Una óptima reacción policial frustró el intento de usurpación. Una óptima reacción policial frustró el intento de usurpación.
La noche del viernes estuvo marcada por un operativo policial en la zona de la Villa Olímpica de Santa Fe. Allí, efectivos de distintas dependencias de la Policía provincial intervinieron para impedir un intento de ocupación ilegal de las viviendas que fueron construidas para alojar a los deportistas durante los Juegos Suramericanos y que, una vez concluido el evento, serán destinadas a adjudicatarios particulares.
El procedimiento terminó con ocho personas demoradas y permitió evitar que el complejo fuera ocupado, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Santa Fe.
La intervención se produjo luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad tomara conocimiento de que se estaba preparando una convocatoria para avanzar sobre el predio. Ante esa situación, las autoridades dispusieron un dispositivo especial de prevención y seguridad que se desplegó durante la noche.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que el intento de ingreso no fue espontáneo y dejaron abierta la posibilidad de que detrás de la convocatoria existiera algún tipo de organización política.
Una convocatoria que encendió las alarmas
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la circulación de un audio atribuido a quienes impulsaban la frustrada ocupación. En esa grabación, según trascendió, se invitaba especialmente a mujeres a concurrir al lugar acompañadas por niños y llevando palos, con la intención de facilitar el ingreso al complejo.
La difusión de ese material habría contribuido a encender las alertas oficiales y motivó la decisión de anticiparse a una eventual irrupción en las viviendas.
Con esa información, el Ministerio de Justicia y Seguridad organizó un operativo que involucró a distintos grupos policiales. La intervención permitió contener la situación y evitar que el episodio derivara en una ocupación efectiva de las unidades habitacionales.
Por el hecho, ocho personas fueron demoradas. Ahora se procura establecer cómo se gestó la convocatoria, quiénes participaron de su organización y si existieron instigadores detrás del intento.
Gobierno profundizará la investigación
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, se refirió al episodio y cuestionó con dureza la maniobra. «Se trató de un intento violento de ocupación de viviendas que pertenecerán a los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella», sostuvo.
La funcionaria remarcó que las unidades habitacionales no serán entregadas de manera discrecional, sino mediante un procedimiento formal de inscripción y selección de postulantes. Los futuros adjudicatarios deberán cumplir con los requisitos que establezca el Gobierno y afrontar el pago correspondiente.
«No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece», advirtió Coudannes.
Además, anticipó que se profundizarán las actuaciones para determinar si existió una motivación política detrás de la convocatoria. En ese sentido, habló del «posible incentivo de grupos de la vieja política que se habían acostumbrado a este tipo de procedimientos».
Mientras tanto, el episodio abrió un nuevo frente de investigación para las autoridades provinciales, que ahora deberán establecer las responsabilidades individuales y determinar si el intento de ocupación respondió a una iniciativa aislada o a una maniobra previamente organizada. Fuente: El Litoral.
