El debate no es nuevo. Sin embargo, cada vez que algún sector de la política, de las instituciones o de la sociedad en general sugirió modificar el esquema de ferias judiciales en la provincia de Santa Fe -que se extienden durante todo enero y dos semanas de julio-, terminó fracasando.

Ahora, a poco de haber asumido y en el marco del paquete de leyes vinculadas con la seguridad que el gobierno de Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura, aparece un apartado específico sobre esta cuestión. Puntualmente, en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal se incluye un artículo que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y elimina las vacaciones generalizadas durante todo enero y dos semanas de julio para quienes integran este fuero.

El artículo dice lo siguiente: "La feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados, de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del 50% del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda". Hasta ahora, durante las ferias de enero y julio, el sistema se sostiene con jueces, fiscales, defensores y empleados de turno, pero el grueso del Poder Judicial se toma vacaciones. Este año, la Corte Suprema de Santa Fe decidió levantar la feria judicial de enero en el fuero penal y por ese motivo se fijaron ocho juicios orales y públicos, en un hecho sin precedentes en la Justicia santafesina. Sin embargo, el Poder Ejecutivo propone que la suspensión de la feria ya no sea una decisión de la Corte, sino que rija a través de una ley para garantizar el mismo ritmo de avances en las causas durante todo el año, todos los años.

El último debate y la respuesta de la Corte: "Elucubraciones disparatadas"

La última vez que se generó un debate más o menos amplio sobre las ferias judiciales y el régimen de licencias extraordinarias en el Poder Judicial fue a principios de 2020, cuando las dos principales ciudades de la provincia -Santa Fe y Rosario- atravesaban una verdadera ola de violencia, mientras la mayoría de los agentes de la Justicia Penal se encontraba de vacaciones. Sin embargo, en febrero de ese año el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, clausuró cualquier posibilidad de cambios: al abrir el año judicial pronunció un discurso en el que defendió el sistema de licencias, habló de "elucubraciones disparatadas" y reclamó "seriedad" a los que "tienen el deber de comunicar a la población".

En aquel momento, el entonces diputado Pullaro ya había elaborado un proyecto de ley para eliminar la feria judicial en la provincia de Santa Fe. Y poco después, un juez de Venado Tuerto,Tomás Orso, puso en manos de la diputada provincial Rosana Bellatti una serie de sugerencias sobre cómo establecer un sistema de licencias que resienta lo menos posible el servicio de Justicia Penal. Por su parte, durante 2020 el Colegio de Abogados de Santa Fe envió una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando que se suspendiera la feria judicial en aquellos juzgados que se encontraban en evidente mora. Y además, la institución hizo hincapié en los abusos de algunos actores del Poder Judicial en el uso de licencias extraordinarias, para simples fines turísticos: “La mayoría de los funcionarios actúan con decoro y honorabilidad, pero no todos son así y se dan casos abusivos", dijo por entonces el presidente del Colegio, Andrés Abramovich. En aquel discurso de apertura del año judicial, Rafael Gutiérrez habló de estos temas. De todos modos, se limitó a responder "a los que tienen el deber de informar a la población", es decir, a los periodistas y medios que plantearon el debate. Sin embargo, por algún motivo no tuvo en cuenta a ninguno de los otros actores que también se habían manifestado sobre el tema de las vacaciones en el Poder Judicial:

El ministro de la Corte, Daniel Erbetta, reconoció en ese momento que "hay que revisar los controles que se realizan para el otorgamiento de las licencias extraordinarias. En eso tenemos responsabilidad porque la licencia extraordinaria no se puede ordinarizar... Hay una mala costumbre dentro del Poder Judicial, como en otros ámbitos de la administración pública, donde estas licencias también existen, y es que algunos toman estas licencias como si fuera un derecho automático, y no lo es".

El entonces fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, dijo que " hay que cambiar el sistema de ferias en el Poder Judicial... Se definió hace más de treinta años y ya no es adecuado para la compleja realidad criminal... No es un tema exclusivo del MPA, porque si nosotros mantenemos nuestras investigaciones en un 70% durante la feria, también se necesitan más jueces y más defensores públicos para actuar en esas causas".

El exministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, declaró: "Nos parece alentador que por primera vez desde los distintos poderes se reconozca una situación que se puede mejorar. Durante muchos años, tradicionalmente el tema de la feria era un tema intocable... Si los fiscales están hablando de la posibilidad de mejorar el servicio y algún ministro de la Corte reconoce que es una situación que se puede someter a estudio, estamos en un camino en el que es cuestión de sentarse a conversar para ver cuál es la forma en que esto se puede mejorar, ya que se trata de un sistema".

Y como diputado provincial, el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, planteó: “En enero aumenta la cantidad de delitos por una sumatoria de factores. Es inadmisible que justamente ese mes, la Justicia reduzca su actividad al mínimo. La feria judicial es parte de un sistema anacrónico que debemos adaptar al siglo XXI. Los tiempos cambian, la Justicia debe cambiar para combatir el delito con más eficacia...”.

Ahora, cuatro años después, el debate se reabre. Esta vez será en la Legislatura y mediante un paquete de leyes impulsado por un Poder Ejecutivo que cuenta con mayorías en ambas Cámaras. (Aire Digital)