07.55 La realidad de esta ciudad se ajusta a muchas de las características que definen a los estados fallidos, pero recientes hechos criminales parecen mostrar que la problemática ya trascendió ampliamente sus fronteras.

La mayoría de las encuestas casi no muestran diferencias, salvo en los márgenes. El pesimismo, el desánimo y la resignación vienen dominando en forma creciente el humor social en la Argentina. Mientras las peleas internas desangran y debilitan en forma acelerada al bicoalicionismo que desde hace tres años ordenó la política nacional, una sucesión de problemas que afectan directa y personalmente a la población solo tienden a profundizarse.

La incapacidad del Gobierno actual, pero también del anterior y del anterior del anterior, para proveer bienestar, tranquilidad y perspectivas de futuro es el terreno fértil en el que florecen expresiones antisistema por derecha y por izquierda.

El último sondeo de la consultora Escenarios ofrece evidencias que validan tal escenario de manera inquietante. Allí se refleja “una acusación hacia ‘los que gobiernan’ por la falta de una ‘política de resultados’, principalmente en el terreno económico. Ante la pregunta por las cualidades que debería tener el poder presidencial para sacar al país de la crisis, la mayoría se concentra en dos valores: eficiencia (44%) y firmeza (34%)”, concluyen los autores, luego de señalar que “el 67% de los encuestados están disconformes con la gestión actual del gobierno nacional y el 62% tiene una visión pesimista frente al futuro del país”.

El trabajo, realizado por la compañía que dirigen los politólogos Pablo Touzon y Federico Zapata, ahonda y explicita lo que significa la demanda de eficiencia: “Tiene que ver con el gasto político, pero también es una lectura sobre la ineficacia del Estado para generar políticas públicas que impacten con resultados verificables sobre los problemas concretos de la población”. En cuanto a firmeza interpretan “la ausencia de un poder ‘albertista’ que resuelva”. La singularización no excluye a otros gobernantes.

Ese panorama nacional adquiere visos de caricatura, por lo extremo de sus perfiles, pero también por los identificables rasgos esenciales que comparten, cuando se posa la mirada sobre Rosario, tal vez el territorio más degradado de las últimas décadas, en muchos aspectos.

La acuciante situación por la que atraviesa la tercera ciudad del país, con el enseñoreo del narcodelito y su impacto en casi todos los órdenes de la vida pública y privada, asoma como una señal de alerta antes que como un caso excepcional, exótico y acotado en la geografía política nacional, como suele considerárselo. Aunque la sucesión de hechos espectaculares y espectacularizados dificulta, muchas veces, la comprensión del fenómeno, en cuanto a su complejidad y extensión. En dimensión municipal, la realidad rosarina se ajusta a muchas de las características que definen a los estados fallidos.

En tanto, recientes hechos criminales en el corredor norte de la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense parecen mostrar que la problemática ya trascendió ampliamente aquella frontera, como lo reconocen incluso funcionarios nacionales, aunque sin que se adviertan acciones y políticas que puedan ponerle freno antes de que se siga expandiendo.

Un recuento de cifras y casos, que suelen presentarse aislados, ayuda a dimensionar la gravedad de la situación. Por ejemplo, vale resaltar que la actual tasa de homicidios santafesina, que triplica la media nacional, muestra un aumento de casi el 50% en dos años e implica un retroceso que la retrotrae a índices pico registrados en 2013, según los datos públicos, validados por la Justicia en lo criminal santafesina.

Esa es, tal vez, la expresión más contundente del proceso de deterioro, pero no la única. Otros delitos, como la extorsión seguida de ataques a balazos, empiezan a alterar formas de vida, hábitos y hasta el paisaje urbano rosarino y zonas aledañas.

La mudanza a barrios privados, la contratación de custodias privadas y el uso de autos blindados por parte de comerciantes, empresarios o ejecutivos de empresas empiezan a ser cada vez más frecuentes, como señala el corresponsal de LA NACION, Germán de los Santos, especialista en la trama mafiosa, con quien coinciden políticos locales y expertos en seguridad.

Ellos escuchan con frecuencia creciente los testimonios de convecinos atacados o amenazados por no avenirse a pagar por protección a delincuentes que estarían vinculados a las bandas dedicadas al narcodelito, en sus distintas variantes. Los montos que exigen los extorsionadores pueden llegar y aun superar los 50.000 dólares, según testimonios de las víctimas.

El atentado a balazos ocurrido el martes pasado contra una concesionaria de automóviles importados no es una excepción, sino una tendencia que tiende a convertirse en patrón. En lo que va del año ya hubo más de media docena de casos, y en febrero pasado el propietario de otra concesionaria recibió dos ataques en apenas 48 horas, por lo que decidió cerrar su local.

Pero no es el único rubro que sufre estas agresiones por no pagar a los extorsionadores, desde carnicerías y supermercados hasta domicilios particulares. Mientras, las fuerzas de seguridad provinciales y, menos aún, los reducidos agentes federales asignados al distrito, que mayoritariamente controlan el tránsito en el centro urbano, no logran ponerles coto. Maestras amenazadas, niños baleados, ajustes de cuentas en los que asesinan y queman a las víctimas, entre las que se incluyen bebés, forman parte de la crónica diaria, que por reiterada empieza a ser naturalizada.

Perotti, desconcertado

El reemplazo de funcionarios del área de Seguridad, que empezó a ejecutar el gobernador hace un año con el desplazamiento de su primer ministro, el polémico Marcelo Sain, lejos ha estado de producir alguna mejora. Por el contrario, subraya los problemas del gobernador para acertar con las políticas y las personas adecuadas para hacerle frente al auge de violencia e inseguridad. La semana pasada, en medio de la nueva ola criminal, Perotti desplazó, antes de comunicárselo, al entonces secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, que se encontraba de viaje en Centroamérica. Imágenes del descontrol.

En el medio aparecen las disputas con el gobierno nacional, al que los santafesinos en general acusan de no brindar asistencia ni colaboración suficientes. No es de ahora. Los gobiernos del Frente Progresista, encabezados por el socialismo, acusaban al kirchnerismo de hacer lo mismo por cuestiones partidarias.

Así, antes que la corrupción o la imposibilidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales por asimetría de fuerzas y recursos, aparecen la incapacidad y la defección de la política ante esta verdadera tragedia, según coinciden especialistas, agentes judiciales, exfuncionarios y periodistas que investigan el fenómeno. Complicidad por omisión, podría calificarse.

La conclusión se sostiene con la caracterización de los grupos criminales. Contra lo que pueden sugerir los hechos que alimentan la crónica roja, las bandas que tienen en vilo a Rosario solo se parecen a las de las películas y series que recrean la saga de los carteles mexicanos y colombianos en la crueldad de sus métodos, en el uso de sicarios cada vez mas jóvenes y sanguinarios, y en la impunidad con la que se mueven.

La primera diferencia que marcan los especialistas es que los narcos locales no son exportadores de droga, por lo que el volumen de su negocio y el profesionalismo de sus organizaciones están tan lejos de Sinaloa o Cali como la distancia geográfica que los separa.

“Ni siquiera necesitan ser demasiado sofisticados para lavar dinero. Que el 50 por ciento de la economía del país esté en negro les simplifica todo, porque esa mitad, que es enorme, representa el ciento por ciento por donde circula el dinero que genera su negocio”, explica un investigador local. Así es como se disimula su economía sin necesidad de recurrir a procedimientos demasiado complejos.

Como una prueba irrefutable de la precariedad y tosquedad de las organizaciones se subrayan los bajos niveles de educación alcanzados incluso por los jefes de los clanes delictivos, muchos de ellos semianalfabetos.

En un mismo lodo

En ese entramado aparece otro actor que no necesariamente está vinculado con el narcodelito, aunque a veces encuentra puntos de contacto, como es el juego clandestino, cuyas terminales en la política han quedado expuestas ampliamente, casi hasta la naturalización.

El caso más paradigmático es la causa en la que fue condenado un fiscal, están imputados el exjefe de los fiscales y un exdiputado nacional. Además, se encuentra acusado uno de los políticos más influyentes de la provincia, como es el senador Armando Traferri, aunque la Justicia no puede avanzar sobre él, ya que la Cámara alta santafesina se negó a desaforarlo, lo que pone en evidencia la magnitud de su poder tanto como la amplitud de la trama. Por eso, los fiscales que lo investigan presentaron un recurso extraordinario ante la Corte nacional, que está en proceso. Según los testimonios y pruebas recogidos en la causa, Traferri habría cobrado coimas del juego clandestino que sirvieron para financiar la campaña electoral de 2019 en la que el peronismo recuperó el gobierno provincial después de 12 años.

La degradación es de tal magnitud que lleva a fuentes locales, conocedoras tanto del contexto político como de la crítica situación de la inseguridad y las actividades criminales, a afirmar que en la provincia se está ante el riesgo de que se imponga una cultura mafiosa. En ese escenario a los casos de corrupción se les suma la defección de los funcionarios. “Los narcos ni siquiera necesitan comprar políticos porque para ellos no es negocio, les basta con su ineficiencia”, resume un investigador del fenómeno.

Lo inquietante es que la crítica situación se extiende más allá de las fronteras del delito y llega a la fallida provisión de algunos servicios públicos, que no se reducen a la seguridad y que afectan la vida cotidiana de los habitantes.

Por caso, ni siquiera el transporte público funciona razonablemente en Rosario. La frecuencia de los colectivos es tan baja que para trasladarse para estudiar o trabajar se puede necesitar salir con una antelación de casi una hora si se quiere llegar en hora. Y ni siquiera el servicio de taxis ofrece una alternativa. Después de la pandemia el transporte parece haber colapsado sin remedio. La falta de rentabilidad, la baja de subsidios y las trabas sindicales conforman un cóctel desquiciante para los usuarios.

Sin embargo, no se advierten signos de conflictos sociales graves. Como en el resto del país, la naturalización de ciertos fenómenos, la resignación y la asistencia, no solo por parte del Estado, evitan, al menos por ahora, cualquier explosión.

En el caso de la asistencia social, las bandas narco ejercen un rol nada desdeñable, complementario del sector público, a sabiendas de la burocracia. En los barrios más pobres, por ejemplo, existen comedores comunitarios sostenidos por sus líderes. Es lo que ocurre con la familia Cantero, que controla el clan de Los Monos, beneficiaria en estos días de un reclamo popular en una barriada para que el Estado no impida la asistencia. Escenas extremas de una realidad que empieza a extenderse en otras geografías del país.

En semejante contexto, no debería extrañar que crezcan expresiones antisistema. Mucho más mientras recrudecen las peleas internas en los espacios políticos mayoritarios y se adelanta casi un año la disputa por las candidaturas sin que las demandas ciudadanas encuentren respuesta. Rosario asoma, entonces, como un desgarrador grito de alerta.

Fuente: La Nación