La Legislatura santafesina aprobó este miércoles proyectos de relevancia, entre otros, la reforma del Código Procesal Penal, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de la mayor modificación realizada al código desde 2007, y su objetivo es darle a la Policía, a fiscales e incluso a los jueces, más herramientas de procedimiento ante el delito. Se trata del decimoquinto mensaje que la Legislatura provincial le aprueba al actual Poder Ejecutivo.

Por esa razón, este jueves a la mañana, el ministro de Gobierno e Innovación de la provincia, Fabián Bastia, acompañado por legisladores, hizo una síntesis de lo sancionado el miércoles, que también incluyó la Ley de Gobernanza de Datos y la intervención de Villa Saralegui.

En principio valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del actual gobierno. Y en lo puntualmente referido al Código Procesal Penal, Bastia destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de senadores “nos den nuevas herramientas para las acciones que llevamos adelante contra el delito”. “Esto nos permite concretar medidas, pero además hay una lógica de ordenamiento normativo que nos venimos dando desde que asumimos. Esto además tiene que ver con la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre”, señaló el ministro, quien estuvo acompañado por los senadores Felipe Michlig y Pablo Verdecchia, y los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Pablo Farías.

Profundizando en torno al Código Procesal Penal, Corral recordó que muchas veces la gente se preguntaba “por qué en un allanamiento no se podía secuestrar una moto que era robada, pero la orden no lo puntualizaba; o por qué un detenido era liberado, dado que los tiempos procesales así lo obligaban y daban poco margen para la investigación, lo que terminaba en eso que se conoce como la puerta giratoria. O por qué no se demolía un lugar que se probaba que era un búnker de drogas. Todo eso y más, de ahora en adelante, una vez promulgada esta reforma, podrá hacerse para acompañar así la voluntad política del actual gobierno”.

Intervención y gobernanza

Por su parte, el senador Felipe Michlig se refirió a la intervención de Villa Saralegui, comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, que él representa en la Cámara Alta. “En esa localidad se vive una situación de una gravedad institucional insostenible, no solamente por el destrato y el atropello hacia los vecinos”, recordó. En ese sentido agregó “la golpiza que había recibido un productor por ir a reclamar porque habían sacado una alcantarilla y no podía entrar a su campo; por el abuso en el aumento de las tasas de 500%; la falta de presentación de información y balances, a lo que se sumó un ataque a balazos al miembro de minoría del gobierno local, a quien no dejaron asumir. Todo esto nos llevó a presentar un proyecto de ley, por supuesto con la anuencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y ahora hemos logrado la sanción de esta intervención” que se extenderá hasta la normalización institucional y un nuevo llamado a elecciones.

En torno al proyecto de Gobernanza de Datos e Información Pública, también impulsado por el gobernador Pullaro y sancionado el miércoles, destacaron que se trata de una norma que hará más eficiente el trabajo de la gestión estatal, ya que implicará el abandono progresivo del papel en diversos trámites, a cambio de digitalizarlos. Asimismo se habilita el uso de nuevas tecnologías, y también se acelera el traspaso de datos entre las diferentes áreas de gobierno y mejora la gestión de los trámites de la administración para brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.