Por Enfoques

Un informe presentado al Congreso estadounidense por el presidente Joe Biden sobre el trabajo de la Drug Enforcement Administration (DEA), la oficina de antinarcóticos de ese país, describe un preocupante aumento de la producción de drogas ilícitas en Venezuela, así como de su tránsito a lo largo del país.

El reporte también señala que el régimen de Nicolás Maduro tiene una fuerte dependencia del dinero proveniente de la producción y el tráfico de cocaína para mantenerse en el poder y que la creciente evidencia de cultivos de coca y producción de cocaína en laboratorios domésticos sugiere que Venezuela es ahora un país productor de drogas ilícitas, así como un país de tránsito. Cabe recordar que, en 2005, Chávez expulsó del territorio venezolano a la DEA argumentando que aplicaría sus propias políticas de lucha antinarcóticos.

El informe concluye que la falta de cooperación en el control internacional de las drogas internacionales del régimen y la usurpación del sistema judicial, militar y de los servicios de seguridad para fines ilícitos le han permitido a Maduro un acercamiento a actores armados no estatales y a elementos criminales que proporcionan las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada.

Tanto es así que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Venezuela debido a la protección que le brinda Maduro, dejándolo instalarse en la frontera en común con Colombia, donde los violentos ahora son amos y señores de la tierra y de todo lo que transita y pasa por ese territorio.

El ELN controla economías criminales extendidas y muy lucrativas en el territorio bolivariano, entre las que el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal son las más rentables. Las ganancias de esas economías se blanquean en Venezuela mediante inversiones en negocios locales y bienes raíces, acomodando a todos los actores corruptos de esta cadena criminal.

A todo ello deben sumarse los problemas de corrupción dentro del gobierno venezolano, del Ejército y de las fuerzas especiales que controlan los puertos, las aduanas y las estaciones aéreas del país, lo que ha contribuido a crear un clima de permisividad, necesaria -casi indispensable- para los fines de las organizaciones de narcotraficantes.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones Unidas (ONU), confirmó en su informe anual de 2020 la existencia del denominado Cartel de los Soles, estructura criminal involucrada en el tráfico de drogas y dirigida por el alto mando militar de Venezuela, con el apoyo del régimen. Fue la primera vez que la JIFE presentó evidencia de la influencia de la mafia del narcotráfico, encabezada por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y líderes del Gobierno.

En mayo 2022, InSight Crime publicó el informe "La revolución de la cocaína en Venezuela", en el que señaló que en un país con la economía en el suelo, donde hay sectores políticos y militares comprometidos con el narcotráfico; donde la delincuencia organizada se expresa de modos diversos, donde hay zonas que no están bajo el control del Estado ni de la ley, sino que son territorios en los que se ha permitido el establecimiento de narcoguerrillas, la probabilidad de que la producción de coca y su transformación química en droga lista para el consumo se expanda por los estados fronterizos no es muy alta, sino altísima.

Como hemos reiterado desde esta columna, las cuestiones vinculadas con el tráfico ilícito y el consumo de estupefacientes constituyen un problema de Estado que requiere de una firme y decidida voluntad política que, en el caso de Venezuela, está definitivamente ausente.