Con un número de expositores menor al de otras oportunidades, pero con una cantidad mayor de interesados en escuchar los debates, transcurrieron este miércoles 27 y jueves 28 las reuniones en Santa Fe y Rosario, en el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios con motivo del pedido de aumento de tarifas de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA.

En la discusión estrictamente ceñida a la actualización de las boletas del agua potable y las cloacas en 20 ciudades donde actúa la concesionaria la empresa defendió la suba que al cabo de dos peldaños impactará en un 128% para el cuarto bimestre de 2024. El pedido incluye dos etapas: un 52% en el tercer bimestre y otro 50% en el cuarto, aplicable sobre lo acumulado.

La empresa presentó los números de 2023 que avalan esa suba y explicó que los costos con que se diseñaron los números de 2024 no tienen en cuenta la mega devaluación del actual gobierno nacional sobre el precio del dólar oficial, que resulta clave en uno de los renglones más caros de la estructura de costos fijos del proceso de potabilización del agua: los insumos químicos que el país produce o importa pero que, en cualquier caso, se cotizan en esa moneda.

La línea política de la conducción de la compañía la marcó la presidenta del Directorio, Anahí Rodríguez, que conoce a fondo a la empresa porque antes fue la presidenta del Enress durante el gobierno de Miguel Lifschitz. Las explicaciones económicas sobre el estado de la prestadora y su dependencia de los recursos del Tesoro provincial estuvieron a cargo de Darío Boscarol, que junto a Alfredo Menna, Juan Manuel Costantini y Sergio Loyeau conforman ese órgano de conducción de la sociedad anónima cuyas acciones son del Estado Provincial.

Tanto Rodríguez como Boscarol expusieron lo endeble que se encuentra la prestadora de un servicio público cuando sus cuentas son pagadas en un 85 o 90% por el Estado y apenas el resto por los usuarios. Ambos advirtieron que cuatro años atrás la proporción era de apenas un 30% de aportes del conjunto de los santafesinos y que un 70% de los recursos provenían de la facturación.

El debate se inició, tanto en Rosario como en Santa Fe, con exposiciones de Assa. Rodríguez reveló que lo pedido no alcanzará para que el sector público deje de aportar recursos, y recordó el clima de incertidumbre económica que vive el país, en un informe posterior al pedido inicial de actualización tarifaria que llevaron adelante las autoridades salientes (del gobierno de Omar Perotti).

Los directores del Enress Raúl Hurani y Jorge Lagana, que necesitan que al menos se nombre otro para el quórum, fueron los encargados en ambas instancias en el sur y en la capital provincial de presentar y moderar el debate.

En la reunión santafesina ocurrió algo insólito: terminaba de exponer uno de los directores de la empresa cuando uno de los expositores (que ya había usado su tiempo de diez minutos) levantó la mano y al mismo tiempo pidió hacer una pregunta. Hurani y Lagna asintieron sin titubear y lo autorizaron a pedir una precisión respecto de los plazos para que haya más micromedición en los hogares. El orador que ya había dicho lo suyo en el micrófono y ahora lo hacía a viva voz aunque respetuosamente se había apartado de lo permitido por el reglamento que rige las audiencias. Tal vez, pueda ser parte de las próximas que haya un espacio para preguntas de los usuarios a los funcionarios una vez terminada la ronda de exposiciones. A las audiencias públicas, dentro y fuera de ellas, se les reclama que sean más influyentes, que -como señaló el defensor del pueblo adjunto Jorge Henn y dos integrantes de vecinales y mutuales del barrio Centenario y de Villa del Parque en la ciudad de Santa Fe- si bien no podrán ser vinculantes (porque allí no se vota) tengan más peso a la hora de definir políticas públicas de saneamiento.

Datos y relatos

Hoy los datos fuertes que nadie discute son que Aguas y otros prestadores pierden por ineficiencia y fugas en las redes hasta un 40% del agua potable que producen. Y que en no menos de un 50% de la cañería debería ser reemplazada por estar obsoleta, lo mismo que por su edad el 80% de los caudalímetros domiciliarios. La conducción recién asumida de la empresa lamentó que el plan de micromedición no haya avanzado fuera congelado durante la gestión anterior. Todos admiten que sin certezas sobre lo que finalmente se aprovecha del agua puesta en la red no puede medirse la eficiencia de Assa. Uno de los oradores les reclamó datos técnicos más precisos a los solicitantes del aumento.

Además, en nombre de otros usuarios, tres representantes de entidades vecinales y la defensoría del Pueblo rechazaron la suba. Y coincidieron en la necesidad de que se cree una tarifa social, al tiempo que aseguraron que con el aumento y todos los precios por las nubes muchos no podrán pagar. La vulnerabilidad de los usuarios en bastos sectores sociales quedó claramente expuesta.

Lo que sigue

Los pasos burocráticos son los siguientes: primero Aguas pide un aumento al Poder Ejecutivo Provincial al ministerio de Infraestructura, hoy de Obras Públicas, que luego la Casa Gris comunica al ente regulador, quien entonces convoca a una Audiencia Pública, para que luego del debate se produzca un dictamen (en este caso será un informe de las gerencias técnicas porque el Enress momentáneamente no tiene quórum en su directorio), para que finalmente, otra vez en la órbita del gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro se disponga el aumento.

El ex diputado Oscar Martínez recordó que cuando Pullaro era también miembro de esa cámara, como opositor impulsó un proyecto de ley para que haya una equivalencia entre los subsidios estatales para Assa con los demás prestadores en un tercio de la población santafesina, a cargo de cooperativas, municipalidades y comunas (que también contribuyen con sus impuestos a sostener al principal actor del servicio).

Pregunta inédita

En Rosario hubo pocos expositores y sobre la hora se anotaron muchos más oyentes, con lo que en total estuvieron representadas 60 entidades y asociaciones de vecinos o de consumidores, además de entidades gubernamentales. Pese a lo que se ha dicho sobre la participación política, existió un marcado interés en estar. Probablemente, el tarifazo nacional en otros servicios ha sido el responsable de una repentina atracción por la temática.

En Santa Fe por alguna razón indescifrable, se cuentan con más dedos que los de una mano los que se anotaron como oradores y luego no se conectaron de manera virtual como habían dispuesto o directamente no concurrieron al lugar de reunión facilitado por la Universidad Siglo XXI. Su cómodo salón de actos tiene un escudo donde pueden leerse los valores con que busca ser identificada esa institución educativa privada: "democrática, laica y trascendental". Bien puede decirse que a las tres palabras las deben obedecer tanto la prestación del servicio público de la provisión del agua y la recolección de líquidos cloacales, como la audiencia pública donde se ha debatido tanto el tema de los números de la empresa como el de la calidad de su prestación. Ciertamente fue un ámbito horizontal en el que democráticamente los usuarios pudieron hacerles reproches cara a cara a los funcionarios, que hoy tienen la ventaja de haber asumido hace solo días; hay cierta idea laica en la universalidad con que deben ser tendidas las redes de los servicios que constituyen monopolios naturales para la vida urbana y, por supuesto, que el deseo de los convocantes y los participantes es que sus opiniones trasciendan la mera exposición. (El Litoral)