La Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó un fallo contra el intendente de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti, quien en 2022 había sido condenado por la jueza laboral María Victoria Acosta a devolverle al secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram), Andrés Martínez, los salarios de dos años y medio –más intereses– que dejó de abonarle después de un conflicto sindical en 2021.
Ya en abril de este año, la misma Cámara avaló una sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que condenó al intendente sancarlino a retractarse y pedir disculpas tras llamar «patota municipal» a un grupo de trabajadores que llevaban adelante una huelga por salarios adeudados.
Desde Festram advierten que la conducta y decisiones de Placenzotti perjudican a las arcas del municipio y, por lo tanto, a todos los habitantes de la ciudad.
“De las costas de los juicios debe hacerse cargo la Municipalidad de esa ciudad; es decir cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la misma”, indicaron desde la entidad a través de un comunicado en el que apuntaron que “esta vieja costumbre de Juan José Placenzotti de perseguir trabajadores y trabajadoras municipales -que fue una constante, también, en la gestión de su padre al frente del Ejecutivo local- ha quedado otra vez al descubierto”.
“Festram desea dejar constancia también, que hay acciones –como las descriptas– de algunos intendentes y presidentes comunales que pretenden manejar la legislación laboral y a los trabajadores y trabajadoras en particular como si fueran ‘patrones de estancia’, pretendiendo modificar a su antojo leyes, resoluciones o cualquier otra reglamentación que garantice derechos laborales”, siguieron.
Desde Festram advierten que la conducta y decisiones del intendente de San Carlos Centro “perjudican a las arcas del municipio y, por lo tanto, a todos los habitantes de la ciudad”.
Y sostuvieron que “utilizan para ello, primero, los medios de comunicación poniéndose en víctimas de supuestos atropellos, con denuncias o afirmaciones que luego, llegado a los estrados judiciales, en la abrumadora mayoría de los casos, no sólo no se han podido sostener, sino que los propios estamentos del Poder Judicial han rechazado, garantizando los derechos conquistados por las y los trabajadorxs municipales”.
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