“El Estado debe dar el debate sobre el futuro de ASSA” disparó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, ante los diputados que participaban del plenario ampliado de la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara Baja.

“El actual contrato social vencerá en enero de 2026 y debemos encontrar una salida para que funcione mejor” acotó el funcionario del Poder Ejecutivo. “Los municipios son socios” recordó el justicialista Marcos Corach a colación de que el ministro instó a la propia ASSA, el Enress y sectores como saneamiento y aguas de la provincia a que participen del debate. “Tenemos que encontrar un sistema que funcione mejor” añadió el radical Dionisio Scarpin, presidente de la Comisión.

“ASSA es un problema, nos encontramos con una empresa con gran nivel de deterioro en sus finanzas y con un nivel tarifario muy bajo” señaló el ministro indicando con números que había venta de agua a granel a cooperativas y municipios prácticamente a números de quebranto.

Obras paralizadas

El tema de ASSA fue derivación del planteo que hicieron legisladores de Santa Fe y de Rosario ante el abandono de obras financiadas por el gobierno nacional para ampliar plantas potabilizadoras en ambas zonas. La provincia no tiene, por ahora, una salida a esas situaciones que demandan erogaciones millonarias. Pero el ministro agregó el ingrediente de la futura figura de la empresa cuyos gastos operativos en el 2023 fueron solventados por la provincia.

“El 92% de los gastos operativos los aportó la provincia y el restante 8% la tarifa”, afirmó un integrante actual del directorio. Es más, con el fuerte aumento dispuesto en las tarifas a partir del segundo bimestre, la proyección es finalizar el ejercicio con un aporte del 36% del tesoro y el 64% aportado por la tarifa. La estimación en Economía es que durante 2023, ASSA recibió más de 33 mil millones de pesos del Tesoro para poder funcionar.

Evalúan alternativas

El Litoral pudo saber que el tema está bajo análisis en el propio Ministerio de Obras Públicas donde hay áreas que evalúan distintas alternativas. También en la provincia hay ensayos a futuro. En el seno de ASSA se retomaron discusiones pero ahora con un cambio de paradigma a nivel nacional. Seguir como sociedad anónima, ser empresa del Estado e incluso SRL son algunas de las figuras con ventajas y desventajas que forman parte del análisis preliminar.

Hoy la figura de sociedad anónima con finalización en poco menos de dos años trae algunos problemas especialmente a la hora de amortizaciones e inversiones, se señaló en calle Ituzaingó donde funciona el directorio.

La creación de Aguas Santafesinas SA, el 20 de enero de 2006, fue la llave encontrada por la política santafesina a la salida del concesionario que siguió a la DIPOS, Aguas Santafesinas. El decreto 0193 de ese año, firmado por el gobernador Jorge Obeid y el ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Alberto Hammerly, dispuso la constitución de “Aguas Santafesinas Sociedad Anónima” con un capital inicial de cien millones de pesos donde el 90% de las acciones corresponden al gobierno provincial y el 10% a los trabajadores en un programa de Propiedad Participada. El gobierno provincial transfirió parte de las acciones clase B de su propiedad a los municipios atendidos por ASSA, quince a ese momento.

Veinte años de contrato

La creación de ASSA garantizó la prestación del servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez ante la salida de Aguas Provinciales de la concesión.

“El término de duración de la sociedad será de veinte años contados de la fecha de inscripción registral de la sociedad pero debe extenderse, mediante modificación estatutaria, hasta que expiren la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de concesión que celebre con la provincia de Santa Fe”, reza el estatuto societario.

Antes de la creación de ASSA, el gobierno de Obeid escuchó diversos grupos empresariales con propuestas para hacerse cargo del servicio pero ninguno llegó a satisfacer las demandas del Poder Ejecutivo ni las consultas que se fueron haciendo con la Legislatura, especialmente con la Cámara de Diputados que tuvo un rol muy activo en esa transición e incluso en la elección de la figura de Sociedad Anónima para la nueva empresa.

En estos veinte años, ASSA no solo sigue prestando el servicio en las 15 localidades originales sino que se ha transformado en proveedor mayorista de agua potable para cooperativas y municipios a través del Sistema de Grandes Acueductos que fue realizando la provincia a partir del 2007. Se trata de los activos Acueductos del Norte que abastece a unos 10.000 vecinos de los departamentos General Obligado y Vera; el Acueducto Reconquista, el Acueducto de La Costa, el Norte 1 con 50.000 vecinos, y el Centro Oeste que alcanza a 60.000 vecinos.

Además están en marcha la extensión de algunos de los sistemas y en Coronda se iniciaron los trabajos para el tendido del biprovincial a Córdoba que servirá para localidades santafesinas de varios departamentos, obra que tiene financiamiento externo de capitales árabes.

La regulación

La relación del Estado con el concesionario es otro de los temas que están pendientes en la legislación de fondo de la provincia. Los proyectos legislativos presentados en los últimos 20 años sobre la temática fueron muchos pero no avanzaron en la discusión. Uno de los últimos ingresados lleva la firma del hoy secretario de Proyectos Especiales del ministerio de Obras Públicas, José León Garibay. Es un proyecto para la regulación del servicio público de provisión de agua potable, desagües cloacales y del sistema de acueductos en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe.

En los considerandos de ese megaproyecto, el ex legislador advierte que el marco regulatorio vigente, plasmado en la Ley Provincial Nº 11.220, fue sancionado en el año 1.994, en un contexto social, económico e institucional totalmente diferente, y destinado a regular un servicio público cuya prestación se encontraba a cargo de actores, cual relación jurídica con la administración concedente era, también, muy disímil a la actual. Recuerda que de hecho, el texto de la norma referenciada, fue sancionado en el marco de las previsiones de las leyes nacionales de Emergencia Económico y Reforma del Estado, las que contemplaban, entre otros temas, la transformación, descentralización, transferencia o privatización de los servicios públicos de la ex - Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS).

Desde mediados de los años 90, la Ley Provincial Nº 11.220 fue la herramienta jurídica para que Santa Fe estableciera el marco regulatorio general del sector, dispusiera la disolución de la DIPOS, la concesión a capitales privados y definiera la constitución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) como entidad autárquica a cargo del control y la regulación del servicio público. Fuente: El Litoral.