Aunque la concreción viene lenta, el gobierno de Maximiliano Pullaro finalmente tomó la decisión de licitar las licencias de apuestas deportivas. Se trata de un negocio millonario que formalmente no está autorizado en Santa Fe pero que en la práctica se realiza eludiendo todos los controles y provocándole al Estado pérdidas millonarias.

La Casa Gris se tomó su tiempo para tomar la decisión y tampoco se muestra apurada por llevarla a los hechos. La ley que regula el juego online, sancionada a fines de 2023, le daba al gobierno un plazo de 180 días para decidir si las apuestas deportivas serían administradas por Lotería de Santa Fe o si se licitarían las licencias, sin precisar cuántas habría disponibles. Ese plazo se cumplió hace más de un mes y recién ahora fuentes del gobierno confirman cuáles serán los pasos a seguir.

Mejor controlar que prohibir

Con la epidemia de ludopatía juvenil siempre sobrevolando el tema, el gobierno provincial reconoce off the record que no es un tema agradable para el gran público, pero entiende que si no existe ningún tipo de cauce legal se está en el peor de los mundos: “No se controla quién organiza, no se controla que no jueguen menores ni tampoco se recauda”, dicen. Según los cálculos que hacen cerca del gobernador, el 80% del juego online de la provincia es ilegal, lo que se traduce en una pérdida mensual de dos mil millones de pesos.

Las razones de la decisión de Maximiliano Pullaro

La decisión frente a la que se encontraba el gobierno santafesino era compleja. La opción de licitar las licencias siempre fue la que picaba en punta, pero la cuestión ineludible de tener que negociar con algunas de las empresas del rubro -un vínculo siempre muy espinoso para la política- y el crítico crecimiento de las apuestas entre adolescentes eran dos variables que hacían dudar a la Casa Gris.

Sin embargo, había cuestiones prácticas que inclinaban la balanza. En primer lugar, que las empresas interesadas ya tienen la estructura disponible y pueden activar rápidamente. En segundo lugar, que la otra opción -que se las quede Lotería de Santa Fe-, implicaba embarcarse en la compra de un sistema de alto costo y de engorrosa administración. Además, había cuestiones legales a resolver para que el estado administre el dinero de los apostadores. No es casualidad que todas las provincias que regularon los juegos de azar deportivos lo hicieron vía la concesión de licencias.

Así las cosas, los equipos técnicos de Lotería de Santa Fe -a cargo de Daniel Di Lena, una de las figuras más cercanas al gobernador- trabajan hace ya semanas en el diseño del pliego, aunque no se espera que se dé a conocer en breve. Tienen que definir, por ejemplo, cuántas licencias se otorgarán, por cuánto tiempo y si se podrán prorrogar. Tampoco está definido de cuánto será el canon mensual que deberán pagar los licenciatarios que, además, tendrán prohibido ceder los permisos.

El origen de las licencias de juego online en Santa Fe

La regulación del juego online fue impulsada por Pullaro durante la transición entre el gobierno de Omar Perotti y el suyo. Durante la pandemia, el rafaelino había extendido las licencias de los operadores de los casinos de la provincia -Boldt SA y la española Invergaming Grup S.L. controlan los de Santa Fe y Melincué, mientras que el de Rosario es de la catalana Cirsa, Ricardo Benedicto y otros socios minoritarios- para que puedan operar los mismos juegos de azar de manera online, pero lo había hecho por decreto, eludiendo a la Legislatura.

El bloque radical, en ese entonces conducido por el propio Pullaro, denunció penalmente al gobernador por esta movida. Cuando tres años después el hughense ganó las elecciones, se encontró en un brete: si le sacaba la posibilidad de explotar el juego online a los casinos se exponía a conflictos legales, pero si permitía que siguieran operando bajo el decreto de Perotti se contradecía con la denuncia penal que él mismo había presentado. Por eso, decidió impulsar una ley que ordene el tema, aumente el canon y, además, regulase las apuestas deportivas

El proyecto avanzó con un trámite express gracias a un acuerdo interpartidario. Ingresó por la Cámara de Diputados y Diputadas, firmado por casi todos los partidos. Aunque seis diputados peronistas retiraron su apoyo a último momento -disgustados porque no se limitó la cantidad de licencias y porque se permitió al Ejecutivo aumentar el canon sin pasar por la Legislatura-, logró media sanción con la composición vieja de la Cámara. Dos semanas después, con los legisladores electos ya asumidos, el Senado lo transformó en ley, esta vez con el apoyo de todo el peronismo. Fuente: LetraP