17.08 “Son numerosas las objeciones que desde el PRO tenemos sobre los proyectos de creación de universidades que tratará la Cámara”, advierte el diputado nacional y exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. “Las resumo en que son proyectos que no surgen de la planificación integral que necesita el sistema; que no atienden áreas de conocimiento vacante ni motorizarán el desarrollo regional. La universidad no puede ser una obra más, no la podemos tratar como un resorte de la política local para beneficiar a un intendente, a un gobernador o a un ministro influyente. Tampoco debe seguir pensándose a la educación superior como algo extraño a los niveles obligatorios, los mismos que hoy todavía continúan padeciendo el apagón que provoca este gobierno”, agregó.

La cámara baja tiene dictamen para tratar en el recinto, algo que el oficialismo no pudo lograr en la sesión de hoy jueves 1 de diciembre, la creación de las universidades nacionales de Delta, Pilar y Saladillo. También la nacionalización de otras casas o institutos de educación superior que operan a nivel provincial, como los casos de Río Tercero, Madres de Plaza de Mayo, Cañuelas, Paraná y Ezeiza.

Finocchiaro subraya enfáticamente la situación de esta última: “Es de una gravedad extrema. La Universidad Provincial de Ezeiza, conformada en marzo de 2019, se nacionalizaría sin reconocer a sus autoridades formales. Una clara violación al principio de autonomía y a la voluntad democrática de los claustros que ya las eligieron. Esto es algo que nunca pasó en 39 años de democracia recuperada. El último que se animó a hacer algo así fue Jorge Rafael Videla”.

El legislador aseguró que “como universitarios, como reformistas, como defensores de la universidad pública, vamos a oponernos a esta intervención de hecho que está intentando hacer este gobierno con la Universidad de Ezeiza en el recinto de Diputados, en el Senado y, si fuera necesario, vamos a seguir luchando por su autonomía en todas las instancias de la Justicia. La Corte Suprema jamás podrá declarar la constitucionalidad de una ley que vulnere la autonomía universitaria. El poder político no puede tener injerencia dentro de los claustros”.