La visita del intendente Juan Pablo Poletti a Buenos Aires, donde se reunió con funcionarios del gobierno nacional, el pasado miércoles, generó casi por rebote en la política doméstica un debate que empezó a germinar con el transcurso de los días.

Ocurrió que la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, le ofreció al titular del Palacio Municipal capacitaciones a agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) en la prevención de delitos y, en este sentido, se deslizó la posibilidad del uso de armas de electrochoque -conocidas como pistolas Taser- en esta capital.

"Queremos que el personal que cumple tareas de seguridad, que son civiles, estén capacitados, más allá de si les entregamos o no pistolas Taser. Esto es algo que todavía no está ni legislado, ni presupuestado ni articulado", le declaró Poletti a El Litoral. "Como dijimos en la campaña, ésta es una decisión política, porque nos vamos a involucrar en la seguridad de los santafesinos", agregó.

Pero ¿qué son estas armas de electrochoque? Son dispositivos que transmiten una descarga eléctrica con el objetivo de inmovilizar a una persona para su posterior detención. Son armas “no letales” de descarga eléctrica. Estas armas transmiten impulsos eléctricos de menor amperaje y mayor divulgación del mercado.

Cuando el disparo eléctrico alcanza al agresor, le provocan a éste hasta 19 contracciones musculares por segundo, inmovilizándolo de forma inmediata, lo cual permite su arresto sin poner en riesgo la integridad física. La persona jamás pierde el conocimiento, es decir que puede escuchar las órdenes del oficial.

Todo esto consta en el prospecto de estas armas; por fuera, hay una discusión entre expertos en seguridad respecto de la letalidad o no de las Taser.

La legislación

Primer punto: el funcionamiento de la GSI está regulado por la Ordenanza Nº 12.542, sancionada en agosto de 2018 por el Concejo Municipal. Esta norma local deja taxativamente en claro que los agentes de la Guardia no tienen poder de policía, es decir, no pueden portar ningún tipo de armas. La función de la GSI es de control preventivo del delito, y debe trabajar articuladamente con la policía provincial.

Así las cosas, para que un día los agentes de la GSI puedan usar estas pistolas eléctricas, debería modificarse esa ordenanza. Y no sólo eso: en términos jurídicos, tendría que haber en la Legislatura una modificación de la Ley Orgánica de Policía de la provincia de Santa Fe (entre otras leyes que versan sobre seguridad), avalando el uso de estas pistolas de electrochoque por parte de agentes de la Guardia.

El Litoral realizó una ronda de consultas para conocer qué opinan ante esta posibilidad los concejales de la ciudad de Santa Fe. Las posturas a favor, sobre todo del interbloque oficialista (“Unidos...”) del uso de las Taser por parte de la GSI se amparan sobre el argumento de que toda medida que ayude a combatir el delito es válida, siempre dentro de la legalidad. Y que demandaría modificaciones normativas.

Desde la oposición, los argumentos en contra fueron más duros. Dos edilas (del PJ y del FR) sostuvieron que éste no es un debate viable, que la no letalidad de estas armas no está probada, y que el municipio debería encargarse más de cuestiones básicas y “reales” en materia de seguridad, como iluminación, desmalezamiento y reequipamiento de la GSI.

A favor

-Adriana Molina (presidenta del Concejo – Interbloque “Unidos...”): Estoy abierta a discutir cualquier herramienta que sume a la prevención en seguridad. Creo que hay lugar en el Concejo para analizar la posibilidad de la utilización de las Taser por parte de la GSI. La viabilidad va a estar garantizada en tanto y en cuanto haya una modificación de la actual ordenanza de la Guardia de Seguridad Institucional, ya que la misma no habilita la utilización de este tipo de herramientas.

También, tiene que haber una coherencia con la legislación provincial, en particular con la Ley Orgánica de la Policía, que le atribuye el monopolio de la coacción física legítima, es decir el monopolio de la fuerza, a la policía provincial.

Creo que (las Taser) son herramientas de prevención, ese es el objetivo que tienen. No son armas letales pero sí pueden ser utilizadas de forma preventiva en determinados tipo de hechos vinculados a los delitos contra la propiedad. Esto es lo más importante, y siempre y cuando se actúe jurídicamente como corresponde, quizás sea viable (el uso de estos dispositivos) para la GSI.

-Carlos Suárez (“Unidos…”): Hoy el marco normativo de la GSI no permite a sus agentes el uso de armas de ningún tipo, porque tiene precisamente vedado el uso de la fuerza. El espíritu de la norma que regula la Guardia es preventivo y cualquier tipo de intervención en una situación de conflicto es de desaliento, de mediación.

En segundo lugar, el monopolio del uso de la fuerza está en manos de la policía de la provincia. Por lo cual habría que ver si no es necesaria, primero, una modificación normativa a nivel provincial para que esto se pueda aplicar en la ciudad.

Con todo, y si fuese posible allanar todo este camino, creo que la implementación de sistemas que tiendan a mejorar la situación de la inseguridad siempre son positivos. Previo a esto, sería necesaria la capacitación de la GSI. La implementación de las Taser o de alguna tecnología similar puede ayudar a combatir el delito. Es una discusión interesante.

-María Beatriz Barletta (“Unidos…”): Considero que los dispositivos de inmovilización momentánea o armas no letales pueden ser utilizadas por policías o guardias de seguridad, siempre y cuando tengan un alto nivel de capacitación y actúen bajo un estricto protocolo de utilización.

Claramente de llegar el debate al Concejo tendríamos que modificar las funciones de la GSI y ampliar el poder de policía y su protocolo de actuación.

-Carlos Pereira (“Unidos…”): Es el municipio quien tiene la potestad de dictar legislaciones de fondo. Y por lo tanto, más que modificar una ordenanza, haría falta una ley, una autorización por parte del gobierno provincial para que esto sea posible.

El funcionamiento en este caso no sería muy distinto a los servicios de seguridad privado, que tienen por parte del Estado provincial autorizado el uso de armas, pero siempre con un sentido del uso de armas en calidad de defensa.

Está claro que un guardia de seguridad privada no puede salir a perseguir delincuentes; pero puede llegar a usar un arma ante una situación de violencia sobre su persona. Bueno, aquí (Taser en manos de agentes de la GSI) sería una situación similar.

No obstante todo ello, habría que modificar la ordenanza; pero también esto debería estar atado a la modificación o eventualmente a una autorización para el uso de estas armas por parte del Estado provincial.

En contra

-Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo - Frente Renovador): Hoy la inseguridad es uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad y son muchos los debates que hay que dar. Actualmente hay una suma de factores que predispone a que las calles de Santa Fe sean inseguras. Para eso debemos hacer foco en principio en las deficiencias con las que conviven los vecinos en cuanto a la presencia del Estado municipal en cada barrio, y las diferentes problemáticas que enfrentan día a día debido a esto.

Ejemplos: las cámaras de seguridad funcionan a un 50%; falta de iluminación y mantenimiento de los espacios públicos, y hay una deficiente coordinación desde el municipio con las fuerzas de seguridad provinciales.

Estoy de acuerdo con propuestas que incorporen capacitación, equipamiento y nuevas tecnologías. Pero el uso de las pistolas Taser no creo que garantice la reducción de los hechos delictivos. Esto sumado a que son consideradas por varios organismos como un “elemento de tortura”. En una persona sana el impacto de la Taser puede provocar un desvanecimiento o una parálisis parcial. Y en una persona que tiene problemas cardíacos le puede provocar la muerte.

-Jorgelina Mudallel (PJ): El uso de estas armas por parte de agentes de la GSI hoy no es una discusión viable, porque la Guardia no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Ésta es una facultad que solamente tiene la policía, el Estado provincial y el nacional en otro nivel. Y no alcanza solamente con una modificación de la ordenanza de la GSI.

Por lo tanto, para que el debate y la discusión de las taser sea algo más que solamente hablar de eso -porque a la gente le gusta escucharlo- tendría que haber una modificación normativa desde la la Legislatura; de nuestra Constitución provincial, y además es una cuestión que toca las autonomías municipales. Estas armas ni siquiera se usan en la provincia.

Después hay muchos estudios, un amplio marco teórico y empírico, donde no se asevera a ciencia cierta que utilizar las Taser puede reducir el delito. Es algo mucho más un ideal que una realidad comprobada. No es un debate que hoy podamos darlo en términos serios y profundos ni siquiera en el Concejo, a mi parecer.

Pero también, la Taser implica una descarga eléctrica. Y el debate pasa en este punto en hasta que punto no es un arma de tortura. Hay un montón de debates que se abren en esa situación. Además, la ciudad tiene otros problemas urgentes ahora que deben ser atendidos. Creo que también hay que pensar en abordar cuestiones “más reales”. (El Litoral)