente a las 19:15, Emmanuel A., abusando de sus funciones y actuando de forma conjunta con una mujer no identificada hasta el momento, concurrió al domicilio de calle Vélez Sársfield N.º 1306 de Rafaela y efectuó una puesta en escena de intervención policial para llevar adelante una requisa en el domicilio, prestando de este modo un aporte no esencial a Eduardo Del Favero, quien ingresó al mismo e intentó obligar a una pareja de septuagenarios que allí reside a suscribir documentos por los cuales asumieran una obligación patrimonial de entre 30.000 y 35.000 dólares, procurando obtener para sí o para terceros un beneficio patrimonial ilegítimo, sin lograrlo por circunstancias ajenas a su voluntad.
Tras ello, la representante del MPA le hizo conocer al imputado las evidencias colectadas hasta el momento en el legajo de investigación y los derechos que le asisten, requiriendo que a continuación se desarrollara la audiencia de medidas cautelares.
Prisión preventiva
En el comienzo de la misma, la Dra. Bertero le adelantó al juez que iba a solicitar la prisión preventiva para el encartado, a quien acusó de extorsión en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario y de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos hechos en concurso real entre sí.
La representante del Ministerio Público de la Acusación relató que el pasado 15 de octubre, cerca de las 19:15, la denunciante, una mujer de 75 años de edad que estaba en su vivienda de calle Vélez Sarsfield del barrio Jardín junto a su esposo de 77, fue a atender porque llamaban a la puerta y allí se encontró con dos policías uniformados —una mujer y un hombre—. Manifestó que la mujer, quien presuntamente es policía aunque aún no pudo ser identificada, llevaba en sus manos una carpeta en la que aparentemente —ya que nunca le fue mostrada— había una orden para revisar la vivienda. Además, preguntó si allí vivía la hija de la mujer que atendió.
En tanto, quedó demostrado que el hombre que iba junto a ella era nada menos que el empleado policial Emanuel A., que luego fue detenido.
Agregó la fiscal que en ese momento apareció Eduardo Del Favero, un hombre de aproximadamente 40 años, a quien la mujer conocía, ya que su hija y su yerno mantenían desde hacía algunos años una relación de amistad. Señaló que, en un momento determinado, Del Favero les indicó a la pareja de policías que podían retirarse, que él se haría cargo de la situación. Así, ingresó a la vivienda y les explicó a la mujer y a su esposo que su hija y la pareja de esta estaban involucrados en denuncias muy serias que podrían significarles penas de prisión superiores a los quince años, aunque existía la posibilidad de evitar esa situación si los padres asumían dicha deuda, que rondaba los treinta a treinta y cinco mil dólares, firmando documentos que Del Favero tenía en sus manos.
Por ello, la fiscal le endilgó al empleado de la OGJ de Rafaela el delito de extorsión en grado de tentativa en calidad de autor. Por su parte, como quedó dicho, el juez Estévez le decretó el lunes una prisión preventiva por treinta días.
Bertero indicó también que el empleado policial ahora detenido, abusando de su poder y vistiendo el uniforme de la institución a la que representaba, llevó adelante un accionar intimidatorio, simulando la realización de un procedimiento absolutamente ilegal contra dos personas vulnerables de más de setenta años de edad.
Agregó que, al igual que Del Favero, por su condición de policía y por el conocimiento del método ilegal del procedimiento encarado, al uniformado podía corresponderle una pena —en caso de ser hallado culpable— de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta los mencionados agravantes. Por ello, entendió además que existía riesgo de fuga, pero, más allá de eso, de entorpecimiento probatorio, sobre todo porque el uniformado fue acompañado por una mujer que todavía no pudo ser identificada, que podría ser o no policía y que podría interferir en la investigación y en las tareas de campo que se vienen desarrollando para lograr su captura.
Todo ello fue avalado por el Dr. Carlos Farías Demaldé, quien consideró que el caso tenía una gravedad institucional inusitada, ya que el imputado —un funcionario de 23 años de servicio en la fuerza— conoce perfectamente lo que significa para la gente común que se presente un efectivo policial uniformado señalando que deben realizar una requisa en la vivienda. Asimismo, manifestó su postura de que las medidas alternativas ofrecidas por la defensa del encartado no resultaban suficientes para neutralizar los riesgos procesales.
La defensa
A su turno, el abogado defensor Federico Scarinci rechazó de plano la calificación legal escogida por la Fiscalía, por lo que solicitó la libertad de su cliente bajo el cumplimiento de medidas alternativas, tales como radicarse en la localidad de Lehmann, la prohibición absoluta de regresar a la ciudad de Rafaela, presentarse a firmar en la comisaría de su jurisdicción y el pago de una caución de diez millones de pesos.
Decisión del juez
Finalmente, el magistrado entendió que se cumplimentaban los tres incisos del artículo 220 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, que hacen referencia a la responsabilidad penal probable del encartado en el hecho investigado; a que la pena en expectativa que pudiera corresponderle en caso de ser hallado culpable deba ser de efectivo cumplimiento —haciendo aquí también la aclaración de que, si bien la extorsión en grado de tentativa tiene una pena en expectativa de dos años y seis meses y sería de ejecución condicional, los agravantes la llevarían a un monto mayor, alejado del mínimo—; y al riesgo de entorpecimiento probatorio. Por estos motivos, decidió decretar una prisión preventiva por el término de treinta días.
