Por Varinia Drisun*. En el Día Mundial de la Salud proponemos reflexionar sobre este derecho fundamental y sus implicancias. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 42, reconoce el derecho a la salud a todas y todos los ciudadanos de la Argentina. En el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946 la salud es proclamada como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”. Estos conceptos, no se refieren a algún lugar lejano, sino que cuando hablamos del derecho a la salud, nos referimos al bienestar de nuestro pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, de nuestras vecinas y vecinos, familiares, amigos.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, “en todo el mundo, el derecho a la salud de millones de personas está cada vez más amenazado” (OPS, 2024). Las últimas mediciones publicadas por el Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA) del pasado mes de enero muestran que cerca de 27 millones de personas en Argentina son pobres. Lo que se enuncia con un número de 8 cifras da cuenta de que aproximadamente 6 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no pueden ejercer su derecho a comer todos los días, a tener acceso al agua potable, a poder vestirse e higienizarse, a poder dormir en una vivienda digna y a tener resguardo ante las inclemencias climáticas, con los consecuentes problemas de malnutrición, deterioro del desarrollo neurológico, aumento de enfermedades gastrointestinales y otras enfermedades, donde el derecho a la salud es vulnerado una y otra vez.

Hablar de derechos significa que los gobiernos tienen la obligación de diseñar, e implementar políticas públicas que garanticen el acceso universal a los mismos. Esto requiere planificación e inversión económica e implica, sin dudas, un Estado con la capacidad y la decisión de abordar las causas profundas de las inequidades y desigualdades sociales que vulneran esos derechos.

¿Cómo hablar de bienestar psicosocial en la Argentina si son cada vez más los compatriotas que quedan fuera del mercado laboral, y la mayoría de quienes aún conservan el trabajo están por debajo de la línea de pobreza, limitando la posibilidad de su acceso a otros derechos como el derecho a educarse, a hacer un deporte, a tener momentos de recreación, a alimentarse correctamente?

¿Cómo hablar de salud mental en nuestro país cuando el nivel de violencia y conflictividad social es un determinante indiscutido del aumento de las consultas por estados de ansiedad, depresión o angustias?

¿Cómo podemos hablar de salud cuando nos encontramos transitando la epidemia de dengue más importante que haya atravesado nuestro país y la autoridad máxima -el Ministerio de Salud de la Nación- que debe cumplir con sus responsabilidades para asegurar el cuidado de los ciudadanos y ciudadanas lo mejor que tiene para ofrecer es recomendar ‘no usar pantalones cortos’?

El completo Bien Estar sólo será alcanzado cuando podamos abordar con prevención las verdaderas causas de las enfermedades. No habrá salud mental en una comunidad si la angustia que genera la falta de acceso a una vida digna se busca resolver con pastillas ansiolíticas. El aumento significativo de las prescripciones de psicofármacos no solo habla del enriquecimiento del capital financiero, sino que habla del padecimiento de seres humanos que cada vez tienen más dificultades para metabolizar subjetivamente la voracidad del mundo que nos considera más consumidores que ciudadanos.

La realidad exige que dejemos atrás miradas individualistas de la salud para aprehenderla en toda su profundidad: la salud es un hecho colectivo. Es indispensable comprenderla como un hecho social vinculado a las condiciones de vida y a las posibilidades de acceso a una atención en salud apropiada y oportuna.

En el Día Mundial de la Salud, como socialistas levantamos bien alto la bandera de la salud como un derecho humano, contraria a la idea de la salud como mercancía. Defendemos el rol del estado, eficiente, solidario y activo en la producción de la salud, promoviendo la participación de la ciudadanía.

Estamos convencidos de la necesidad de reivindicar en este presente signado por la incertidumbre a aquellos que con coraje y determinación entendieron y construyeron un camino: como Ramón Carrillo, que entendió pronto que la salud es un derecho y que esa idea potente y emancipadora superó al concepto de beneficencia. O recuperar el legado de Floreal Ferrara que nos donó la definición de salud como capacidad colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida de las personas. O la hazaña de Hermes Binner, que en pleno neoliberalismo privatizador y empobrecedor en la década del 90 lideró un proyecto constructor de un sistema de salud público y de calidad que revolucionó una ciudad y brindó a rosarinos y rosarinas el orgullo internacional de tener el mejor sistema de salud de América con la mortalidad materno infantil más bajo del país.

*Diputada Provincial (Partido Socialista) *Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe