07:33 - El viernes por la mañana ingresó en la Oficina de Gestión Judicial de Rosario el pedido formal del Senado para que se archive la causa contra el senador justicialista. El pedido lleva la firma de la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alejandra Rodenas.

El pasado jueves, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe sancionó dos proyectos que generaron polémica y malestar en los ámbitos político y judicial de la provincia.
En primer lugar, el Senado aprobó una Resolución, impulsada por el senador Rubén Pirola, que creaba una comisión de seguimiento y evaluación del MPA. La creación del órgano que intentaba establecer un control sobre el desempeño de los fiscales provinciales generó el rechazo de todo el arco político santafesino y un gran malestar en el Poder Judicial, desde donde aseguraron que se trata de un intento de condicionar la labor de los fiscales, además de una intromisión de un poder sobre otro. Al respecto, se manifestaron la Asociación de Fiscales, el Colegio de Magistrados y el propio Ministerio Público de la Acusación, desde donde surgió la posición de no responder a ningún requerimiento de la comisión creada por la cámara alta.  Este lunes, luego del pronunciamiento del MPA con un duro comunicado, Aire Digital informó que referentes de los distintos partidos involucrados tomaron la decisión de no conformar dicha comisión, dejarla en suspenso y convocar al jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini, para dialogar sobre este tema. En contacto con este medio, el senador radical por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig precisó que "la comisión no se va a constituir. Nunca pensamos que se generaría este revuelo y jamás tuvimos la intención de interferir en la labor del MPA". La otra iniciativa aprobada el jueves y que generó polémica tiene que ver con un pedido formal al juez Leiva –quien tramita la causa que investiga el juego clandestino en el sur de la provincia- para que se archive el proceso iniciado contra el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Dicho pedido de la Cámara de Senadores fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial de Rosario el pasado viernes 26 de febrero y lleva la firma de la vicegobernadora de Santa Fe y presidenta de la cámara, Alejandra Rodenas, y el secretario legislativo, Rafael Gutiérrez (h).
Que sea la vicegobernadora y presidenta del Senado quien firme el pedido para que el juez archive las acciones contra un legislador fue lo que generó algunos ruidos dentro del propio gobierno provincial y algunas críticas de referentes jurídicos. “Tenés a la vicegobernadora presentándose a un juez pidiéndole que cierre una causa para beneficiar a un senador. El Ejecutivo interfiriendo en el Judicial para beneficiar a un legislador”, reprocharon fuentes cercanas a los fiscales provinciales. Algunos, incluso se animan a asegurar que hay motivos para iniciar un juicio político.
Por otro lado, algunos abogados constitucionalistas le restan gravedad institucional al accionar de Rodenas. “Lo que hizo Rodenas no es comparecer en la causa, simplemente remite la Resolución. Es una tarea administrativa y no hay nada reprochable”, aseguran.
A través de un comunicado, la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas aclaró que de ningún modo impulsó una resolución que votó el Senado, que el archivo de una causa penal corresponde a los fiscales y que se limitó a comunicar la decisión de los senadores al juez Leiva.
La vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, en su carácter de Presidenta de la Cámara de Senadores, expresó que la resolución Nº 42806-DBR no es un acto parlamentario promovido ni impulsado por ella y que lleva su firma porque así lo establece el reglamento interno del cuerpo (artículo 43º), que pone en cabeza de la presidencia del Senado el deber de autenticar las decisiones adoptadas por la Cámara. En ese sentido, y con relación a artículos periodísticos en los que se sugiere que la rúbrica de la mencionada resolución equivale a solicitar “el pedido de archivo de una causa penal”, Rodenas señaló que “no se condice con la verdad, ya que me he limitado a comunicar al juez interviniente una resolución que expresa la voluntad del cuerpo. Se trata de un acto meramente administrativo”. Por otra parte, en su condición de ex magistrada aclaró, a fin de despejar todo tipo de dudas, “en el actual sistema procesal penal el archivo de una causa es facultad indelegable y exclusiva de los fiscales”. Asimismo, Rodenas aclaró que cuando el Senado le encomienda en la citada resolución ser “parte en el proceso”, esto sólo implica arbitrar los medios para ser oída institucionalmente en un trámite en el que se está discutiendo la constitucionalidad de decisiones tomadas por el mencionado cuerpo legislativo en el marco de las normas vigentes”. La vicegobernadora manifestó que es su voluntad “brindar al juez todos los elementos que éste pueda requerir para evaluar lo actuado y tomar la decisión que considere ajustada a derecho, en absoluto respeto de la división de poderes”. Rodenas fue terminante a la hora de señalar que el Senado en todo momento actuó conforme a la normativa constitucional vigente en Santa Fe en materia de desafuero. Finalmente puso a disposición de la ciudadanía la versión taquigráfica de las sesiones en cuestión. La Resolución aprobada el pasado jueves resuelve “dar ingreso a la comunicación judicial recibida en fecha 23/02/2021 presentada por el senador Traferri” y “hacer saber al juez actuante que, de acuerdo al resultado de la votación en sesión de fecha 17/12/2020 no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra el senador Armando Traferri”.
Asimismo, el Senado deja presente que su actuación sobre el caso Traferri “ha sido realizada en estricto ejercicio de las facultades a ella conferidas en el artículo 51 de la Constitución provincial” y menciona que “la actuación de éste cuerpo fue consentida por los propios señores fiscales, quienes en su momento solicitaron el pronunciamiento del Senado con fundamento en las mismas normas que ahora se cuestionan”.
“Se faculta a la presidenta de la Cámara de Senadores para que con patrocinio letrado proceda a interponer ante el juzgado actuante la presente Resolución, a fines de ser tenida como parte del proceso”, establece la iniciativa. Además, se ordena comunicar la medida al juzgado, a la Corte de Justicia de la provincia, a la fiscalía de Estado, el procurador general de la Corte y al fiscal general. Aire de Santa Fe.