09.10 El jueves ingresó a la Legislatura provincial un proyecto que devuelve al Ministerio Público de la Acusación (MPA) la potestad de sancionar y remover a fiscales y fiscales adjuntos. Hoy la autoridad está en manos de diputados y senadores.

El jueves ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que pretende devolverle al Ministerio Público de la Acusación (MPA) la potestad para sancionar y remover a fiscales y fiscales adjuntos de la provincia. La iniciativa fue impulsada por el diputado del FPCyS, Fabián Palo Oliver. El legislador propone que la eventual remoción de los fiscales y fiscales adjuntos se realice a través de un mecanismo interno consistente en un proceso administrativo, dentro del ámbito del MPA, del que deberán participar representantes del Colegio de Abogados, de la Legislatura provincial, del fiscal regional y, eventualmente, del fiscal general en caso de empate. En este sentido, la facultad disciplinaria nuevamente quedaría reservada a un tribunal con representación de diversos sectores y poderes públicos y no concentrada en la Legislatura provincial.

Palo Oliver también quiere restituir a la Auditoría del MPA su capacidad investigativa y sancionatoria, así como se restituye el plazo de seis meses para desarrollar el proceso de remoción.

“Lo que pretendemos es que el procedimiento de remoción de fiscales y fiscales adjuntos se ajuste a lo establecido por la Constitución Provincial”, fundamentó el legislador, quien explicó además que “el análisis que hicimos acerca del funcionamiento del nuevo sistema nos permitió observar que plantea un serio desequilibrio en el control del trabajo de los fiscales, recayendo exclusivamente en el Poder Legislativo. Un sistema republicano exige no solo la mera existencia de los tres poderes, sino también un razonable equilibrio entre ellos”.

Asimismo, Palo Oliver precisó: “Que sea el Poder Legislativo el exclusivo operador en materia disciplinaria para los fiscales y fiscales adjuntos, contraviene esa premisa y el hecho de que se los someta al mismo procedimiento que a los Fiscales Regionales y General, le quita la necesaria participación a los colegios profesionales y al mismo Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, el diputado destacó que, a raíz de convenios internacionales referidos a la persecución de la corrupción en todas sus formas, el Estado debe abstenerse de limitar o condicionar de cualquier modo la potestad investigativa de los órganos encargados de perseguir la posible comisión de esos delitos. Al respecto, advirtió: “en la historia reciente de nuestra provincia, se han presentado investigaciones donde se involucró a miembros de la Legislatura. Otorgarle exclusivamente a este poder la facultad de remoción de quienes investigan, no resulta aconsejable desde la transparencia republicana”.

“Para evitar esta situación y que no exista la posibilidad de presiones directas o indirectas por parte de quienes pueden llegar a ser sujetos de investigación, es que proponemos retomar el sistema anterior. Que haya un procedimiento que incluya a los legisladores, pero también a otros actores necesarios para un proceso justo”, concluyó.

El proyecto presentado por Palo Oliver va en sintonía con el dictamen N° 118 del procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, y con el voto del ministro del máximo tribunal de justicia de la provincia, Dr. Erbetta, en la causa Spelta.

Vale la pena recordar que, en 2018, se modificó ese sistema, asumiendo para sí la Legislatura la potestad exclusiva en ese ámbito de acción. (Aire de Santa Fe)