Las máximas autoridades de las 73 universidades nacionales sesionaron el último martes en el 91° plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Del encuentro participaron también los representantes del gobierno de Javier Milei. Fue el escenario de fuertes acusaciones por restricciones presupuestarias en las instituciones del nivel superior.

El plenario se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín con el objetivo de la elección de las nuevas autoridades para la gestión 2024-2025. El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, reemplazó a Carlos Greco en la presidencia, y el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, asumió como nuevo vicepresidente.

Al encuentro asistieron en representación del Ejecutivo el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Con modos opuestos en su discurso, ambos defendieron la "restricción" presupuestaria de la administración libertaria. Deslizaron que "será transitoria" y ratificaron que el incremento del 70% para gastos de funcionamiento, aunque los rectores insisten en que sigue siendo insuficiente para sostener las arcas universitarias.

El dialoguista Torrendell explicó a lo largo de un extenso discurso que el gobierno no está en contra de la educación pública ni de las universidades sino que es "un momento de restricciones" que implica revisar las prioridades del sistema para garantizar la eficiencia del esfuerzo.

"En un contexto de restricciones, tenemos que atender especialmente a aquellos gastos superfluos que no son una inversión. Como nos puede pasar hasta en nuestra casa, toda institución tiene excesos de gastos que se perpetúan sobre los que uno tal vez puede poner el ojo y comenzar a corregir esos nichos aunque sea doloroso", sostuvo el secretario de Educación.

Álvarez, en tanto, prefirió hacer uso de la palabra para responder con tono combativo a cada alocución de los rectores que tomaban en el micrófono, expresando en reiteradas ocasiones que su gestión busca "transparentar fondos", limar "la burocracia universitaria" y "denunciar adoctrinamientos", fin para el que habilitó un correo electrónico.

"Parece que hasta diciembre de 2023 vivíamos en Disney y ahora vivimos en el infierno. Les quiero transmitir que no es intención de nuestro gobierno cerrar ninguna universidad sino, muy por el contrario, defenderlas. Y la manera es cuidándolas del abuso que cometió cierta estructura burocrática que controla esas universidades. Les traigo otra mala noticia: el sujeto de nuestra gestión no son ustedes, son los muchachos que van a las universidades y, en segunda instancia, los docentes que están frente a curso", lanzó en su primera intervención.

Tarifas impagables y funciones en riesgo

El clima fue subiendo de temperatura con cada intervención de rectores y rectoras que se esforzaron por transmitir la preocupación para garantizar el segundo cuatrimestre ante la falta de fondos.

El primero en expresarse fue el turno vicepresidente saliente y electo presidente del CIN, Víctor Moriñigo, quien desestimó la existencia de "gastos superfluos". "La situación que pasamos en la universidad pública argentina es, al menos, incómoda, problemática y crítica... Es incómodo tener que contestar si vamos o no a pagar las tarifas, porque es un reduccionismo hablar todo el tiempo de esa particularidad y dejamos de lado un debate muy rico para el país que es el desarrollo de nuestra Nación con la universidad como motor".

También se expresó Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de la Pampa y último secretario de Políticas Universitarias en el anterior gobierno. Recordó el Programa de Infraestructura Universitaria en su gestión y dijo que ahora "las obras están paralizadas". Sobre el financiamiento del sistema apuntó que no hay presupuesto 2024 y sostuvo que "en estos meses hubo modificaciones en el criterio de la transferencia del Inciso 1 en enero". También insistió en la autarquía por parte de las universidades y recordó los mecanismos de control a los que están sujetas las casas de estudio como las auditorías, AGN, SIGEN y los Consejos Superiores.

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostuvo que "la situación es crítica" y puntualizó las indeseadas consecuencias que trae aparejada la apremiante situación económica: "Tenemos problemas relacionados a los gastos de funcionamiento, la situación salarial de los trabajadores de la educación con una fuerte pérdida del poder adquisitivo, tenemos incertidumbre de lo que pueda suceder con las obras de infraestructura, un problema grave en el sistema científico que no nos resulta indiferente e impacta en la vida de nuestras comunidades".

Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María (Unvm) pidió la palabra para enumerar los problemas a la hora de planificar la universidad: "Más de un tercio de los aquí presentes ni siquiera podemos cubrir los gastos salariales de nuestra planta: tenemos un déficit para pagar salarios, luz eléctrica, servicios, alquileres, comedores, becas, obras que han sido suspendidas, transporte entre sedes, mantenimiento, seguros de estudiantes y conectividad", describió. Y agregó que "estamos entrando en un período donde al menos dos, de las tres funciones sustantivas, se encuentran gravemente afectadas: la Investigación y la Extensión".

Reproches por denuncias de adoctrinamiento

Además de defender el esfuerzo que están haciendo al sostener el día a día las casas de estudio incluso con ahorros, algunos rectores enfocaron sus intervenciones en defender sus gestiones en términos ideológicos.

La denuncia de adoctrinamiento de Álvarez no pasó desapercibida: "no vamos a permitir que se persiga a nadie por razones políticas", lanzó el subsecretario provocando descontento en el auditorio.

Quien recogió el guante fue el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres. "No se puede acusar genéricamente de que hay adoctrinamiento en la universidad. Tenemos que ser precisos no están pidiendo precisión seamos precisos", dijo. Y mencionó que "existe desde siempre una institución a la que todos pueden acudir -y de la que yo mismo he hecho valer cuando era estudiante- que son las cátedras paralelas, allí donde alguien sienta que hay adoctrinamiento o diferencia teórica".

En esa línea, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (Unco), Beatriz Gentile, cruzó duramente al subsecretario Álvarez por los despidos en el Estado. "No era Disney donde estábamos antes pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar y pedirle documento a trabajadores de las oficinas públicas. Hemos aprendido con mucho dolor en este país que eso no podía suceder en el ámbito de la democracia. Esperaba un comentario de otra característica, que dijera que fue un momento, un exceso, pero no que esto era el camino a esperar a 40 años del regreso de la democracia", le reprochó la rectora.

También se expresó a tono con sus colegas, Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNaB) y ex secretario de Políticas Universitarias en el gobierno de Mauricio Macri. "Sin lugar a dudas las Universidades Argentinas son instituciones donde se fomenta el espíritu crítico. Y nuestro movimiento estudiantil es quizás uno de los casos más emblemáticos de pluralidad en el mundo. Coincido en que ojalá los casos de persecución ideológica sean cero. Pero me cuesta creer que puedan ser cero cuando es el propio presidente el que agrede en establecimientos educativos a quienes piensan distinto", marcó.

Marcha Federal

El debate también contó con la palabra de las organizaciones gremiales docentes y no docentes que pusieron de manifiesto la preocupación por la desfinanciación del sistema y convocaron a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril que contó con la adhesión del Plenario de rectores. La manifestación fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la representación estudiantil liderada por la Federación Universitaria Argentina, para hacer "una gran demostración nacional" en defensa de la educación y la ciencia pública. (El Litoral)